En las numerosas alocuciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre su gestión de la crisis del coronavirus, frecuentemente ha usado términos bélicos para referirse a la lucha contra la pandemia. Así, en una de esas apariciones a mediados de abril, mencionó hasta en ocho ocasiones la palabra “guerra” con el fin de hacer un llamamiento al PP para que contribuya a la “posguerra”, es decir, a la reconstrucción de la España posterior al paso de la pandemia. Ese discurso abundó en términos como “batalla”, “victoria”, “frente”, “armas”, “enemigo” o “primera línea”. La factoría de Iván Redondo debió pensar que así los españoles seríamos conscientes de la gravedad de la situación y de la actitud de un PP entregado al enemigo, según ellos. La historia de España, como la de Europa, se puede contar a través de sus guerras. Yo me quiero detener en un conflicto poco conocido con batallas crueles que pueden servirle a Pedro Sánchez para seguir equiparando la lucha contra el virus con las grandes batallas españolas. Espero que también acepte las consecuencias de esas batallas. Porque las grandes derrotas suelen tener graves consecuencias.

Precisamente dentro de pocas semanas se cumplirán 99 años del desastre de Annual. La batalla en torno a Annual y a sus distintas posiciones ocasionó alrededor de 14.000 muertos en pocos días y se considera la batalla con más bajas de la historia del Ejército español en el último siglo. Alguien me podría decir que la batalla del Ebro, durante la última Guerra Civil, contó con más víctimas, pero la batalla del Ebro fue un conjunto de operaciones, de ataques y contraataques durante más de cuatro meses desde julio a noviembre de 1938, más que una batalla propiamente dicha. Pues bien, si damos por buena la cifra de 14.000 víctimas en Annual, a día de hoy las víctimas oficiales del coronavirus ya casi duplican esa cifra. La derrota de Annual se investigó y provocó un tsunami en la vida política del momento. Como siempre, los enemigos internos de España quisieron pescar en río revuelto. El partido comunista, recién incorporado a la lucha política, convocó Huelga General y movilizaciones en las que se lanzaban octavillas con lemas tan diáfanos como; “Al grito de ¡Abajo la guerra de Marruecos y Viva la guerra civil contra los opresores!, volved vuestros fusiles contra los asesinos que nos gobiernan”, añadiendo “vivan nuestros hermanos los rifeños”. Y así siguen a día de hoy. Todo este cataclismo culminó con el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera que estableció un Directorio Militar y dio carpetazo al asunto de las responsabilidades de Annual.

Volviendo al tema, si se investigó un conflicto que ocasionó 14.000 muertos, dando lugar al “Expediente Picasso”, ¿Cómo no vamos a investigar una batalla, según la terminología de Pedro Sánchez, que ya nos ha costado casi el doble de vidas? En Annual murieron miles de jóvenes de pocos recursos económicos que se encontraban realizando el servicio militar obligatorio, que con la Ley de Reclutamiento entonces vigente, la de 1912, contaba con un periodo de servicio activo de 3 años de duración. Pero también murió parte de la flor y nata de la oficialidad de nuestro Ejército. Allí, cerca de Melilla, miles de españoles perdieron sus vidas por el tiro de un fusil máuser o bajo la furia del acero rifeño. Jóvenes que fueron enviados a luchar mal pertrechados e insuficientemente entrenados. Como nuestros sanitarios actuales. El miedo propició algún acto de cobardía pero fueron más los hechos heroicos, como las cargas a caballo sable en mano del Regimiento de Caballería “Alcántara” para proteger la retirada de sus hermanos de armas, y que fue prácticamente aniquilado por un enemigo superior. Esa lucha cuerpo a cuerpo también se ha vivido en nuestros hospitales y residencias de mayores. Así que sr. presidente sí, es una guerra, una guerra que habrá que investigar y depurar responsabilidades sobre su gestión y la de su Gobierno. Y desde luego la posguerra no la puede liderar usted.

La destitución del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos es la guinda que corona el pastel que el ministro del Interior Marlaska lleva cocinando desde hace tiempo. Un pastel con un merengue amargo que no es otro que el intento de control de la Benemérita para uso partidario y contra los rivales políticos del PSOE. Pérez de los Cobos es un jefe curtido en la lucha contra ETA y posteriormente curtido en los despachos, a veces tan peligrosos como la calle. Es, ante todo, un guardia civil que hace efectivo en su proceder lo que figura en el artículo 1º de la Cartilla del Guardia Civil: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás.” Pérez de los Cobos ha sido cesado por cumplir con su deber de no informar al ministro de las investigaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil por orden judicial, en relación a la autorización de la manifestación del 8-M cuando ya existía una alarma sanitaria internacional. Se le purga por investigar la negligencia criminal del Gobierno de Pedro Sánchez, pero además se atiende a la petición de ERC que se la tenía jurada al coronel por su actuación en Cataluña durante la farsa del referéndum ilegal del 1-O.

La destitución de Pérez de los Cobos se une así a la del también coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), la principal unidad de investigación de la Guardia Civil, que persigue las más graves formas de delincuencia, corrupción y crimen organizado, en teoría por haber enviado un mail a sus subordinados en los que les alertaba de «la imposibilidad de hacer frente a necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos departamentos de investigación y apoyo”. Lo cierto es que este cese, cercano al momento de la moción de censura que aupó a Sánchez al Gobierno, obliga a incluir otra derivada en la ecuación: Corbí denunció en  febrero de 2019 en una entrevista concedida a La ‘Vanguardia’ que el PNV había ido en muchas ocasiones de la mano de ETA y situó a la formación en el “bando de los malos” de la lucha antiterrorista. Los nacionalistas reaccionaron exigiendo al Ejecutivo de Rajoy la destitución del coronel. El Gobierno de Rajoy mantuvo en el cargo a Corbí.

¿Y la directora general qué dice? La nueva directora general fue presentada a bombo y platillo como “la primera mujer al frente de la Benemérita”. Desde entonces han pasado cuatro meses en los que su inacción en cuanto a la incidencia del coronavirus en la Institución armada ha sido clamorosa. Por si esto fuera poco apenas unas horas después de conocerse el cese de Pérez de los Cobos ha dimitido el Director Adjunto Operativo, teniente general Laurentino Ceña. Según algunos altos mandos es normal que el número tres en la cadena de mando tras el ministro y la directora general saque la cara por su subordinado tras un cese tan arbitrario. Lo que ha sucedido es muy grave y debería tener consecuencias para el ministro. Como bien ha recordado la Asociación Profesional de la Magistratura en un comunicado, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone en su artículo 31.1 que en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del ministerio del Interior, pero funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. El artículo 34 de la misma ley explica que estos investigadores no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado hasta que finalice la misma, si no es por decisión o con autorización del juez o fiscal competente. Y por supuesto tienen la obligación de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas.

Urgen explicaciones de Marlaska, lo que ha dicho hasta ahora no se lo cree nadie, y urge que el Gobierno saque sus manos de la Guardia Civil y no siga comprometiendo el prestigio de una Institución con 176 años de historia y que lleva el honor como divisa

No hacía falta que el propio Pedro Sánchez lo confirmara para que todos advirtiésemos que este Gobierno no tiene Plan B, más allá de seguir prolongando sine die un estado de alarma cuya excepcionalidad se ha convertido en habitualidad para un Gobierno sobrepasado por los acontecimientos.

Debido a la paralización total de la actividad económica debido al confinamiento, como casi única medida adoptada para frenar la propagación del virus, se va a producir una recesión que en España será mucho más grave y continuada en el tiempo que en el resto de Europa. El Gobierno social comunista tampoco estará a la altura de lo que se les viene encima y volverá a tropezar en la misma piedra que tropezó Zapatero en la anterior crisis. Esa piedra no es otra que el hecho de intentar influir en la economía únicamente mediante un aumento del gasto público que generará más deuda, más déficit y más desempleo. Todavía recordamos los escasos efectos positivos del famoso Plan E de Zapatero, que creó empleo precario durante pocos meses, que llenó las ciudades de obras innecesarias y que ahondó la crisis que sufrían empresas y familias. También será necesario acometer recortes por importe de 6.000 millones de euros al año durante varios años, según adelantó el Gobernador del Banco de España.

Hoy ya se intuye que Pedro Sánchez seguirá los pasos de Zapatero y que se cocinarán las mismas recetas, con el añadido del aumento de impuestos. Esto se da casi por hecho después de que el vicepresidente Iglesias haya dicho en más de una ocasión que hay unas diferencias en materia de recaudación con Europa de entre 5 y 7 puntos del PIB, lo que en la práctica quiere decir que considera que hay margen para subir los impuestos por valor de unos 60.000 millones. Una subida de esa magnitud puede generar un parón en el consumo sin precedentes. Y desde luego esas recetas no consiguen generar empleo que es la única receta posible para salir de la crisis, sino más bien al contrario.

Frente a esto ya existe un plan alternativo del Partido Popular para la recuperación económica de España. Un plan que implica exonerar de impuestos a la apertura o reapertura de empresas quebradas por el COVID19 hasta fin de año. Recuperar y extender la tarifa plana de 50 euros para autónomos. Extender el pago de los ERTE hasta final de año. Crear contratos bonificados para incorporar a trabajadores procedentes de despidos por el COVID19 y desde luego ampliar los mecanismos de liquidez a empresas y a autónomos para evitar su cierre. Hoy la única alternativa fiable para sacar a España de la crisis que se cierne sobre nosotros vuelve a ser el Partido Popular y su plan de desconfinamiento inteligente.

El estado de alarma entró en vigor el pasado 15 de marzo, por lo que llevamos confinados en nuestros hogares 57 días en los que no se puede salir, excepto para realizar actividades esenciales, y con cierto relajamiento a partir del 2 mayo en que se permitió salir a determinadas horas para hacer deporte y pasear guardando la distancia social. Aunque este estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la Constitución, es el más leve de los que se pueden aplicar a situaciones de emergencia, sus sucesivas prórrogas están resultando extremadamente gravosas para muchos en cuanto a limitación de libertades y sobre todo está suponiendo un cataclismo en la economía española en términos de reducción de la riqueza nacional, desaparición de empresas y autónomos y aumento del desempleo principalmente.

Oficialmente y tras varias prórrogas, el estado de alarma se extenderá hasta el 25 de mayo. ¿Y después de esa fecha? Después de esa fecha más estado de alarma, porque no hay plan B. El propio presidente Sánchez, una desgracia para España, fue el encargado hace pocos días de confesar, sin mover un músculo de la cara, que no tenía plan B. Que el único plan es seguir prorrogando, cual día de la marmota, ese estado de alarma como en un bucle melancólico. En este punto es cuando empezamos a pensar, igual que Francisco Rosell en su columna dominical de EL MUNDO, que “lo que alarma es el Estado”. Si, a muchos nos alarma un Estado con un Gobierno de inútiles que no ha sabido gestionar la pandemia y que desde las instituciones hostiga a la oposición, miente y niega información vulnerando la Ley de Transparencia y que quizá sueña con un estado de excepción opaco y con plenos poderes.  Un Gobierno de indocumentados que no valdrían ni para concejales en sus pueblos, porque alcaldes y concejales han dado una lección de gestión y de eficacia muy por encima de sus competencias. Para Pedro Sánchez y su Gobierno de mentirosos compulsivos el único instrumento legal que garantiza salvar vidas es el “ordeno y mando” del estado de alarma. Quiero dejar claro que me refiero en todo momento al Gobierno de Sánchez y no a los que han estado al pie del cañón cumpliendo con su labor, en la mayoría de los casos sin los medios adecuados o con medios donados por asociaciones, parroquias, hermandades y particulares.

Y salvo y dejo fuera de toda esta estulticia la labor de las Fuerzas Armadas. Una labor ejemplar, como siempre, estando donde se les reclamaba y haciendo las labores que correspondían en cada momento. Desde control y vigilancia, hasta limpieza y desinfección. En este punto quiero recordar que en el Ejército la labor de planeamiento es fundamental. Ellos siempre tienen plan B. A partir de cierto nivel de complejidad siempre barajan, al menos, dos líneas de acción: la que hace frente a la hipótesis más probable y la que lo hace a la más peligrosa. Ojalá este Gobierno hubiera tenido una unidad de planeamiento y no una factoría de “planes” marca Iván Redondo. El “presi, tengo un plan” no ha funcionado frente a un virus que no entiende de marketing político y que ha ocasionado ya más de 26.000 fallecidos oficiales. ¿Cuántas de esas personas estarían vivas de haberse tomado las medidas adecuadas en el momento oportuno? Quizá nunca lo sepamos. Mientras tanto en España seguimos sin Plan B.

La normalidad de una tarde de confinamiento se ha visto alegremente alterada por el ruido de rotores que revolvían el aire. Tres aparatos en formación han entrado por el norte, dejando Ciudad Real a su izquierda. Desde luego no es un ruido al que no estemos acostumbrados teniendo la Base de Helicópteros de Almagro a pocos kilómetros de la ciudad.

Los aparatos eran un Cougar, un NH90 y un Chinook pertenecientes a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), que se encuentran en la Base del BHELA I de Almagro preparando su despliegue en Irak. No es la primera vez que el contingente que tiene que desplegar utiliza la base manchega para su puesta a punto, y por ello todo el personal que compondrá el ISPUHEL XII se encuentra allí de nuevo realizando maniobras de integración conjunta. Las instalaciones del Batallón que manda el teniente coronel Galvañ son el marco perfecto para este adiestramiento.

Debido a la incidencia del coronavirus el Ministerio de Defensa decidió hace unas semanas replegar temporalmente a parte de los 600 militares que se encuentran desplegados en Irak, debido a la paralización de las actividades de entrenamiento que las tropas españolas llevaban a cabo con el Ejército iraquí. Lo que se ha hecho es un planeamiento de repliegue para que regresen entre 150 y 200 de los 600 efectivos desplegados. En principio estos militares, la mayoría de la Brigada “Extremadura XI”, iban a estar desplegados hasta el 23 de mayo, mientras que la unidad de helicópteros, la “Task Force Toro”, iba a ser relevada también por esas fechas por las unidades que ahora se preparan en Almagro. El ministerio parece que ha dejado claro que sólo es un repliegue temporal, por lo que el calendario previsto para los helicópteros se mantiene.

El despliegue operativo de los NH90 es un auténtico reto para la aviación del Ejército de Tierra, para el que se lleva preparando desde que conoció su participación en la operación internacional que lucha contra el terrorismo islámico denominada “Inherent Resolve”. También se trata del primer despliegue que se lleva a cabo con el general Francisco Javier Marcos como jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), cargo que asumió en diciembre de 2019 ya con los 75 hombres y mujeres de la ISPUHEL XI desplegados sobre suelo iraquí.

No seré yo el que venga a desvelar aquí el famoso y conocido “Principio de Peter” pero lo que tengo claro es que el Gobierno “Frankenstein” de Sánchez&Iglesias ha rellenado todos los puestos en los ministerios con un ministro o alto cargo que es incompetente para desempeñar sus obligaciones, validando así la famosa teoría desvelada por  Lawrence J. Peter a mediados del siglo XX.  Sólo hay otra opción: que sean malos por naturaleza y prefieran los votos a la salud.

El Gobierno minimizó la crisis del Covid19 e hizo caso omiso a lo que estaba ocurriendo en otros países, incluso animó a participar en actos multitudinarios el 8M pese a las advertencias en contra de la Organización Mundial de la Salud. Periodistas bien pagados, que no van a tener problemas para llegar a fin de mes, no sólo alentaron desde sus púlpitos en los medios, sino que se rieron de una pandemia a la que se referían como una nueva gripe, pero un poco más fuerte. Seguro que no lo hicieron por maldad, sino por esa inveterada costumbre de algunos de hablar de lo que no se sabe con el aplomo y la gracia suficiente para parecer un erudito en la materia. Lo que viene siendo un “bocachancla”. Algún día habrá que valorar en sus justos términos el daño terrible que esos periodistas afines al Gobierno le han hecho a la credibilidad de sus medios y al periodismo en general; porque la libertad de información sin rigor y con falsedades se convierte en otra cosa. Igualmente algún día habrá que tirar del hilo y saber quién del entorno del Gobierno Sánchez&Iglesias se ha dedicado a crear periodistas inexistentes como Miguel Lacambra, para que difunda en los medios afines las verdades oficiales del régimen, que algunos consumen obedientemente como el que se toma el paracetamol cada ocho horas por prescripción facultativa.

En España hay una tendencia natural a creer lo que dicen las izquierdas porque lo dicen con una suficiencia moral que da pasmo, y uno ya no sabe si lo hacen así porque se creen sus propias mentiras o porque su personalidad ya ha traspasado todos los límites y se ha convertido en una patología. Algunos psicólogos han llegado a la conclusión de que los mentirosos compulsivos lo hacen por “motivos vivenciales”, pero esos traumas no los podemos pagar los españoles, sobre todo cuando pueden llegar a costar vidas. Y todo el mundo sabe que mentir es más fácil que desmontar la mentira posteriormente. Por si fuera poco, cuando desde alguna institución previsora como la Policía Nacional se atisbó la magnitud de lo que se nos venía encima, la opción fue cesar al alto mando que hizo acopio de material y organizó el protocolo a seguir por sus subordinados con tiempo y con rigor.

El resto ya es conocido: la improvisación, los desmentidos, la falta de conocimiento, la falta de material de protección, la falta de test en residencias y al personal más expuesto y el rosario de muertes han sido la tónica habitual de estos días aciagos. Mientras tanto el Gobierno, con Sánchez a la cabeza, sigue empeñado en sobrevivir políticamente cuando el sentido común dice que esto está periclitado. Sánchez e Iglesias ya han tenido su momento de gloria, ahora la degeneración y la decadencia son tan evidentes que sobra cualquier comentario. Y es esa degeneración la que lleva al todavía presidente a pedir unos “Pactos de la Moncloa” que no son otra cosa que unos pactos para que él siga en la Moncloa. No hay ningún atisbo de autocrítica, ningún gesto de humildad en alguien al que le gustaría que se emitiera moneda con su efigie. Se pide una lealtad a la oposición que no es bidireccional, ergo lo que se está pidiendo realmente es fidelidad perruna, y por ahí sí que no se puede pasar. Los portavoces del PSOE mienten descaradamente desde el púlpito de la soberanía nacional que es el Parlamento y se insulta a la oposición mientras se le pide lealtad (entiéndase fidelidad).

Tenemos el peor Gobierno desde la Transición en el peor momento posible. Un Gobierno que miente a los españoles para tapar una ineficacia criminal que ha costado hasta la fecha más de 16.000 vidas. La siguiente estrategia de los asesores monclovitas es lo último que les queda ya: pasar al ataque. Hablar de “recortes” en años anteriores hechos por “la derecha” y atacar por tierra, mar y aire a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En Castilla-La Mancha estamos viviendo algo parecido. El mismo día que Sánchez decretó el cierre de los colegios, García-Page dijo en rueda de prensa que él no iba a cerrar los colegios para contentar a los que querían 15 días de vacaciones (es fuerte, pero está grabado). Después vino el caos y se echó la culpa a los recortes del PP obviando que el PSOE gobierna en CLM desde 2015 y que antes gobernó casi 30 años seguidos. La situación en las residencias y en los hospitales es dantesca, sin elementos de protección, sin test como he mencionado más arriba y con una turbia historia en la compra de unos respiradores en Turquía que que ni siquiera son válidos para enfrentarse al Covid19 (lean lo que dice al respecto el jefe de servicio de Anestesiología del hospital de Albacete).

Lo último que he escuchado a un responsable de la Junta castellano-manchega en los medios, porque mantienen cerrada las Cortes, es que la culpa es del efecto frontera y de los “madrileños” insolidarios que traspasan su frontera para venir a infectarnos. Esa teoría se viene abajo en una provincia como Ciudad Real, que no es limítrofe con Madrid que se sepa, y que ostenta el triste récord de ser la provincia de España con más muertes por cada cien mil habitantes. Toda una antología del despropósito que sería de chiste si no estuviera constando vidas humanas. Se han traspasado muchos límites, espero que cuando todo pase alguien asuma sus responsabilidades. Porque gestionar no es salir en las fotos e ir de fiestas a los pueblos invitado por los alcaldes de tu partido. Aplaudir a los que nos cuidan está bien y sube la moral, pero no es suficiente.

En Castilla-La Mancha hay Cortes y hay Gobierno, que parece que hay que recalcarlo. El Estatuto de Autonomía recoge claramente cuáles son las funciones de cada órgano para asegurar que la separación de poderes es efectiva. Las Cortes de Castilla-La Mancha representan al conjunto de los ciudadanos de la región. No nos representa Page, ni su Gobierno, ni los partidos políticos, son las Cortes las que nos representan a todos. Entre las competencias de las Cortes se encuentra la de controlar la acción de Gobierno y es opinión común de la doctrina jurídica que si no ha expirado el mandato de las Cortes, en Castilla-La Mancha no ha expirado que se sepa, el control es la primera de las funciones parlamentarias. Además el artículo 2. g) del citado Estatuto consagra otra función fundamental de las Cortes que es la de exigir, en su caso, responsabilidad política al Consejo de Gobierno y a su Presidente.

 Pues bien, en estos momentos cruciales en los que el Parlamento ha de ocupar una posición de privilegio en el mapa político, una posición indisolublemente vinculada a su relación con la democracia, una relación que conlleva la necesidad de reivindicar la identificación del Parlamento con la limitación del poder, en estos momentos de tribulación cuando los ciudadanos vuelven sus ojos hacia sus políticos en busca de soluciones, en estos momentos, García Page cierra el Parlamento. Que los socialistas se nieguen a dar explicaciones en las Cortes no solo vulnera el Estatuto de Autonomía, sino que, por analogía con las Cortes Generales, la negativa a someterse al ejercicio de la función parlamentaria de control vulnera varios artículos de la Constitución. El decreto que establece el Estado de Alarma  para nada alude al hecho de que las Cortes de Castilla-La Mancha tengan que permanecer cerradas, porque el parlamento es democracia y es el órgano que legitima el poder político.

El cierre, horas después de que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, pidiera la comparecencia de Page para explicar qué gestión se está haciendo  de esta crisis sanitaria en la región, es un torpedo a la línea de flotación de la democracia en Castilla-La Mancha. Yo diría que marca un antes y un después. Bajo ningún concepto una situación excepcional como la que estamos viviendo puede suponer el menoscabo de las garantías constitucionales ni el arrogarse un poder absoluto más propio de regímenes dictatoriales que de democracias avanzadas como la española. En España y en otras regiones, el Parlamento sigue funcionando con las medidas básicas que todos sabemos que hay que adoptar para evitar el contagio y la propagación del virus. Para “chapar” el Parlamento el presidente de las Cortes se basa en unos informes jurídicos que hacen una interpretación estricta del Reglamento de la Cámara, pero creo que en este punto sería bueno para todos recordar a Ortega y Gasset cuando advertía que, “por encima de la corrección jurídica, los pueblos piden a sus instituciones una imponderable justificación y que si no se la dan, un día u otro esas instituciones son tronchadas” (J. ORTEGA y GASSET, Vieja y nueva política, Renacimiento, 1914, p. 39). Es más necesario que nunca que las Cortes sean útiles a los castellano-manchegos.

Hoy jueves 9 de abril, tenemos 1.322 fallecidos en la región según los datos oficiales. 1.322 razones para exigir al presidente García Page que no se esconda en su palacio de Fuensalida.  Que dé la cara en las Cortes de Castilla-La Mancha, que comparezca y les diga de tú a tú a los familiares de esos 1.322 hombres y mujeres de nuestra región que tenemos medios, que tenemos respiradores y camas de sobra, y que todos los que están en primera línea tienen las medidas de protección adecuadas y suficientes. Tenemos derecho a saber y García Page tiene la obligación de comparecer.

Hemos visto cómo el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 67, de 14 de marzo de 2020), entre otras cuestiones, incluye la suspensión de plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público en tanto en cuanto dure la vigencia del estado de alarma. En esa línea, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 20 de marzo publicó el Decreto 9/2020 de 18 de marzo por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico financiero para paliar los efectos de la pandemia. En ese decreto se acuerdan ciertas medidas como por ejemplo que no se sometan a fiscalización previa los actos de contenido económico realizado por la Consejería de Sanidad, cuando sean para atender situaciones de emergencia provocadas por la pandemia. O considerar créditos ampliables aquéllos necesarios para atender cualquier gasto derivado de la situación de emergencia. O determinadas facilidades para la contratación de personal estatutario y laboral temporal.

En cambio, en relación a los tributos gestionados por la Junta de Comunidades no se ha publicado ningún decreto similar. El portal tributario de la Junta de Comunidades publicó el pasado 19 de marzo un aviso sobre las consecuencias de la crisis sanitaria en España en el que anunciaba que en breves fechas, han pasado diez días, se publicaría una norma para ampliar los plazos de presentación e ingreso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo vencimiento se produzca desde la declaración del citado estado de alarma. Esta desinformación e incertidumbre provocada por la propia Consejería de Hacienda está haciendo que se produzcan consultas, por los más diversos cauces, de castellano-manchegos sujetos pasivos de estos impuestos que no saben cómo proceder. Esta actuación del Gobierno regional contrasta con las medidas tomadas en comunidades vecinas como Madrid, cuyo Gobierno ha decidido aplazar durante un mes el cobro de impuestos en la región, para tratar de paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus. Se trata de una moratoria que busca no añadir más incertidumbre a todos aquéllos que se ven obligados a tener que contribuir por estos conceptos, en una situación tan dramática como la que estamos viviendo, y que ayuda a mejorar la liquidez de empresas, autónomos y familias que podrán retrasar el pago sin ningún tipo de recargo o penalización. Esta medida, de momento solo tomada por Madrid para los tributos de su competencia, debería ser complementada en toda España con el aplazamiento general de todos los impuestos, con la exención de las cotizaciones sociales, con la supresión de las cuotas de este mes para los autónomos y con la agilización de la tramitación de los ERTEs. En este sentido, el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso para que si no se levanta la persiana, no se paguen impuestos. Es necesario que el Gobierno nacional suspenda el cobro de las cuotas de todos los autónomos del mes de marzo, así como suspender los plazos de ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social para Pymes y autónomos mientras dure el estado de alarma.

Se trata sin duda de un gesto necesario que muchos castellano-manchegos están esperando, porque el cobro de impuestos puede esperar en las circunstancias actuales.

Parece que hay cierto consenso en el hecho de que Castilla-La Mancha está infra financiada y hay quien se atreve a dar algún dato asegurando que nuestra región tiene una infra financiación anual de entre 800 y 1.000 millones de euros. Al margen de la cifra concreta, el catedrático de Hacienda Pública de nuestra universidad regional, Juan José Rubio, afirma que “el funcionamiento del sistema vigente de Financiación Autonómica origina diferencias en la financiación por habitante en las comunidades de régimen común(…). En él se observan también la sedimentación del criterio del statu quo y el criterio de coste efectivo aplicado en el momento del traspaso de cada competencia y que introducen distorsiones en la financiación que deberían superarse en una fase madura de la financiación descentralizada” Es decir, que hay diferencias entre comunidades de régimen común y el resto y también diferencias por la cuantificación que se hizo de las distintas competencias en los momentos embrionarios del traspaso de las mismas. Es muy recomendable leer el informe que elaboró la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica en 2017. Ese informe dice muchas cosas, pero dice una esencial que está de plena actualidad. Dice casi textualmente que un problema de gran relevancia en el funcionamiento del modelo de financiación ha sido el sistema de entregas a cuenta, que aísla a las CC.AA del comportamiento cíclico de los ingresos (…), limitando la adopción de medidas de ajuste cuando los ingresos tributarios se reducen y creando falsas expectativas de ingresos estables en fases de expansión económica. Para adecuar las entregas a cuenta a la realidad recaudatoria, la comisión propone, como alternativa principal calcular mensualmente las entregas a cuenta de los tres fondos, introduciendo cada mes los datos de recaudación del IVA, Impuestos Especiales e IRPF. A día de hoy y por un cambio en la gestión del IVA en 2017, que no ha sido capaz de solucionar el nuevo Gobierno del PSOE, nos vemos sin 135 millones de euros recaudados por este impuesto y que no han llegado a Castilla-La Mancha pese a tener derecho a ello. El Partido Popular seguirá exigiendo que el Gobierno de Page sea contundente a la hora de reclamar ese dinero que nos corresponde y que no podemos dejar que quede en las manos del Gobierno central porque hace falta en nuestra región.

 Abordar esta cuestión siempre es asunto complejo. La reforma más reciente es la que el 15 de julio de 2009 aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con Zapatero como presidente del Gobierno. Esta reforma afectó a aspectos fundamentales de la financiación autonómica entre los que cabe destacar la ampliación de la cesión tributaria a las Comunidades y el diseño de un complejo sistema de transferencias. Esta reforma no fue a consecuencia de la caducidad de la anterior sino que tuvo un claro componente político. Antes de esta reforma, en 2001, se aprobó otra reforma del sistema de financiación mucho más consensuada que fue la diseñada por el ministro Montoro en el segundo Gobierno de José María Aznar. Según palabras de la entonces consejera de Economía y Hacienda de nuestra región, María Luisa Araújo, se saldó “con un rotundo éxito para Castilla-La Mancha”, porque se consiguió una financiación adicional de 20.000 pesetas por cada castellano-manchego, lo que supondría una subida de la financiación per cápita superior a la media nacional en 10.000 pesetas. También destacó que el nuevo sistema de financiación autonómica es el resultado de numerosos encuentros y propuestas que finalmente culminaron en un acuerdo cerrado entre el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Vistos los antecedentes, queda claro que la reforma del sistema de financiación no es fácil, pero se ha hecho en el pasado y se puede volver a hacer con buena voluntad y venciendo las reticencias de las regiones más prósperas frente a las más desfavorecidas, como puede ser el caso de nuestra región; sobre todo porque la propia Constitución consagra esa solidaridad entre todos los españoles en el artículo 156 que he mencionado anteriormente.

Entiendo que ahora con el PSOE en el Gobierno de España y el PSOE en el Gobierno de Castilla-La Mancha, será incluso más fácil que antes obtener una buena financiación. Solo hace falta voluntad.

Miguel Ángel Rodríguez González

Diputado Regional PP

Portavoz Comisión de Economía y Presupuestos

Pasaban pocos minutos del sábado 22 de febrero cuando recibí la triste noticia del fallecimiento de un soldado de España. Tras una fructífera vida dedicada al Ejército y a su familia, el coronel Juan Luis del Hierro Gil (Picón, 1937), ha rendido su alma a Dios. Traté al coronel del Hierro cuando, ya retirado del servicio, asumió la responsabilidad de presidir en Ciudad Real la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Se fijó como misión acercar el conocimiento de las Fuerzas Armadas a los más jóvenes, eso que se ha dado en llamar “cultura de Defensa” y que no es otra cosa que conocer, amar y respetar a nuestras Fuerzas Armadas, con el convencimiento de que la Defensa es cosa de todos. Este último cargo, que ostentó hasta 2016, solo fue la culminación de una larga trayectoria de servicio a España que comenzó en la Academia General Militar de Zaragoza, en un ya lejano año de 1957, cuando obtuvo su primer empleo como caballero cadete. Allí se empapó de los valores de nuestro Ejército, plasmados en las Reales Ordenanzas. Valores que se grabaron a fuego en el joven Juan Luis del Hierro quien siempre recordaría ese artículo 15 que establece la primacía de los valores morales enraizados en nuestra “secular tradición”, valores “de los que sus miembros ( de las Fuerzas Armadas) harán norma de vida”. Desde entonces palabras como patriotismo, honor y ejemplaridad fueron efectivamente su norte y su guía y fueron cualidades que le han acompañado hasta el fin de sus días.

 Muchos fueron los destinos posteriores, unos más lejanos y otros más cercanos, pero siempre con Ciudad Real en el corazón y así, tras el desempeño de los empleos correspondientes y tras su ascenso a coronel en 1990, en junio de 1992 recaló definitivamente en nuestra ciudad para ejercer el cargo de Gobernador Militar y Jefe de la Jefatura Logística Territorial. A partir de ese momento Juan del Hierro se implicó en la vida de la ciudad y de la provincia y su presencia en actos civiles y militares fue constante. El 30 de junio de 1995, tras treinta y ocho años de servicio activo, pasó a la reserva. Unos días antes, en la última jura de bandera que presidió en el Batallón de Helicópteros de Ataque de Almagro, cuando todavía quedaban algunos años para la supresión del Servicio Militar Obligatorio, se dirigió a los reclutas y les dijo: “debéis sentiros orgullosos de ser españoles, porque habéis jurado ante la bandera que simboliza la Patria, y aunque materializada en tela, no es ningún trapo como pretenden quienes están muertos a los sentimientos de la Patria. Es España, porque en ella ondea toda su historia”. Hoy que España vive situaciones convulsas en alguno de sus territorios, la palabras del coronel del Hierro cobran plena vigencia.

Juan Luis del Hierro y su esposa han tenido cuatro hijos y una hija que me honran con su amistad. Sin duda el ejemplo paterno y la buena sombra que proyectaba han influido decisivamente para que tres de ellos sean militares y uno policía, siendo la única mujer funcionaria de la Excma. Diputación, por lo que se puede decir que los cinco son servidores públicos. Quiso el destino que una de las últimas apariciones públicas del coronel del Hierro fuera en octubre de 2017, con ocasión de la toma de posesión de uno de sus hijos, el también coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Juan Manuel del Hierro Rodrigo, como subdelegado de Defensa en Ciudad Real, cargo equivalente al de Gobernador Militar que desempeñó el padre. Los que tuvimos la suerte de acompañar a la familia del Hierro ese día no tenemos claro si era el padre el que estaba orgulloso del hijo o más bien era al revés, porque quizá eran ambas cosas. Juan nos emocionó a todos al mencionar a su padre y tuvimos claro que el ejemplo de la madera limpia y firme de un buen español había calado en todos sus hijos. Caballero cristiano, devoto de la Virgen del Prado a la que tantas veces acompañó en su día grande por las calles de nuestra ciudad,  a buen seguro que ya está gozando de la presencia del Padre sabiendo, como dice la oración tantas veces cantada, que “la muerte no es el final”. A la orden de usía, mi coronel. Descanse en Paz.

Miguel Ángel Rodríguez

Diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha