Cada vez que a España le ha afectado una crisis global y ha dado la mala suerte que en ese momento hemos estado gobernados por el PSOE, siempre esa crisis nos ha golpeado más fuerte que al resto de Europa. Nuestra caída del PIB ha sido mayor, nuestro paro más abultado y por si fuera poco hace pocos días conocimos los datos de deuda pública, que se ha disparado a unos niveles que no se veían desde la pérdida de las colonias en 1898. En esta crisis del coronavirus está siendo así, al igual que en la anterior que comenzó en 2007 ¿A qué se debe esto? A que los que nos gobiernan hacen la crisis más profunda y el hoyo más grande por las decisiones que toman, casi siempre erróneas. Debido a las medidas sanitarias para frenar la expansión del coronavirus la hostelería y otros sectores, generalmente regentados por pequeños empresarios y autónomos, han permanecido cerrados varios meses. La semana pasada se les ha permitió abrir con muchas restricciones, con la obligación a partir de la próxima semana de registrar a sus clientes en una aplicación informática (cosa a la que no se obliga a ningún otro sector económico) y sin ayudas directas ni exoneraciones fiscales. Y aunque a día de hoy ya estamos en nivel 2, sin dichas ayudas su supervivencia se torna complicada. En otros países de Europa también ha cerrado la hostelería. La diferencia estriba en cómo están actuando sus gobiernos para reflotar esos sectores fuertemente golpeados por las decisiones gubernamentales. Las principales medidas adoptadas por alguno de nuestros vecinos europeos son las siguientes:

Francia: Destinó casi 12.000 millones de euros al “fondo de solidaridad”, que se concretó en ayudas a pequeñas y medianas empresas obligadas a cerrar o con una drástica disminución de su actividad, principalmente de los sectores del turismo, la hostelería y la cultura. Esas ayudas podían ascender hasta los 10.000 euros al mes a empresas con menos de 50 trabajadores que hubieran sufrido pérdidas del 70% de sus ingresos. También se han destinado 4.000 millones de euros en exoneraciones fiscales.

Alemania: Destinó 80.000 millones de euros en subvenciones directas. Bares y restaurantes, ahora cerrados, podrían recibir hasta 200.000 euros de subvención dependiendo del tamaño de la empresa y hasta el 90% de los costes fijos en función de las pérdidas. Si una empresa tiene al menos 10 empleados puede recibir hasta 15.000 euros al mes y las empresas más pequeñas pueden reclamar ayudas de hasta el 75% de los ingresos que obtuvieron en el mismo mes del ejercicio pasado. Además a principios de julio de 2020 se redujeron los tipos de IVA del 19% al 16% y del 7% al 5%. Estas ayudas son independientes de las que establezca cada estado federado o länder.

Reino Unido: Hasta 10.000 euros para cada local de hostelería. Se ha rebajado el IVA de restaurantes, hoteles o pub del 20% al 5%.

Italia: Estímulos por valor de 100.000 millones de euros, de ellos hasta 5.500 millones en ayudas a fondo perdido. También se han suspendido temporalmente las obligaciones fiscales de empresas y ciudadanos afectados por la crisis económica.

Bélgica: En un país fuertemente descentralizado las ayudas varían según las zonas. Así en la región de Bruselas las compensaciones directas pueden llegar hasta los 7.000 euros, en la región de Valonia (sur del país) hasta los 12.000 euros y en Flandes estas cantidades pueden ascender hasta los 20.000 euros. También se bajó el IVA de la hostelería al 6% y se puso en marcha una ayuda de 300 euros a los ciudadanos para apoyar el consumo en bares y restaurantes.

A la vista de estos datos dan ganas de preguntar a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias: ¿Somos europeos o no somos europeos?

fotografía: web de ABC

Durante este año 2021 se conmemora, si es que se pueden conmemorar una serie de derrotas con consecuencias tan funestas, el centenario del llamado Desastre de Annual. Me quedo con la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española que define conmemoración como “la memoria o recuerdo que se hace de alguien o algo, especialmente si se celebra con un acto o ceremonia”. Considero que se debe recordar si no la derrota, sí al menos a todos los soldados cualquiera que fuese su empleo -y también algunos civiles- que dieron su vida por España en esas jornadas aciagas en las pedregosas y áridas tierras del Rif, en el norte de Marruecos. Un territorio separado físicamente de España solo por el mar Mediterráneo, un mar del que Bichara Khader, fundador del Centro de Estudios y de Investigaciones sobre el Mundo Árabe de la Universidad de Lovaina, dice que es demasiado estrecho para separar y demasiado ancho para confundir[1]. Quizá esta frase puede ayudar también a comprender lo que ha sido la relación de España con lo que hoy es el reino de Marruecos desde el siglo XIX hasta nuestros días.

Tierras agrestes e indómitas las del Rif, en las que junto a páginas de heroísmo extremo también se escribieron otras menos dignas de recuerdo, protagonizadas por aquéllos que, fruto del terror vivido, quisieron salvar su vida a toda costa. Una tragedia olvidada ya para una sociedad donde reina la inmediatez y las noticias a golpe de tweet, pero que en su momento causó una honda conmoción en España y tuvo consecuencias políticas y sociales de importancia capital como el colapso del sistema de la Restauración, que  culminó en 1923 con el golpe de Estado de Primo de Rivera. Un general, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que ya había sido depuesto anteriormente de algún cargo, como el de gobernador militar de Cádiz -por Real Decreto de 28 de marzo de 1917-, por exponer públicamente sus teorías abandonistas con respecto a Marruecos y que en las operaciones de Annual perdió a su hermano Fernando, teniente coronel de Caballería destinado como segundo jefe en el Regimiento de Cazadores “Alcántara” nº 14, un regimiento que con sus cargas heroicas protegió la retirada de las tropas españolas evitando la muerte de cientos de compañeros de armas, aunque no pudieron evitar una derrota que culminó en julio de 1921 pero que se gestó durante meses y años de una actuación política lamentable en cuanto a la gestión del Protectorado. Una gestión que, al igual que Primo de Rivera en 1917, un año después merecía las críticas del general Gómez Jordana, Alto Comisario de España en Marruecos, quien minutos antes de morir desplomado sobre la mesa de su despacho, había escrito una carta al conde de Romanones, en aquel momento ministro de Estado, exponiéndole su pesimismo sobre el futuro del Protectorado (recogido por Albi de la Cuesta)[2]. La pésima gestión política durante años, la falta de material adecuado, la escasa instrucción de las tropas de reemplazo y las nefastas decisiones estratégicas del general Fernández Silvestre, comandante general de Melilla, propiciaron la “tormenta perfecta” que dio lugar a esa gran masacre que los rifeños de Abd-El Krim cometieron sobre los soldados españoles, en muchos casos cuando ya se habían rendido y desarmado. Soldados de reemplazo en su mayoría encuadrados en los regimientos de Infantería de guarnición en la Comandancia General de Melilla. Estos regimientos eran el San Fernando nº. 11, Melilla nº. 59, Ceriñola nº. 42 y África nº. 68. El Arma de Caballería estaba representada por el anteriormente mencionado Alcántara 14 y el de Artillería contaba con tres baterías Ligeras y seis de Montaña. Para conocer en profundidad las unidades de la Plaza y el Orden de Batalla de todas las Fuerzas implicadas en el Desastre de Annual, desde la caída de la posición de Abarrán el primero de junio de 1921, hasta la capitulación de Monte Arruit el 3 de agosto del mismo año, imprescindible el trabajo de Rafael A. Contreras.[3] La gran mayoría de las bajas corresponden a esos regimientos de Infantería y también al Alcántara de Caballería, que en muchos de los casos fueron prácticamente aniquilados, lo que dio lugar a las cifras de alrededor de 8.000 muertos peninsulares que recogen algunos autores aunque otros la aumentan hasta los 12.000 (que en mi opinión pueden ser cifras de bajas que incluyan muertos y heridos). Mención aparte merecen los Regulares y la Policía Indígena que desaparecieron casi en su totalidad debido a que sus tropas, mayoritariamente indígena, desertaron en masa durante los enfrentamientos como recogen Albi de la Cuesta (citado anteriormente) y otros autores.

En definitiva una gran tragedia que no debemos olvidar porque, al margen de culpas y de consecuencias, fueron muchos los españoles que allí vertieron su sangre bajo la gumía o las balas de los rifeños y cuya memoria debe perdurar, para ejemplo de los que hoy siguen vistiendo el uniforme de nuestras Fuerzas Armadas y para los hombres y mujeres que lo vestirán en el futuro. Espero y deseo que esta conmemoración no pase desapercibida para el Ministerio de Defensa.

[1] Khader, Bichara: Cuadernos del Mediterráneo, ISSN 1577-9297, Nº. 6, 2006 (Ejemplar dedicado a: Fronteras y diálogo en el mediterráneo), págs. 23-32

[2] Albi de la Cuesta, Julio: En torno a Annual, pág. 149 Madrid: Ministerio de Defensa (2014)

[3] Contreras Cervantes, Rafael Ángel: Intrahistoria del desastre de Annual, Madrid, Ministerio de Defensa (2017)

El 10 de junio de 2020 Pedro Sánchez dijo en un pleno en el Congreso de los Diputados “hemos vencido al virus”. Lo hacía en una réplica al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y a la vista de lo que ha venido después esta afirmación criminal debería perseguirle el resto de su vida. Pero este tipo ya ha demostrado sobradamente que no tiene ningún tipo de escrúpulo moral.

Después de la frasecita en agosto empezó a caernos encima la segunda ola y lo mismo ha vuelto a suceder a partir de las fiestas navideñas con una mortífera tercera ola que nos ha hecho alcanzar en cifras reales, no en las que ofrece el Gobierno, más de 84.000 víctimas, convirtiendo a España en el país con mayor mortalidad del mundo en lo que llevamos de pandemia. A la vista de los hechos ¿Quién nos garantiza que no habrá una cuarta ola? Nadie.

Frente a esta incertidumbre los gobiernos deben estar preparados y tener recursos sanitarios disponibles para que, en caso de llegar esa cuarta ola, no haya problemas para asistir a todos los enfermos que lo necesiten. En este punto surge la cuestión del antiguo hospital Nuestra Señora del Carmen, que así es como se llama aunque se le conozca como hospital “del Carmen”. Un edificio en desuso que bien podría ponerse en servicio para descongestionar los hospitales de la provincia, que incluso en estos momentos que están bajando los contagios tienen 124 enfermos de COVID en planta, caso del Hospital General de Ciudad Real o 120 si hablamos del Hospital de Alcázar de San Juan. Además hay 71 pacientes críticos en UCI con respirador en los hospitales de la provincia (datos del día en que escribo este artículo).

El PSOE ya ha dicho que de eso nada, que no hacen falta más hospitales en la provincia y que tiene “planes” para ese edificio. Ese plan es invertir 20 millones de euros para convertir el antiguo hospital en el gran edificio administrativo de la Junta de Comunidades en Ciudad Real para recoger allí a todos sus funcionarios. Una obra faraónica en tiempos de pandemia para dedicar un hospital a usos no sanitarios. Los portavoces socialistas se afanan en decir que ese edificio no puede volver a ser un hospital porque está cerrado desde 2013, lo que se trata de una excusa barata porque hace pocos días se inauguraron en Sevilla las obras de rehabilitación del antiguo Hospital Militar, cerrado por la administración socialista desde 2005. En Andalucía han visto claras las prioridades. Como vecino de esta capital, no como político, considero que en estos momentos hacen falta recursos sanitarios no despachos para funcionarios, pero parece que García Page no lo ve así.  Si el hospital andaluz llevaba 15 años cerrado y en cuatro meses han conseguido un nuevo hospital con 144 camas y 25 de UCI ¿por qué no se hace en Ciudad Real? Muy sencillo, porque el PSOE tiene otras prioridades.

 Unas prioridades que hacen que a día de hoy y en plena tercera ola el nuevo Hospital de Toledo siga cerrado y sin recibir pacientes COVID. Una verdadera irresponsabilidad por parte de García Page que se une a otras y que nos lleva a ser una de las regiones en las que peor se está gestionando la pandemia. Si le preguntaran a los ciudadrealeños sobre que uso prefieren para el antiguo hospital de Carmen estoy seguro que la inmensa mayoría pedirían que ese centro volviera a ser un hospital. Pregunten, pregunten.

Miguel Ángel Rodríguez

El pasado jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados se aprobaba el Real Decreto del Gobierno de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho de otra manera, el Decreto que regulará el reparto y la aplicación de los fondos COVID que deben llegar de Europa. Un Decreto que pendió de un hilo y que el Gobierno de Sánchez logró aprobar gracias al voto de confianza de VOX, a través de una abstención. El Partido Popular votó en contra por la discrecionalidad que conlleva, por la falta de transparencia y la concentración de las decisiones en manos de Moncloa, es decir, en manos de Sánchez y de Iglesias. Para la gestión  de estos fondos tan necesarios en una España machacada por la crisis económica derivada de la sanitaria, Europa nos pide unos principios de gestión claros. Una planificación, una evaluación, un seguimiento y un control eficaz del gasto público. Con participación, diálogo y transparencia. Y ahora, conociendo a los que nos gobiernan ¿alguien cree que estos fondos se van a gestionar en base a esos criterios?

¿Y Castilla-La Mancha qué? Pues en nuestra región esperamos esos fondos tan necesarios como el que cree en la promesa de lo que vendrá, pero sin tener certeza del cómo ni del cuándo. De los nuevos instrumentos financieros puestos en marcha para salvar la economía, llamados genéricamente fondos “Next Generation”, el único que está territorializado es el conocido como “React UE” dotado con 10.000 millones y de los que a Castilla-La Mancha le corresponden 486 millones (si bien solo se esperan recibir 392 millones durante 2021 tal y como recogen los presupuestos de la Junta de Comunidades), lo que representa el 4,9% del total del fondo y una cantidad a nuestro juicio a todas luces insuficiente si tenemos en cuenta la incidencia sanitaria, social y económica que está teniendo la pandemia en nuestra región. Para el otro instrumento de financiación, el nuevo mecanismo de recuperación y resiliencia, el Gobierno de Page ha previsto que Castilla-La Mancha recibirá 500 millones de euros durante 2021, una cifra que nadie del Gobierno regional ha sabido explicar por qué es esa y no otra, ya que este fondo depende de lo presupuestado por cada Ministerio y que, en la mayoría de los casos, se repartirá a las Comunidades Autónomas vía conferencia sectorial correspondiente. En definitiva, muchas dudas en cuanto a la gestión de unos fondos que son tremendamente necesarios en nuestra región y de los que el Partido Popular estará muy vigilante porque en nuestra región hay demasiada gente que se está quedando atrás y en situaciones dramáticas.

Por todo ello el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha sido tajante a la hora de reclamar que es el momento de hacer justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno regional en estos momentos. Un Gobierno sobrepasado que no está liderando una respuesta para no dejar a nadie en la cuneta. Sectores como la hostelería, los autónomos, las agencias de viaje, las peluquerías, los ganaderos de reses bravas, el sector de la cultura y del espectáculo y muchos más están al borde de la extinción. Por eso estos fondos deben llegar directamente a estos sectores al margen de proyectos grandilocuentes que solo busquen el autobombo de Page y de su Gobierno.

Se ha dicho y se ha escrito que en España el Rey reina, pero no gobierna. Eso es así porque el Rey es el jefe del Estado, no el jefe del Gobierno. Pero el Rey tiene una serie de funciones constitucionales que están claramente fijadas en la Constitución Española, en concreto en su artículo 62.

Que la forma de Estado sea una Monarquía Parlamentaria no es una cuestión baladí. Se trata de una institución unificadora en sí misma en los inevitables contrastes sociales o regionales y es un régimen más moderado y más moderador que la República. Es particularmente útil en las materias de Estado: relaciones exteriores, diplomacia, defensa, ejército…y es una institución bien vista por los españoles, donde la cuestión de monarquía o república solo la suscitan algunos náufragos marginales de la ultraizquierda, aunque lo hagan desde el Consejo de Ministros. También resulta curioso ver como la izquierda apela a tal o cual medida que se ha tomado en un  país europeo o americano, para hacer ver que esos países son más avanzados que España, y obvian que son monarquías Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, que figuran entre las doce democracias más estables del mundo. Hoy en día la Monarquía en España es irreversible porque es moderna, popular, flexible y democrática. Y los que además hemos leído algo, la cuestión en España es más clara si se recuerda lo que fueron nuestras dos experiencias republicanas. Monarquía por favor.

Pero además de los componentes históricos o incluso sentimentales, hay una condición de subsistencia fundamental para la institución monárquica y esa condición es su eficacia. Y desde el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, tanto monta, se le quiere hurtar esa eficacia. El hecho de que el Gobierno prohibiera al Rey, con excusas infames, asistir al acto de la tradicional entrega de despachos a la nueva promoción de jueces supone un menoscabo de las funciones y de la eficacia de Felipe VI. Por si esto fuera poco hace unas horas conocimos que Unidas Podemos, ese partido imputado y con origen en Irán y Venezuela, va a plantear una reforma legal en el Congreso para que al Rey le escriba el Gobierno los discursos. Se trata sin duda de secuestrar los actos del Rey y aplicar la censura previa, en una deriva cada vez más totalitaria. Desde el Partido Popular, con Pablo Casado a la cabeza, apoyamos y apoyaremos al Rey Felipe y a la Monarquía, porque es tanto como decir que así se apoya al Estado de Derecho y a la Constitución de la concordia que los españoles nos dimos en 1978. ¡Viva el Rey!

A la vista de los últimos acontecimientos que tienen que ver con las finanzas de las instituciones de la región me surgen dudas en relación a la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha por parte de los miembros del Gobierno regional. Digo esto a cuenta de la reciente decisión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mediante la cual y con los votos exclusivamente de los representantes del PSOE y la abstención de Izquierda Unida y Podemos, se aprobó la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos. El texto aprobado ofrece determinadas cantidades a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 10 años a partir del 2022. Dicho de otra manera, el Gobierno se apropia de los 15.000 millones de euros ahorrados por los Ayuntamientos durante los últimos siete años. Me parece un chantaje inaceptable el hecho de que para que las Entidades Locales puedan gastar parte de su remanente tengan que prestarle todo su dinero al Gobierno, por no hablar del atentado al principio de Autonomía Local consagrado en la Constitución. Creo que confiscar el superávit de los ayuntamientos es un nuevo atraco del Gobierno de Pedro Sánchez a los ciudadanos.

Al hilo de la cuestión, el pasado 18 de mayo en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, pregunté al consejero de Hacienda sobre qué pensaba hacer para que el Gobierno central no se apropiara de los remanentes de los ayuntamientos y diputaciones. El consejero me contestó que él no había oído nada de eso y me acusó nada menos que de calumniar. Pues menos de tres meses después ahí lo tienen. Y no parece que Page vaya a alzar la voz ante esta tropelía, porque la han perpetrado sus compañeros de partido.

El problema es que ya llueve sobre mojado. El pasado mes de abril supimos que el Gobierno de Sánchez se pensaba quedar  con los 50 millones de euros con los que nuestra región contaba para Formación Profesional para el Empleo. Por primera vez esa partida de 1.000 millones de euros – de los que 50 correspondían a nuestra región -, que el Gobierno repartía entre las CCAA para que fueran ellas las que llevaran a cabo los programas de Formación Profesional para el Empleo, se había evaporado. Y Page calló. 50 millones con los que contábamos y que ya no llegarán.

Pero por si no fuera suficiente, Sánchez, con el beneplácito de Page, se incautó de 130 millones de euros de la liquidación del IVA 2017 de nuestra región, cantidad que deberíamos haber cobrado el pasado 2019. El tándem Pedro Sánchez-Page traiciona a Castilla-La Mancha y a sus instituciones.

En las numerosas alocuciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre su gestión de la crisis del coronavirus, frecuentemente ha usado términos bélicos para referirse a la lucha contra la pandemia. Así, en una de esas apariciones a mediados de abril, mencionó hasta en ocho ocasiones la palabra “guerra” con el fin de hacer un llamamiento al PP para que contribuya a la “posguerra”, es decir, a la reconstrucción de la España posterior al paso de la pandemia. Ese discurso abundó en términos como “batalla”, “victoria”, “frente”, “armas”, “enemigo” o “primera línea”. La factoría de Iván Redondo debió pensar que así los españoles seríamos conscientes de la gravedad de la situación y de la actitud de un PP entregado al enemigo, según ellos. La historia de España, como la de Europa, se puede contar a través de sus guerras. Yo me quiero detener en un conflicto poco conocido con batallas crueles que pueden servirle a Pedro Sánchez para seguir equiparando la lucha contra el virus con las grandes batallas españolas. Espero que también acepte las consecuencias de esas batallas. Porque las grandes derrotas suelen tener graves consecuencias.

Precisamente dentro de pocas semanas se cumplirán 99 años del desastre de Annual. La batalla en torno a Annual y a sus distintas posiciones ocasionó alrededor de 14.000 muertos en pocos días y se considera la batalla con más bajas de la historia del Ejército español en el último siglo. Alguien me podría decir que la batalla del Ebro, durante la última Guerra Civil, contó con más víctimas, pero la batalla del Ebro fue un conjunto de operaciones, de ataques y contraataques durante más de cuatro meses desde julio a noviembre de 1938, más que una batalla propiamente dicha. Pues bien, si damos por buena la cifra de 14.000 víctimas en Annual, a día de hoy las víctimas oficiales del coronavirus ya casi duplican esa cifra. La derrota de Annual se investigó y provocó un tsunami en la vida política del momento. Como siempre, los enemigos internos de España quisieron pescar en río revuelto. El partido comunista, recién incorporado a la lucha política, convocó Huelga General y movilizaciones en las que se lanzaban octavillas con lemas tan diáfanos como; “Al grito de ¡Abajo la guerra de Marruecos y Viva la guerra civil contra los opresores!, volved vuestros fusiles contra los asesinos que nos gobiernan”, añadiendo “vivan nuestros hermanos los rifeños”. Y así siguen a día de hoy. Todo este cataclismo culminó con el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera que estableció un Directorio Militar y dio carpetazo al asunto de las responsabilidades de Annual.

Volviendo al tema, si se investigó un conflicto que ocasionó 14.000 muertos, dando lugar al “Expediente Picasso”, ¿Cómo no vamos a investigar una batalla, según la terminología de Pedro Sánchez, que ya nos ha costado casi el doble de vidas? En Annual murieron miles de jóvenes de pocos recursos económicos que se encontraban realizando el servicio militar obligatorio, que con la Ley de Reclutamiento entonces vigente, la de 1912, contaba con un periodo de servicio activo de 3 años de duración. Pero también murió parte de la flor y nata de la oficialidad de nuestro Ejército. Allí, cerca de Melilla, miles de españoles perdieron sus vidas por el tiro de un fusil máuser o bajo la furia del acero rifeño. Jóvenes que fueron enviados a luchar mal pertrechados e insuficientemente entrenados. Como nuestros sanitarios actuales. El miedo propició algún acto de cobardía pero fueron más los hechos heroicos, como las cargas a caballo sable en mano del Regimiento de Caballería “Alcántara” para proteger la retirada de sus hermanos de armas, y que fue prácticamente aniquilado por un enemigo superior. Esa lucha cuerpo a cuerpo también se ha vivido en nuestros hospitales y residencias de mayores. Así que sr. presidente sí, es una guerra, una guerra que habrá que investigar y depurar responsabilidades sobre su gestión y la de su Gobierno. Y desde luego la posguerra no la puede liderar usted.

La destitución del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos es la guinda que corona el pastel que el ministro del Interior Marlaska lleva cocinando desde hace tiempo. Un pastel con un merengue amargo que no es otro que el intento de control de la Benemérita para uso partidario y contra los rivales políticos del PSOE. Pérez de los Cobos es un jefe curtido en la lucha contra ETA y posteriormente curtido en los despachos, a veces tan peligrosos como la calle. Es, ante todo, un guardia civil que hace efectivo en su proceder lo que figura en el artículo 1º de la Cartilla del Guardia Civil: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás.” Pérez de los Cobos ha sido cesado por cumplir con su deber de no informar al ministro de las investigaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil por orden judicial, en relación a la autorización de la manifestación del 8-M cuando ya existía una alarma sanitaria internacional. Se le purga por investigar la negligencia criminal del Gobierno de Pedro Sánchez, pero además se atiende a la petición de ERC que se la tenía jurada al coronel por su actuación en Cataluña durante la farsa del referéndum ilegal del 1-O.

La destitución de Pérez de los Cobos se une así a la del también coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), la principal unidad de investigación de la Guardia Civil, que persigue las más graves formas de delincuencia, corrupción y crimen organizado, en teoría por haber enviado un mail a sus subordinados en los que les alertaba de «la imposibilidad de hacer frente a necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos departamentos de investigación y apoyo”. Lo cierto es que este cese, cercano al momento de la moción de censura que aupó a Sánchez al Gobierno, obliga a incluir otra derivada en la ecuación: Corbí denunció en  febrero de 2019 en una entrevista concedida a La ‘Vanguardia’ que el PNV había ido en muchas ocasiones de la mano de ETA y situó a la formación en el “bando de los malos” de la lucha antiterrorista. Los nacionalistas reaccionaron exigiendo al Ejecutivo de Rajoy la destitución del coronel. El Gobierno de Rajoy mantuvo en el cargo a Corbí.

¿Y la directora general qué dice? La nueva directora general fue presentada a bombo y platillo como “la primera mujer al frente de la Benemérita”. Desde entonces han pasado cuatro meses en los que su inacción en cuanto a la incidencia del coronavirus en la Institución armada ha sido clamorosa. Por si esto fuera poco apenas unas horas después de conocerse el cese de Pérez de los Cobos ha dimitido el Director Adjunto Operativo, teniente general Laurentino Ceña. Según algunos altos mandos es normal que el número tres en la cadena de mando tras el ministro y la directora general saque la cara por su subordinado tras un cese tan arbitrario. Lo que ha sucedido es muy grave y debería tener consecuencias para el ministro. Como bien ha recordado la Asociación Profesional de la Magistratura en un comunicado, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone en su artículo 31.1 que en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del ministerio del Interior, pero funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. El artículo 34 de la misma ley explica que estos investigadores no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado hasta que finalice la misma, si no es por decisión o con autorización del juez o fiscal competente. Y por supuesto tienen la obligación de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas.

Urgen explicaciones de Marlaska, lo que ha dicho hasta ahora no se lo cree nadie, y urge que el Gobierno saque sus manos de la Guardia Civil y no siga comprometiendo el prestigio de una Institución con 176 años de historia y que lleva el honor como divisa

No hacía falta que el propio Pedro Sánchez lo confirmara para que todos advirtiésemos que este Gobierno no tiene Plan B, más allá de seguir prolongando sine die un estado de alarma cuya excepcionalidad se ha convertido en habitualidad para un Gobierno sobrepasado por los acontecimientos.

Debido a la paralización total de la actividad económica debido al confinamiento, como casi única medida adoptada para frenar la propagación del virus, se va a producir una recesión que en España será mucho más grave y continuada en el tiempo que en el resto de Europa. El Gobierno social comunista tampoco estará a la altura de lo que se les viene encima y volverá a tropezar en la misma piedra que tropezó Zapatero en la anterior crisis. Esa piedra no es otra que el hecho de intentar influir en la economía únicamente mediante un aumento del gasto público que generará más deuda, más déficit y más desempleo. Todavía recordamos los escasos efectos positivos del famoso Plan E de Zapatero, que creó empleo precario durante pocos meses, que llenó las ciudades de obras innecesarias y que ahondó la crisis que sufrían empresas y familias. También será necesario acometer recortes por importe de 6.000 millones de euros al año durante varios años, según adelantó el Gobernador del Banco de España.

Hoy ya se intuye que Pedro Sánchez seguirá los pasos de Zapatero y que se cocinarán las mismas recetas, con el añadido del aumento de impuestos. Esto se da casi por hecho después de que el vicepresidente Iglesias haya dicho en más de una ocasión que hay unas diferencias en materia de recaudación con Europa de entre 5 y 7 puntos del PIB, lo que en la práctica quiere decir que considera que hay margen para subir los impuestos por valor de unos 60.000 millones. Una subida de esa magnitud puede generar un parón en el consumo sin precedentes. Y desde luego esas recetas no consiguen generar empleo que es la única receta posible para salir de la crisis, sino más bien al contrario.

Frente a esto ya existe un plan alternativo del Partido Popular para la recuperación económica de España. Un plan que implica exonerar de impuestos a la apertura o reapertura de empresas quebradas por el COVID19 hasta fin de año. Recuperar y extender la tarifa plana de 50 euros para autónomos. Extender el pago de los ERTE hasta final de año. Crear contratos bonificados para incorporar a trabajadores procedentes de despidos por el COVID19 y desde luego ampliar los mecanismos de liquidez a empresas y a autónomos para evitar su cierre. Hoy la única alternativa fiable para sacar a España de la crisis que se cierne sobre nosotros vuelve a ser el Partido Popular y su plan de desconfinamiento inteligente.

El estado de alarma entró en vigor el pasado 15 de marzo, por lo que llevamos confinados en nuestros hogares 57 días en los que no se puede salir, excepto para realizar actividades esenciales, y con cierto relajamiento a partir del 2 mayo en que se permitió salir a determinadas horas para hacer deporte y pasear guardando la distancia social. Aunque este estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la Constitución, es el más leve de los que se pueden aplicar a situaciones de emergencia, sus sucesivas prórrogas están resultando extremadamente gravosas para muchos en cuanto a limitación de libertades y sobre todo está suponiendo un cataclismo en la economía española en términos de reducción de la riqueza nacional, desaparición de empresas y autónomos y aumento del desempleo principalmente.

Oficialmente y tras varias prórrogas, el estado de alarma se extenderá hasta el 25 de mayo. ¿Y después de esa fecha? Después de esa fecha más estado de alarma, porque no hay plan B. El propio presidente Sánchez, una desgracia para España, fue el encargado hace pocos días de confesar, sin mover un músculo de la cara, que no tenía plan B. Que el único plan es seguir prorrogando, cual día de la marmota, ese estado de alarma como en un bucle melancólico. En este punto es cuando empezamos a pensar, igual que Francisco Rosell en su columna dominical de EL MUNDO, que “lo que alarma es el Estado”. Si, a muchos nos alarma un Estado con un Gobierno de inútiles que no ha sabido gestionar la pandemia y que desde las instituciones hostiga a la oposición, miente y niega información vulnerando la Ley de Transparencia y que quizá sueña con un estado de excepción opaco y con plenos poderes.  Un Gobierno de indocumentados que no valdrían ni para concejales en sus pueblos, porque alcaldes y concejales han dado una lección de gestión y de eficacia muy por encima de sus competencias. Para Pedro Sánchez y su Gobierno de mentirosos compulsivos el único instrumento legal que garantiza salvar vidas es el “ordeno y mando” del estado de alarma. Quiero dejar claro que me refiero en todo momento al Gobierno de Sánchez y no a los que han estado al pie del cañón cumpliendo con su labor, en la mayoría de los casos sin los medios adecuados o con medios donados por asociaciones, parroquias, hermandades y particulares.

Y salvo y dejo fuera de toda esta estulticia la labor de las Fuerzas Armadas. Una labor ejemplar, como siempre, estando donde se les reclamaba y haciendo las labores que correspondían en cada momento. Desde control y vigilancia, hasta limpieza y desinfección. En este punto quiero recordar que en el Ejército la labor de planeamiento es fundamental. Ellos siempre tienen plan B. A partir de cierto nivel de complejidad siempre barajan, al menos, dos líneas de acción: la que hace frente a la hipótesis más probable y la que lo hace a la más peligrosa. Ojalá este Gobierno hubiera tenido una unidad de planeamiento y no una factoría de “planes” marca Iván Redondo. El “presi, tengo un plan” no ha funcionado frente a un virus que no entiende de marketing político y que ha ocasionado ya más de 26.000 fallecidos oficiales. ¿Cuántas de esas personas estarían vivas de haberse tomado las medidas adecuadas en el momento oportuno? Quizá nunca lo sepamos. Mientras tanto en España seguimos sin Plan B.