El pasado jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados se aprobaba el Real Decreto del Gobierno de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho de otra manera, el Decreto que regulará el reparto y la aplicación de los fondos COVID que deben llegar de Europa. Un Decreto que pendió de un hilo y que el Gobierno de Sánchez logró aprobar gracias al voto de confianza de VOX, a través de una abstención. El Partido Popular votó en contra por la discrecionalidad que conlleva, por la falta de transparencia y la concentración de las decisiones en manos de Moncloa, es decir, en manos de Sánchez y de Iglesias. Para la gestión  de estos fondos tan necesarios en una España machacada por la crisis económica derivada de la sanitaria, Europa nos pide unos principios de gestión claros. Una planificación, una evaluación, un seguimiento y un control eficaz del gasto público. Con participación, diálogo y transparencia. Y ahora, conociendo a los que nos gobiernan ¿alguien cree que estos fondos se van a gestionar en base a esos criterios?

¿Y Castilla-La Mancha qué? Pues en nuestra región esperamos esos fondos tan necesarios como el que cree en la promesa de lo que vendrá, pero sin tener certeza del cómo ni del cuándo. De los nuevos instrumentos financieros puestos en marcha para salvar la economía, llamados genéricamente fondos “Next Generation”, el único que está territorializado es el conocido como “React UE” dotado con 10.000 millones y de los que a Castilla-La Mancha le corresponden 486 millones (si bien solo se esperan recibir 392 millones durante 2021 tal y como recogen los presupuestos de la Junta de Comunidades), lo que representa el 4,9% del total del fondo y una cantidad a nuestro juicio a todas luces insuficiente si tenemos en cuenta la incidencia sanitaria, social y económica que está teniendo la pandemia en nuestra región. Para el otro instrumento de financiación, el nuevo mecanismo de recuperación y resiliencia, el Gobierno de Page ha previsto que Castilla-La Mancha recibirá 500 millones de euros durante 2021, una cifra que nadie del Gobierno regional ha sabido explicar por qué es esa y no otra, ya que este fondo depende de lo presupuestado por cada Ministerio y que, en la mayoría de los casos, se repartirá a las Comunidades Autónomas vía conferencia sectorial correspondiente. En definitiva, muchas dudas en cuanto a la gestión de unos fondos que son tremendamente necesarios en nuestra región y de los que el Partido Popular estará muy vigilante porque en nuestra región hay demasiada gente que se está quedando atrás y en situaciones dramáticas.

Por todo ello el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha sido tajante a la hora de reclamar que es el momento de hacer justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno regional en estos momentos. Un Gobierno sobrepasado que no está liderando una respuesta para no dejar a nadie en la cuneta. Sectores como la hostelería, los autónomos, las agencias de viaje, las peluquerías, los ganaderos de reses bravas, el sector de la cultura y del espectáculo y muchos más están al borde de la extinción. Por eso estos fondos deben llegar directamente a estos sectores al margen de proyectos grandilocuentes que solo busquen el autobombo de Page y de su Gobierno.

Se ha dicho y se ha escrito que en España el Rey reina, pero no gobierna. Eso es así porque el Rey es el jefe del Estado, no el jefe del Gobierno. Pero el Rey tiene una serie de funciones constitucionales que están claramente fijadas en la Constitución Española, en concreto en su artículo 62.

Que la forma de Estado sea una Monarquía Parlamentaria no es una cuestión baladí. Se trata de una institución unificadora en sí misma en los inevitables contrastes sociales o regionales y es un régimen más moderado y más moderador que la República. Es particularmente útil en las materias de Estado: relaciones exteriores, diplomacia, defensa, ejército…y es una institución bien vista por los españoles, donde la cuestión de monarquía o república solo la suscitan algunos náufragos marginales de la ultraizquierda, aunque lo hagan desde el Consejo de Ministros. También resulta curioso ver como la izquierda apela a tal o cual medida que se ha tomado en un  país europeo o americano, para hacer ver que esos países son más avanzados que España, y obvian que son monarquías Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, que figuran entre las doce democracias más estables del mundo. Hoy en día la Monarquía en España es irreversible porque es moderna, popular, flexible y democrática. Y los que además hemos leído algo, la cuestión en España es más clara si se recuerda lo que fueron nuestras dos experiencias republicanas. Monarquía por favor.

Pero además de los componentes históricos o incluso sentimentales, hay una condición de subsistencia fundamental para la institución monárquica y esa condición es su eficacia. Y desde el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, tanto monta, se le quiere hurtar esa eficacia. El hecho de que el Gobierno prohibiera al Rey, con excusas infames, asistir al acto de la tradicional entrega de despachos a la nueva promoción de jueces supone un menoscabo de las funciones y de la eficacia de Felipe VI. Por si esto fuera poco hace unas horas conocimos que Unidas Podemos, ese partido imputado y con origen en Irán y Venezuela, va a plantear una reforma legal en el Congreso para que al Rey le escriba el Gobierno los discursos. Se trata sin duda de secuestrar los actos del Rey y aplicar la censura previa, en una deriva cada vez más totalitaria. Desde el Partido Popular, con Pablo Casado a la cabeza, apoyamos y apoyaremos al Rey Felipe y a la Monarquía, porque es tanto como decir que así se apoya al Estado de Derecho y a la Constitución de la concordia que los españoles nos dimos en 1978. ¡Viva el Rey!

A la vista de los últimos acontecimientos que tienen que ver con las finanzas de las instituciones de la región me surgen dudas en relación a la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha por parte de los miembros del Gobierno regional. Digo esto a cuenta de la reciente decisión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mediante la cual y con los votos exclusivamente de los representantes del PSOE y la abstención de Izquierda Unida y Podemos, se aprobó la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos. El texto aprobado ofrece determinadas cantidades a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 10 años a partir del 2022. Dicho de otra manera, el Gobierno se apropia de los 15.000 millones de euros ahorrados por los Ayuntamientos durante los últimos siete años. Me parece un chantaje inaceptable el hecho de que para que las Entidades Locales puedan gastar parte de su remanente tengan que prestarle todo su dinero al Gobierno, por no hablar del atentado al principio de Autonomía Local consagrado en la Constitución. Creo que confiscar el superávit de los ayuntamientos es un nuevo atraco del Gobierno de Pedro Sánchez a los ciudadanos.

Al hilo de la cuestión, el pasado 18 de mayo en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, pregunté al consejero de Hacienda sobre qué pensaba hacer para que el Gobierno central no se apropiara de los remanentes de los ayuntamientos y diputaciones. El consejero me contestó que él no había oído nada de eso y me acusó nada menos que de calumniar. Pues menos de tres meses después ahí lo tienen. Y no parece que Page vaya a alzar la voz ante esta tropelía, porque la han perpetrado sus compañeros de partido.

El problema es que ya llueve sobre mojado. El pasado mes de abril supimos que el Gobierno de Sánchez se pensaba quedar  con los 50 millones de euros con los que nuestra región contaba para Formación Profesional para el Empleo. Por primera vez esa partida de 1.000 millones de euros – de los que 50 correspondían a nuestra región -, que el Gobierno repartía entre las CCAA para que fueran ellas las que llevaran a cabo los programas de Formación Profesional para el Empleo, se había evaporado. Y Page calló. 50 millones con los que contábamos y que ya no llegarán.

Pero por si no fuera suficiente, Sánchez, con el beneplácito de Page, se incautó de 130 millones de euros de la liquidación del IVA 2017 de nuestra región, cantidad que deberíamos haber cobrado el pasado 2019. El tándem Pedro Sánchez-Page traiciona a Castilla-La Mancha y a sus instituciones.

En las numerosas alocuciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre su gestión de la crisis del coronavirus, frecuentemente ha usado términos bélicos para referirse a la lucha contra la pandemia. Así, en una de esas apariciones a mediados de abril, mencionó hasta en ocho ocasiones la palabra “guerra” con el fin de hacer un llamamiento al PP para que contribuya a la “posguerra”, es decir, a la reconstrucción de la España posterior al paso de la pandemia. Ese discurso abundó en términos como “batalla”, “victoria”, “frente”, “armas”, “enemigo” o “primera línea”. La factoría de Iván Redondo debió pensar que así los españoles seríamos conscientes de la gravedad de la situación y de la actitud de un PP entregado al enemigo, según ellos. La historia de España, como la de Europa, se puede contar a través de sus guerras. Yo me quiero detener en un conflicto poco conocido con batallas crueles que pueden servirle a Pedro Sánchez para seguir equiparando la lucha contra el virus con las grandes batallas españolas. Espero que también acepte las consecuencias de esas batallas. Porque las grandes derrotas suelen tener graves consecuencias.

Precisamente dentro de pocas semanas se cumplirán 99 años del desastre de Annual. La batalla en torno a Annual y a sus distintas posiciones ocasionó alrededor de 14.000 muertos en pocos días y se considera la batalla con más bajas de la historia del Ejército español en el último siglo. Alguien me podría decir que la batalla del Ebro, durante la última Guerra Civil, contó con más víctimas, pero la batalla del Ebro fue un conjunto de operaciones, de ataques y contraataques durante más de cuatro meses desde julio a noviembre de 1938, más que una batalla propiamente dicha. Pues bien, si damos por buena la cifra de 14.000 víctimas en Annual, a día de hoy las víctimas oficiales del coronavirus ya casi duplican esa cifra. La derrota de Annual se investigó y provocó un tsunami en la vida política del momento. Como siempre, los enemigos internos de España quisieron pescar en río revuelto. El partido comunista, recién incorporado a la lucha política, convocó Huelga General y movilizaciones en las que se lanzaban octavillas con lemas tan diáfanos como; “Al grito de ¡Abajo la guerra de Marruecos y Viva la guerra civil contra los opresores!, volved vuestros fusiles contra los asesinos que nos gobiernan”, añadiendo “vivan nuestros hermanos los rifeños”. Y así siguen a día de hoy. Todo este cataclismo culminó con el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera que estableció un Directorio Militar y dio carpetazo al asunto de las responsabilidades de Annual.

Volviendo al tema, si se investigó un conflicto que ocasionó 14.000 muertos, dando lugar al “Expediente Picasso”, ¿Cómo no vamos a investigar una batalla, según la terminología de Pedro Sánchez, que ya nos ha costado casi el doble de vidas? En Annual murieron miles de jóvenes de pocos recursos económicos que se encontraban realizando el servicio militar obligatorio, que con la Ley de Reclutamiento entonces vigente, la de 1912, contaba con un periodo de servicio activo de 3 años de duración. Pero también murió parte de la flor y nata de la oficialidad de nuestro Ejército. Allí, cerca de Melilla, miles de españoles perdieron sus vidas por el tiro de un fusil máuser o bajo la furia del acero rifeño. Jóvenes que fueron enviados a luchar mal pertrechados e insuficientemente entrenados. Como nuestros sanitarios actuales. El miedo propició algún acto de cobardía pero fueron más los hechos heroicos, como las cargas a caballo sable en mano del Regimiento de Caballería “Alcántara” para proteger la retirada de sus hermanos de armas, y que fue prácticamente aniquilado por un enemigo superior. Esa lucha cuerpo a cuerpo también se ha vivido en nuestros hospitales y residencias de mayores. Así que sr. presidente sí, es una guerra, una guerra que habrá que investigar y depurar responsabilidades sobre su gestión y la de su Gobierno. Y desde luego la posguerra no la puede liderar usted.

La destitución del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos es la guinda que corona el pastel que el ministro del Interior Marlaska lleva cocinando desde hace tiempo. Un pastel con un merengue amargo que no es otro que el intento de control de la Benemérita para uso partidario y contra los rivales políticos del PSOE. Pérez de los Cobos es un jefe curtido en la lucha contra ETA y posteriormente curtido en los despachos, a veces tan peligrosos como la calle. Es, ante todo, un guardia civil que hace efectivo en su proceder lo que figura en el artículo 1º de la Cartilla del Guardia Civil: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás.” Pérez de los Cobos ha sido cesado por cumplir con su deber de no informar al ministro de las investigaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil por orden judicial, en relación a la autorización de la manifestación del 8-M cuando ya existía una alarma sanitaria internacional. Se le purga por investigar la negligencia criminal del Gobierno de Pedro Sánchez, pero además se atiende a la petición de ERC que se la tenía jurada al coronel por su actuación en Cataluña durante la farsa del referéndum ilegal del 1-O.

La destitución de Pérez de los Cobos se une así a la del también coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), la principal unidad de investigación de la Guardia Civil, que persigue las más graves formas de delincuencia, corrupción y crimen organizado, en teoría por haber enviado un mail a sus subordinados en los que les alertaba de «la imposibilidad de hacer frente a necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos departamentos de investigación y apoyo”. Lo cierto es que este cese, cercano al momento de la moción de censura que aupó a Sánchez al Gobierno, obliga a incluir otra derivada en la ecuación: Corbí denunció en  febrero de 2019 en una entrevista concedida a La ‘Vanguardia’ que el PNV había ido en muchas ocasiones de la mano de ETA y situó a la formación en el “bando de los malos” de la lucha antiterrorista. Los nacionalistas reaccionaron exigiendo al Ejecutivo de Rajoy la destitución del coronel. El Gobierno de Rajoy mantuvo en el cargo a Corbí.

¿Y la directora general qué dice? La nueva directora general fue presentada a bombo y platillo como “la primera mujer al frente de la Benemérita”. Desde entonces han pasado cuatro meses en los que su inacción en cuanto a la incidencia del coronavirus en la Institución armada ha sido clamorosa. Por si esto fuera poco apenas unas horas después de conocerse el cese de Pérez de los Cobos ha dimitido el Director Adjunto Operativo, teniente general Laurentino Ceña. Según algunos altos mandos es normal que el número tres en la cadena de mando tras el ministro y la directora general saque la cara por su subordinado tras un cese tan arbitrario. Lo que ha sucedido es muy grave y debería tener consecuencias para el ministro. Como bien ha recordado la Asociación Profesional de la Magistratura en un comunicado, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone en su artículo 31.1 que en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del ministerio del Interior, pero funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. El artículo 34 de la misma ley explica que estos investigadores no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado hasta que finalice la misma, si no es por decisión o con autorización del juez o fiscal competente. Y por supuesto tienen la obligación de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas.

Urgen explicaciones de Marlaska, lo que ha dicho hasta ahora no se lo cree nadie, y urge que el Gobierno saque sus manos de la Guardia Civil y no siga comprometiendo el prestigio de una Institución con 176 años de historia y que lleva el honor como divisa

No hacía falta que el propio Pedro Sánchez lo confirmara para que todos advirtiésemos que este Gobierno no tiene Plan B, más allá de seguir prolongando sine die un estado de alarma cuya excepcionalidad se ha convertido en habitualidad para un Gobierno sobrepasado por los acontecimientos.

Debido a la paralización total de la actividad económica debido al confinamiento, como casi única medida adoptada para frenar la propagación del virus, se va a producir una recesión que en España será mucho más grave y continuada en el tiempo que en el resto de Europa. El Gobierno social comunista tampoco estará a la altura de lo que se les viene encima y volverá a tropezar en la misma piedra que tropezó Zapatero en la anterior crisis. Esa piedra no es otra que el hecho de intentar influir en la economía únicamente mediante un aumento del gasto público que generará más deuda, más déficit y más desempleo. Todavía recordamos los escasos efectos positivos del famoso Plan E de Zapatero, que creó empleo precario durante pocos meses, que llenó las ciudades de obras innecesarias y que ahondó la crisis que sufrían empresas y familias. También será necesario acometer recortes por importe de 6.000 millones de euros al año durante varios años, según adelantó el Gobernador del Banco de España.

Hoy ya se intuye que Pedro Sánchez seguirá los pasos de Zapatero y que se cocinarán las mismas recetas, con el añadido del aumento de impuestos. Esto se da casi por hecho después de que el vicepresidente Iglesias haya dicho en más de una ocasión que hay unas diferencias en materia de recaudación con Europa de entre 5 y 7 puntos del PIB, lo que en la práctica quiere decir que considera que hay margen para subir los impuestos por valor de unos 60.000 millones. Una subida de esa magnitud puede generar un parón en el consumo sin precedentes. Y desde luego esas recetas no consiguen generar empleo que es la única receta posible para salir de la crisis, sino más bien al contrario.

Frente a esto ya existe un plan alternativo del Partido Popular para la recuperación económica de España. Un plan que implica exonerar de impuestos a la apertura o reapertura de empresas quebradas por el COVID19 hasta fin de año. Recuperar y extender la tarifa plana de 50 euros para autónomos. Extender el pago de los ERTE hasta final de año. Crear contratos bonificados para incorporar a trabajadores procedentes de despidos por el COVID19 y desde luego ampliar los mecanismos de liquidez a empresas y a autónomos para evitar su cierre. Hoy la única alternativa fiable para sacar a España de la crisis que se cierne sobre nosotros vuelve a ser el Partido Popular y su plan de desconfinamiento inteligente.

El estado de alarma entró en vigor el pasado 15 de marzo, por lo que llevamos confinados en nuestros hogares 57 días en los que no se puede salir, excepto para realizar actividades esenciales, y con cierto relajamiento a partir del 2 mayo en que se permitió salir a determinadas horas para hacer deporte y pasear guardando la distancia social. Aunque este estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la Constitución, es el más leve de los que se pueden aplicar a situaciones de emergencia, sus sucesivas prórrogas están resultando extremadamente gravosas para muchos en cuanto a limitación de libertades y sobre todo está suponiendo un cataclismo en la economía española en términos de reducción de la riqueza nacional, desaparición de empresas y autónomos y aumento del desempleo principalmente.

Oficialmente y tras varias prórrogas, el estado de alarma se extenderá hasta el 25 de mayo. ¿Y después de esa fecha? Después de esa fecha más estado de alarma, porque no hay plan B. El propio presidente Sánchez, una desgracia para España, fue el encargado hace pocos días de confesar, sin mover un músculo de la cara, que no tenía plan B. Que el único plan es seguir prorrogando, cual día de la marmota, ese estado de alarma como en un bucle melancólico. En este punto es cuando empezamos a pensar, igual que Francisco Rosell en su columna dominical de EL MUNDO, que “lo que alarma es el Estado”. Si, a muchos nos alarma un Estado con un Gobierno de inútiles que no ha sabido gestionar la pandemia y que desde las instituciones hostiga a la oposición, miente y niega información vulnerando la Ley de Transparencia y que quizá sueña con un estado de excepción opaco y con plenos poderes.  Un Gobierno de indocumentados que no valdrían ni para concejales en sus pueblos, porque alcaldes y concejales han dado una lección de gestión y de eficacia muy por encima de sus competencias. Para Pedro Sánchez y su Gobierno de mentirosos compulsivos el único instrumento legal que garantiza salvar vidas es el “ordeno y mando” del estado de alarma. Quiero dejar claro que me refiero en todo momento al Gobierno de Sánchez y no a los que han estado al pie del cañón cumpliendo con su labor, en la mayoría de los casos sin los medios adecuados o con medios donados por asociaciones, parroquias, hermandades y particulares.

Y salvo y dejo fuera de toda esta estulticia la labor de las Fuerzas Armadas. Una labor ejemplar, como siempre, estando donde se les reclamaba y haciendo las labores que correspondían en cada momento. Desde control y vigilancia, hasta limpieza y desinfección. En este punto quiero recordar que en el Ejército la labor de planeamiento es fundamental. Ellos siempre tienen plan B. A partir de cierto nivel de complejidad siempre barajan, al menos, dos líneas de acción: la que hace frente a la hipótesis más probable y la que lo hace a la más peligrosa. Ojalá este Gobierno hubiera tenido una unidad de planeamiento y no una factoría de “planes” marca Iván Redondo. El “presi, tengo un plan” no ha funcionado frente a un virus que no entiende de marketing político y que ha ocasionado ya más de 26.000 fallecidos oficiales. ¿Cuántas de esas personas estarían vivas de haberse tomado las medidas adecuadas en el momento oportuno? Quizá nunca lo sepamos. Mientras tanto en España seguimos sin Plan B.

La Estrategia de Seguridad Nacional es el marco de referencia para la política de Seguridad Nacional, una política de Estado que concibe la seguridad de forma amplia al servicio del ciudadano y del Estado. Se trata de un documento que por razones obvias se revisa cada poco tiempo y que cualquier miembro del Gobierno lo debería tener como libro de cabecera. La última versión del documento data de 2017. Pues bien, ese documento tiene un capítulo 4 que se titula: “Amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional”. Comienza el capítulo explicando que la Seguridad Nacional se puede ver comprometida por elementos de muy diversa índole según su naturaleza geopolítica, tecnológica, económica o social, entre otras. No todas las amenazas comprometen la Seguridad Nacional, pero todas te hacen más vulnerable, más inestable e incluso pueden provocar nuevas amenazas o agravar las existentes. Porque todas las amenazas suelen estar interconectadas y sus efectos traspasan fronteras. Un conflicto armado es una amenaza; también lo es el crimen organizado; los flujos migratorios irregulares; el espionaje industrial; la vulnerabilidad del ciberespacio o de las infraestructuras críticas…se pueden identificar fácilmente muchas amenazas.

Pero el documento identificaba también un desafío que requería atención. Un desafío que los redactores del mismo no quisieron pasar por alto, advirtiendo así a las instituciones del Estado: las epidemias y pandemias. En este punto el documento se vuelve casi profético a la hora de analizar la pandemia que ahora nos asola y da unas recomendaciones para minimizar sus efectos caso de producirse. Alerta de que somos un país que recibe más de 75 millones de turistas al año, con puertos y aeropuertos que se cuentan entre los de mayor tráfico del mundo, un clima que favorece cada vez más la extensión de vectores de enfermedades, con una población envejecida y una situación geopolítica polarizada, no exenta de amenazas y desafíos asociadas a enfermedades infecciosas tanto naturales como intencionadas. Reducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos infecciosos cuando es factible (por ejemplo, mediante la vacunación), la probabilidad de introducción de riesgos infecciosos (por ejemplo, mediante el control e inspección de mercancías en frontera), así como la probabilidad de transmisión interna de enfermedades (por ejemplo, mediante buenos programas de prevención y promoción de la salud o buenos sistemas de saneamiento) es fundamental para minimizar los riesgos y su posible impacto sobre la población. Los autores son conscientes de que esos riesgos no se pueden eliminar por completo. Por ello insisten en que es necesario reducir la vulnerabilidad de la población, desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios, tanto genéricos como específicos, y sobre todo asegurar una buena coordinación de todas las administraciones implicadas tanto a nivel nacional como internacional. Pues este documento parece que no fue leído por nuestros gobernantes. Y es evidente que si se hubiera tenido en cuenta quizá ahora no estaríamos hablando del número de fallecidos que tenemos. La prevención siempre es la mejor herramienta, y a la vista del alto número de fallecidos – España está a la cabeza de muertes per cápita sobre el resto de países- considero que sería fundamental que este Gobierno respondiese a dos preguntas al menos: ¿qué hizo para prevenir los contagios? Y sobre todo ¿Cuándo lo hizo?

Ahora lo que nos queda es tomar medidas para conseguir que se reduzcan los contagios y las muertes, pero también toca pensar en el día después. Pensar en cómo saldremos de ésta, sobre todo cuando miles de españoles están sufriendo ya las consecuencias económicas de esta pandemia. En este punto introduzco dos conceptos que Andrés Ortega, analista del Real Instituto Elcano, pone sobre la mesa en un reciente artículo publicado por ese centro de pensamiento estratégico. Ortega se refiere a la histéresis y a la antifragilidad (concepto que él mismo toma de Nassim Taleb). La histéresis es la tendencia de un  material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que las ha generado. Si hablamos de esta pandemia, se trataría de saber si quedarán efectos permanentes de la crisis una vez que se superen las causas que la originaron. Y la antifragilidad, que es la propiedad de los sistemas para incrementar sus capacidades tras haber experimentado un shock. Es decir, si tras esta crisis del Coronavirus seremos capaces no ya de resistir y de conservar, sino de mejorar. Considero que todos debemos trabajar para eliminar la histéresis, que no queden efectos negativos permanentes, y a favor de la antifragilidad: que salgamos de ésta siendo una sociedad mejor. Para eso todos tenemos que arrimar el hombro, que no es lo mismo que decir amén a todo lo que haga el Gobierno.

Ahora el futuro no sólo es incierto, como sucedía hasta ahora, sino que se abre una etapa completamente desconocida con enormes nubarrones en el horizonte, tanto internamente como en el plano internacional. Es ahora cuando los políticos tienen que demostrar su talla, porque la historia nos enseña que cuando los pueblos sufren graves perturbaciones sociales, se ponen a prueba las actitudes, los valores y las propias instituciones que sustentan la convivencia. Por eso no se puede permitir que la desestabilización venga del propio Gobierno, con un vicepresidente que se permite cuestionar a la Jefatura del Estado o al Poder Judicial en plena pandemia, porque estas actitudes pueden tener graves consecuencias.

Esta crisis debe suponer un punto de inflexión y no sólo una alerta. Es preciso que, cuanto antes, tomemos conciencia  de todos los aspectos de la misma y es urgente que nos enfrentemos a ellos con valor, inteligencia y sin nostalgias de mundos perdidos ni utopías irrealizables, sino con un planteamiento serio de una realidad que nos concierne a todos y más aún a las generaciones que vienen detrás de nosotros con las que tenemos una obligación que no podemos eludir. Una obligación aún mayor en quienes tenemos algún papel en la tribuna política, aunque evidentemente no pueda tener la misma responsabilidad el que gobierna que el que está en la oposición. En cualquier caso considero que debemos huir del escenario de “sálvese quien pueda” y avanzar hacia un escenario de “inteligencia colectiva internacional” también esbozado por Ortega. Un escenario que prime la colaboración internacional público-privada en la lucha contra el virus (medios sanitarios, apps, tratamientos y vacuna) y en la salida de la crisis económica. Que se coordinen estímulos económicos y ayudas directas a los Estados por parte de las instituciones europeas y que haya líneas de ayudas reales en España para los que peor lo están pasando. Para parados y para autónomos y pymes. Los ciudadanos deben recuperar la confianza en sus Gobiernos, ahora muy deteriorada, pero para eso los Gobiernos no pueden ser soberbios y deben reconocer los errores y pedir perdón por los fallos que se han  cometido y que han costado miles de vidas. En momentos graves es cuando se mide a un político, pero también a una sociedad.

Este 2020 se cumplen cien años de la creación de la Legión. El sol africano de Dar Riffien, la meseta castellana, los puentes de Sarajevo o la ruta Lithium en Afganistán, son sólo algunos de los lugares donde los legionarios han vertido su sangre despreciando el peligro.  

Pero hoy 11 de abril además se cumplen 83 años de la muerte en combate del capellán legionario Fernando Huidobro, S.J. Nacido en 1903, Huidobro tuvo que exiliarse en 1932 después de la expulsión de los jesuitas por el gobierno de Azaña. Cuando estalla la guerra en España regresa y se une a la Legión como capellán, concretamente en la IV Bandera «Cristo de Lepanto». Esta bandera se creó en 1921 por orden del fundador Millán Astray para dar servicio a las posiciones de Dar Riffien. Realizó su bautismo de fuego en el socorro a la posición de “Monte Magán” (inmediaciones de Guad Laud) durante los días 10, 11 y 12 de octubre del año 1921, por su heroico comportamiento durante el mismo le fue concedida su primera corbata, la cual cuelga hoy de su guion junto con 2 cruces Laureadas de San Fernando, 3 Medallas Militares Colectivas, la Cruz Francesa con Palmas de Oro y 6 corbatas más. Como curiosidad, la IV Bandera jamás se podrá disolver al ser la única unidad del ejército español en tener una compañía con la «Laureada de San Fernando”, la tercera compañía depositaria de la 16 ª.

Volviendo al padre Huidobro, amanecía el domingo 11 de abril de 1937 y su Bandera participaba en los combates de la carretera de La Coruña, en el frente de Madrid. Pese a ser domingo los combates no se detenían y las fuerzas de las Brigadas Internacionales batían las posiciones legionarias con multitud de proyectiles del calibre 122/46, conocidos como “doce cuarenta”. La muerte se hacía fuerte y se llevaba las vidas de los legionarios a los que sólo les quedaba aferrarse a la fe en ese último trance. Para eso estaba allí el padre Huidobro. El “curita”, crucifijo en mano, con actitud valiente y desprecio de su propia vida se afanaba en dar la extramaunción a los caídos de ambos bandos y confortarlos espiritualmente en sus últimos momentos en la tierra. No había tregua, los proyectiles seguían cayendo, las balas trazaban su camino siniestro  y el páter seguía de un lado a otro cumpliendo con su misión.

Ante la dureza de los enfrentamientos, el capitán Iniesta, que mandaba el sector de la izquierda y que tras la guerra llegó a teniente general y posteriormente a Director General de la Guardia Civil,  ordenó al páter que se retirase inmediatamente al puesto de socorro. Huidobro dejó el puesto de vanguardia y se retiró a confortar a los heridos que llegaban al chalét de Aravaca que servía como improvisado hospital de campaña. Allí a los 34 años murió alcanzado por un proyectil de artillería que impactó contra el edificio. Se esforzó por humanizar la contienda e incluso llegó a denunciar excesos y brutalidades en su propio bando, redactando escritos a Franco y a otros mandos en los que denunciaba como «asesinatos, no actos de justicia» algunas ejecuciones prisioneros.

A día de hoy, el capellán de la IV Bandera sigue siendo un figura admirada con devoción entre los legionarios, ya sean antiguos o en activo. Sus restos descansan en la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano de Madrid. Desde 1947 se encuentra abierta su causa de beatificación.

En Castilla-La Mancha hay Cortes y hay Gobierno, que parece que hay que recalcarlo. El Estatuto de Autonomía recoge claramente cuáles son las funciones de cada órgano para asegurar que la separación de poderes es efectiva. Las Cortes de Castilla-La Mancha representan al conjunto de los ciudadanos de la región. No nos representa Page, ni su Gobierno, ni los partidos políticos, son las Cortes las que nos representan a todos. Entre las competencias de las Cortes se encuentra la de controlar la acción de Gobierno y es opinión común de la doctrina jurídica que si no ha expirado el mandato de las Cortes, en Castilla-La Mancha no ha expirado que se sepa, el control es la primera de las funciones parlamentarias. Además el artículo 2. g) del citado Estatuto consagra otra función fundamental de las Cortes que es la de exigir, en su caso, responsabilidad política al Consejo de Gobierno y a su Presidente.

 Pues bien, en estos momentos cruciales en los que el Parlamento ha de ocupar una posición de privilegio en el mapa político, una posición indisolublemente vinculada a su relación con la democracia, una relación que conlleva la necesidad de reivindicar la identificación del Parlamento con la limitación del poder, en estos momentos de tribulación cuando los ciudadanos vuelven sus ojos hacia sus políticos en busca de soluciones, en estos momentos, García Page cierra el Parlamento. Que los socialistas se nieguen a dar explicaciones en las Cortes no solo vulnera el Estatuto de Autonomía, sino que, por analogía con las Cortes Generales, la negativa a someterse al ejercicio de la función parlamentaria de control vulnera varios artículos de la Constitución. El decreto que establece el Estado de Alarma  para nada alude al hecho de que las Cortes de Castilla-La Mancha tengan que permanecer cerradas, porque el parlamento es democracia y es el órgano que legitima el poder político.

El cierre, horas después de que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, pidiera la comparecencia de Page para explicar qué gestión se está haciendo  de esta crisis sanitaria en la región, es un torpedo a la línea de flotación de la democracia en Castilla-La Mancha. Yo diría que marca un antes y un después. Bajo ningún concepto una situación excepcional como la que estamos viviendo puede suponer el menoscabo de las garantías constitucionales ni el arrogarse un poder absoluto más propio de regímenes dictatoriales que de democracias avanzadas como la española. En España y en otras regiones, el Parlamento sigue funcionando con las medidas básicas que todos sabemos que hay que adoptar para evitar el contagio y la propagación del virus. Para “chapar” el Parlamento el presidente de las Cortes se basa en unos informes jurídicos que hacen una interpretación estricta del Reglamento de la Cámara, pero creo que en este punto sería bueno para todos recordar a Ortega y Gasset cuando advertía que, “por encima de la corrección jurídica, los pueblos piden a sus instituciones una imponderable justificación y que si no se la dan, un día u otro esas instituciones son tronchadas” (J. ORTEGA y GASSET, Vieja y nueva política, Renacimiento, 1914, p. 39). Es más necesario que nunca que las Cortes sean útiles a los castellano-manchegos.

Hoy jueves 9 de abril, tenemos 1.322 fallecidos en la región según los datos oficiales. 1.322 razones para exigir al presidente García Page que no se esconda en su palacio de Fuensalida.  Que dé la cara en las Cortes de Castilla-La Mancha, que comparezca y les diga de tú a tú a los familiares de esos 1.322 hombres y mujeres de nuestra región que tenemos medios, que tenemos respiradores y camas de sobra, y que todos los que están en primera línea tienen las medidas de protección adecuadas y suficientes. Tenemos derecho a saber y García Page tiene la obligación de comparecer.