Hace unos años triunfó en la televisión una serie de contenido histórico que se llamaba el Ministerio del Tiempo. Con la que está cayendo a cuenta de las medidas de Pedro Sánchez para reducir el consumo de la energía y para combatir los efectos del cambio climático, le propongo a Sánchez que cree un nuevo ministerio encargado de vigilar esas cuestiones y de meter en cintura a las comunidades autónomas díscolas: el ministerio del tiempo. El tiempo climatológico, se entiende. Sánchez y sus mariachis, quizá para desviar el foco de otros asuntos más preocupantes, andan ahora lidiando con la factura energética y los grados de más que tenemos en los termómetros. Me atrevo a proponerle el nuevo ministerio a la vista de que entre las medidas de ahorro que está tomando no está la de recortar el número de ministerios actuales, ni reducir la ingente cantidad de asesores y cargos de confianza. O dejar de usar el avión o el helicóptero hasta para ir al baño. El nuevo titular ministerial no deberá llevar corbata, caso de ser del género masculino, dejando a criterio del titular la elección de las prendas más útiles a la consecución de los fines del ministerio, caso de ser del género femenino.

No piensen que es un disparate lo que estoy diciendo, ya hay ciudades por el mundo que han creado concejalías dedicadas a la lucha contra el calor (que tomen nota las alcaldesas). Ciudad Real, Castilla-La Mancha y España toda, no podemos ser menos. Aquí en nuestra ciudad disfrutamos de varios grados menos de temperatura que en los términos linderos, gracias al jardín vertical instalado en la fachada lateral de la Casa Consistorial. Es broma claro. Pero lo cierto y verdad es que el urbanismo y la arquitectura de las ciudades deben adaptarse a la lucha contra el calentamiento global. Más y mejores zonas verdes, menos talar árboles sanos solo por el hecho de que estorban en una obra de peatonalización y sobre todo mucha concienciación. Y para concienciar a los ciudadanos las medidas tienen que ser sensatas y los dirigentes tienen que dar ejemplo. Obligar a apagar escaparates y farolas, invitar a no llevar corbata o poner el aire acondicionado a 27 grados no producirá ningún efecto si después vemos que el presidente del Gobierno se sube a un “Súper Puma” del Ejército del Aire para recorrer los pocos kilómetros que separan La Moncloa de la Base Aérea de Torrejón. Aunque quizá, lo mejor para combatir el calor de estas tierras es irse al Caribe en las semanas de la canícula estival, como ha hecho García Page a cuenta de no sé qué “Toro Verde”. Seriedad señores…

La historia de los servicios secretos, o lo que la mayoría de los mortales entiende como “espionaje”, es tan antigua como la propia Historia. Desde siempre las organizaciones y los Estados han tenido la necesidad de manejar información para comprender y conocer al enemigo y, llegado el momento, vencerlo. En España nuestro actual servicio secreto es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), creado como tal en mayo de 2002, por lo que en estas fechas cumple 20 años.

Como bien explica la propia página web del CNI, al igual que cualquier organismo del Estado el Centro se encuentra sometido a controles políticos y económico-administrativos. El primero lo ejercen el Gobierno, a través de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, y el Congreso de los Diputados, en el marco de la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados; el segundo lo llevan a cabo la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y, nuevamente, el Congreso. A estos controles se suma el judicial, clave para el funcionamiento del Centro y excepcional dentro de la Administración. La existencia de la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial Previo del CNI y su estricta aplicación hacen difícil encontrar un sistema que ofrezca más garantías a los ciudadanos de que ninguna de las actividades que realiza su Servicio de Inteligencia se ejecuta al margen de la legalidad.

Pese a todo lo anterior en estos días el Gobierno, partidos que están en el Gobierno y otros partidos que lo sustentan parlamentariamente, están atacando al CNI y poniéndolo en la diana política. Lo que estamos viviendo es de una gravedad extrema,  porque socava los cimientos del propio Estado. Las formaciones de izquierda y las independentistas están empeñadas en liquidar al CNI porque saben que si se cobran esa pieza hacen un daño terrible a España. Dejar caer la sospecha de que el CNI espía sin control a ciudadanos de una democracia consolidada como la española con no sé qué intereses, es muy grave. Y lo es mucho más si esas sospechas se aventan desde el propio Gobierno, que debería defender al CNI y a sus componentes con uñas y dientes. Con razón y sin ella, como una madre defiende a sus hijos, aunque luego en privado les regañe. El Gobierno de Sánchez está haciendo un daño quizá irreparable a la imagen interior y exterior del Centro a pocos meses de la Cumbre de la OTAN que se celebrará en nuestro país, y somos muchos los que ya pensamos que esta izquierda sería capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder.

No quiero terminar sin felicitar al CNI por estos 20 años de trabajo y de sacrificio. Mi recuerdo y gratitud permanente para los agentes que, siendo fieles al juramento que empeñaron, han dado su vida por España.

Decir que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos frentes abiertos es una obviedad. Y que no sabe o no quiere atajarlos cada vez nos va quedando más claro también. En España las cosas andan revueltas y el diálogo social no pasa por su mejor momento, a la vista de los paros de los transportistas que amenazan con paralizar la economía nacional.

Lo cierto y verdad es que, de un tiempo a esta parte, el diálogo social abarca más actores que los que venían siendo tradicionales desde la Transición. En relación al transporte, la pasada semana el Congreso de los Diputados convalidaba, sin votos en contra, el Real Decreto-ley 3/2022, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, un decreto que según  la ministra materializa el acuerdo alcanzado el pasado 17 de diciembre con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera para dar respuesta a las reivindicaciones del sector. Sucede que los convocantes de los paros no están representados en ese Comité Nacional de Transporte por Carretera y ahí surge el problema. Los transportistas que secundan los paros no se sienten satisfechos con este acuerdo y la parte socialista del Gobierno ha intentado apagar el incendio con gasolina, llamando ultraderechistas a los transportistas en huelga y a las asociaciones que los representan, con el consiguiente enfado de los mismos.

Y es que ya cansa lo de la “extrema derecha” como recurso dialéctico para desacreditar al que ose llevar la contraria a las decisiones de este Gobierno. Hasta hace no mucho tiempo la frase “son de extrema derecha”, era una mera coletilla de acusación en boca de cualquier portavoz o cargo socialista o podemita que saliera a opinar sobre cualquier tema que tuviera una mínima relación con el Partido Popular. Se convirtió en algo tan habitual que todo el mundo tenía claro que se trataba de una simple frase de argumentario socialista; pensada para lanzarse como se tira una piedra, sin tener que esforzarse en pensar demasiado. Sin embargo en la actualidad, estamos siendo testigos de cómo la frasecita está siendo utilizada para tratar de dividir y criminalizar a todo aquel que se atreva simplemente a describir la realidad. Una realidad incómoda para el Gobierno de Sánchez. Tenemos los precios de los combustibles y de la luz disparados, las cadenas de suministro interrumpidas, los barcos en sus amarres, el sector lácteo paralizado, los agricultores teniendo que tirar los productos frescos apenas recolectados…y frente a todo esto, tenemos un Gobierno que a cualquiera que se atreva simplemente a decir que quizás se puede hacer más, a todos esos, los tacha de “extrema derecha”.

Pero por mucho que el Gobierno se empeñe, los españoles no somos idiotas. Si un transportista trabaja y cuando vuelve a casa con su familia tiene menos dinero en el bolsillo que cuando salió, si un ganadero tiene que sacrificar a sus animales porque no puede comprar pienso, si una madre no puede comprar leche porque no hay en el supermercado, y sale y protesta, y reclama unas medidas que el gobierno debiera haber tomado antes de que se produjera el desastre y no después, no es ser extrema derecha, es ser racional, coherente y simplemente normal. Se trata de resolver los problemas, no de hacernos comulgar con ruedas de molino. Tenemos un Gobierno débil, sin mayorías claras que le permitan gobernar situaciones de crisis como las que enfrenta este país. Un gobierno dividido, incapaz de tomar las medidas más básicas que permitan aliviar a las familias, que nos permitan tener una sola voz en Europa y recuperar así nuestra credibilidad hoy perdida, con bandazos en política exterior de consecuencias todavía impredecibles. Es descorazonador tener que pedirle, casi suplicar a un Gobierno, que no destroce España en cada Consejo de Gobierno, con cada decisión estéril y poco meditada. Bochornoso resulta a cualquiera que quiera a este país comprobar como cada día el prestigio de España no hace más que devaluarse. No podemos permitirnos por más tiempo un Gobierno que la  única solución que ofrece sea tachar de ultraderechista a cualquier ganadero, agricultor, cazador o transportista que pelea por el pan de su casa, en lugar de tomar medidas. Para el Gobierno, todos ellos son de extrema derecha y por tanto, no tienen derecho a que se resuelvan sus problemas, nuestros problemas, los problemas de España.

Para Pedro Sánchez y su Gobierno el problema es que los que pensamos diferente siempre fuimos “extrema derecha” y por consiguiente nuestra opinión no tiene validez. Y hoy más que nunca por su propia debilidad, ellos y yo, somos “extrema derecha”. Pues si esta es la etiqueta para todos aquellos que aspiramos a mejorar la situación de nuestro país, solo puedo decir que yo también soy “ultra”. Y para este Gobierno, tú, seguramente también.

(**Este artículo se publicó previamente en «The Objective» el 28/03/2022**)

Decir que la política de Defensa en España debe estar al margen de intereses partidistas puede parecer una obviedad, sobre todo si tenemos en cuenta que el ministerio de Defensa tiene la consideración de ministerio de “Estado”: Lo que pasa es que cuando se mira la composición del actual Gobierno y la extracción ideológica del resto de sus apoyos parlamentarios, puede parecer conveniente remachar la afirmación que sirve de título a este artículo.

La guerra desatada en Ucrania por las ambiciones anexionistas del autócrata ruso Putin ha puesto de manifiesto lo inconsistente que puede resultar un Gobierno tan heterogéneo a la hora de tomar decisiones estratégicas para España y han evidenciado una serie de bandazos que perjudican nuestra imagen en el exterior. Así, mientras que los principales países de Europa decidieron colaborar activamente con el Gobierno ucraniano, España quiso mantener una posición de cierta ambigüedad. Países como Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y después Italia, están suministrando armas a Ucrania. España en cambio, por esos equilibrios internos en su Gobierno, se mantenía en la idea de no suministrarlas directamente, pero sí ayuda humanitaria y defensiva a través del Fondo Europeo de Apoyo para la paz en Ucrania, puesto en marcha por la Unión Europea. De hecho el pasado domingo se enviaron 20 toneladas de material en dos aviones del Ejército del aire que contenían productos sanitarios y medicamentos, vehículos, equipos de protección personal, mantas o tiendas. En cuanto a las armas Sánchez siguió esgrimiendo su posición de no enviar material ofensivo, y así lo defendió la ministra portavoz del Gobierno hasta el día 1 de marzo. El Gobierno se apresuró a desmentir que esta decisión tuviera relación con una posible, otra más, tensión interna entre el sector PSOE y el sector PODEMOS del Gobierno. Lo significativo es que, con otro de los volantazos a los que Sánchez acostumbra, en menos de 24 horas -el día 2 de marzo-, anunció en el Congreso de los Diputados que España sí enviaría a la resistencia ucraniana material militar ofensivo, es decir, armas. Está claro que España no podía desistir de la obligación moral que supone ayudar a un país que está siendo injustamente atacado por otro que ha conseguido nuevamente sacar a pasear por Europa el espectro de la guerra. En este caso el presidente Sánchez tiene de su lado al principal partido de la oposición y sobre todo tiene de su lado a los españoles, que asistimos atónitos a la guerra en directo con toda su carga de injusticia, destrucción y muerte.

Por otro lado, la guerra a escasas tres horas de avión de nuestras apacibles vidas abre otro debate de fondo. El debate sobre la importancia de disponer de unas Fuerzas Armadas dotadas con los recursos suficientes para hacer frente a las amenazas y peligros que nos acechan y también en última instancia para garantizar nuestra libertad y nuestra seguridad. Quizá ahora no se vea tan descabellado el acuerdo adoptado en la cumbre de Gales de 2014 para que los países de la OTAN incrementen sus presupuestos de Defensa para modernizar sus capacidades e ir situándose en línea con el 2% del PIB reclamado por EEUU como criterio de convergencia del esfuerzo presupuestario. Cabe reseñar que en ese momento España era de los países que menos presupuesto dedicaban a la Defensa situándose al mismo nivel que Islandia, Hungría, Eslovaquia o Lituania. Ocho años después poco ha cambiado. España destina alrededor del 1% del PIB, que sigue siendo uno de los porcentajes más bajos de Europa. Para el ejercicio 2022 la cifra destinada a Defensa en los presupuestos del Estado asciende a 10.155 millones de euros, frente a los cerca de 50.000 millones de Francia (cinco veces más que España) o los casi 30.000 millones de Italia. Alemania ha anunciado la creación de un fondo de 100.000 millones de euros para la modernización de sus Fuerzas Armadas e incrementar el presupuesto anual en defensa hasta el 2% de su PIB. En España esos 10.155 millones suponen un incremento del 7,89% respecto a 2021 pero como hemos dicho lejos todavía del listón del 2% del PIB recomendado. Para que la situación se revierta hace falta voluntad política, y para conformar esa voluntad hace falta una ciudadanía informada y consciente de la importantísima labor de nuestras Fuerzas Armadas y de sus necesidades para garantizar nuestro sistema de vida en el marco de la Constitución. Un Ejército con medios adecuados y suficientes es un elemento disuasorio de primer orden frente a las veleidades bélicas de algunos vecinos y por tanto el mejor aliado de la paz.

Desde el punto de vista climatológico febrero de 2022 pasará a la historia por ser un mes inusual. Las elevadas temperaturas de los primeros días ya han sido calificadas como “anómalas”, al tratarse del inicio de febrero más cálido desde 1990. La primavera pugna por abrirse paso y en días posteriores, con el mes casi vencido, en muchos puntos de España se superan los 20 grados de temperatura. Desde el punto de vista político también pasará a la historia por ser un mes inusual y con altas temperaturas… en el Partido Popular. Han sido cinco días de febrero, desde el jueves 17 al lunes 21 que han supuesto para mi partido pasar por su hora más oscura. Aquí va la cronología de los hechos de esos primeros cinco días que fueron los más difíciles. Cuando aún no se vislumbraba una salida.

El detonante: sobre las 23,00 h del miércoles 16 el periódico digital EL CONFIDENCIAL publica: “Fontaneros de Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso”. Esa filtración hace que empiecen a arder los teléfonos móviles y los whatsapp.

Fue el jueves 17 cuando el público en general conoció la noticia filtrada, al ser difundida por los grandes medios en papel, las radios y las televisiones en sus ediciones de ese día. Titulares como este de EL MUNDO: “Un cargo municipal recurrió a un detective para investigar a Ayuso”. En este mismo diario el editorial ya se titulaba “PP: una deriva autodestructiva”. El antaño monárquico, liberal y dinástico ABC llevó a su portada este titular: “La pelea entre Casado y Ayuso deriva en guerra sucia sobre presunta corrupción”. EL PAÍS tituló: “El PP investiga si Ayuso favoreció a su hermano en un contrato”. Ni que decir tiene que la noticia causó una honda preocupación entre nuestras filas, pero ni por asomo pensé, al menos yo, que pudiera tener las consecuencias que está teniendo. No pude evitar pensar, al igual que Cicerón, aquello de “Cui prodest” ¿Quién se beneficia de una filtración así? Sin duda esta locución latina puede servir para determinar la autoría del acto que permanece desconocido al preguntarse por, y llegar a determinar, quiénes se habrían de beneficiar con sus resultados. Cuando sí fui consciente de la magnitud de lo que se avecinaba fue cuando ese mismo jueves, pocas horas después de la filtración, Isabel Díaz Ayuso convocó a los medios y pasadas las 13,00 h acusaba a la dirección nacional de actuar contra ella, al tiempo que pedía la depuración de responsabilidades en el PP nacional y regional. Cayó la bomba y provocó una desacertada contestación en rueda de prensa del secretario general García Egea alrededor de las 15,00 h de ese mismo día 17. No sé quién aconsejó a Egea el tono y el contenido, pero desde luego cargar contra el principal activo electoral del PP, anunciando la apertura de expediente informativo, no fue bien visto ni por la militancia ni por los votantes. Esa misma tarde dimite Carromero. Una figura controvertida empotrada en el Ayuntamiento de Madrid pero al servicio de Génova, según cuentan. Los que llevamos algún tiempo en el partido sabemos de lo que gustan los dirigentes de tener a “carromeros” cerca. Ni Egea ha sido el primero ni será el último en tenerlo ya que en todos los partidos y en las organizaciones grandes pululan figuras así. Desde luego ejemplares a desterrar de la vida pública. Pero lo peor estaba por llegar.

El viernes 18 EL MUNDO titula: “La guerra de Casado contra Ayuso desangra al PP: De aquí solo queda uno” El editorial era elocuente y constataba que el periódico había tomado partido “El PP no puede seguir en estas manos”. EL PAÍS repartía las culpas: “Casado y Ayuso dinamitan el PP”. La Razón titula: “El PP expedienta a Ayuso que pasa al ataque: Me quieren destruir”. Y el ABC remachaba: “Guerra civil en el PP con Casado desaparecido”. Lo peor del día a mi juicio fue la intervención del presidente Casado el viernes 18 en el programa de máxima audiencia de COPE. A primera hora de esa mañana Casado fue entrevistado por Carlos Herrera. Después de escucharlo los militantes, los cargos intermedios y los españoles en general no salíamos de nuestro asombro. Sus frases: “llegó una información con datos bancarios y fiscales…” (sin aclarar cómo le llegó ni quién se la hizo llegar), “la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas se pueda contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas…” el contrato público “es de un importe relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias…” Ahí se certificó el fin. En días posteriores Casado ha llegado a decir que no entendía por qué se tenía que ir si él no había hecho nada malo, si acaso había hecho cosas mal. Esta entrevista una de ellas. Utilizando un símil aeronáutico la nave había llegado al punto de no retorno. Llegados a este punto es conveniente advertir que no pretendo entrar en la peliaguda cuestión de quien tiene razón, porque obviamente me faltan muchos datos, “ni quito ni pongo rey” cuento las cosas como sucedieron y tal como yo las viví en ese momento en función de lo que los medios nos contaban. Lo cierto y verdad es que la opinión pública y la opinión publicada sentenciaron a Casado, y las adhesiones entusiastas de las primeras horas fueron menguando.

El sábado 19 LA RAZÓN ya publica en portada: “EL PP calienta el congreso nacional para poner orden interno”; El ABC “Presión de los barones para que Casado destituya a García Egea” (muchos de ellos elevados a esa categoría por el propio Egea…”tú también hijo mío…”); EL MUNDO: “Los barones erigen portavoz a Feijóo y piden la cabeza de Egea”

El domingo 20 sigue el drama. EL MUNDO titula: “Implicados en el espionaje señalan que el encargo salió de la sala de guerra de Egea”;  “Casado afirma que cerrará el expediente de Ayuso tras ver las pruebas de Ayuso, pero exige que ella asegure que no la investigaron”; EL PAÍS: “Casado recula ante Ayuso mientras los barones cuestionan su liderazgo” “Dirigentes de peso critican el papel de su líder, pero también el de Ayuso”. “El primer consenso es que debe destituir ya a Teodoro García Egea”; LA RAZÓN: “El PP acepta las pruebas que ha presentado Ayuso para acabar con la crisis”; ABC: “Ultimátum de los barones del PP a Casado para que convoque ya el congreso nacional”  Ni que decir tiene que todo esto se vivía con zozobra. Los afiliados y los votantes nos paraban por la calle y nos preguntaban que a qué estábamos jugando. Teniendo delante a un Pedro Sánchez al frente  del peor Gobierno de la democracia, aliado de la ultraizquierda y de los filoetarras, el PP se desdibujaba como alternativa de Gobierno perdido en luchas intestinas; hundido en egos, personalismos y grandes dosis de testosterona. Ese domingo unos 3.000 partidarios de Isabel Díaz Ayuso se concentraron en la calle Génova para aclamarla a ella y para insultar y pedir la dimisión de Pablo Casado y de su equipo entre el regocijo de nuestros adversarios políticos. Terrible e innecesario.

Llegamos así al lunes 21. Último día de esta crónica que he titulado “cinco días de febrero”, los que van del jueves 17 a este pasado lunes 21. Este día EL MUNDO se hace eco de un panel de Sigma Dos y titula: “Casado hunde al PP y dispara a VOX al borde del sorpasso”; “Los electores populares le dan un suspenso, le echan la culpa de lo ocurrido y piden echar a Egea”; EL PAÍS: “Casado resiste pese al aumento de presión de los barones del PP”; “Dirigentes territoriales reclaman la salida del actual líder y la convocatoria de un congreso extraordinario para aupar a Feijóo como sustituto”; ABC en una portada durísima retrata al presidente Casado solo y cruzando un paso de cebra cual Rubicón con un título a modo de epitafio: “Casado, una dimisión obligada”. El lunes ya nadie se preguntaba quien tuvo la culpa. Nadie se interrogó con el “cui prodest”. Independientemente de las razones de fondo, Casado y los suyos se empeñaron en un pulso que todos percibíamos como absurdo y suicida, contra una mujer tocada por la gracia, que cuenta con el apoyo de la calle y que por ello gana elecciones. Casado también hubiera ganado y habría sido un gran presidente, estoy convencido, pero no supo ser líder, ni medir los tiempos, ni aplicar las virtudes inherentes a esa condición. El mismo lunes Feijóo hizo unas declaraciones que clarificaban todo. “Desde hace cinco días vivimos una convulsión en el PP y en la democracia española. Pedimos a las partes que se reunieran para aclararlo, pero no ha sido así. Es tiempo de tomar decisiones (…) no serán decisiones fáciles, serán complejas, pero creo que deben ser urgentes porque el PP es la única alternativa a un muy mal Gobierno de España”. Poco más que añadir. En días posteriores conocimos la dimisión de García Egea y que Casado seguirá presidiendo el partido hasta la próxima celebración del congreso extraordinario.

Por mi parte, coincido con los pensadores clásicos en su visión trágica de la condición humana y por el bien de nuestro partido espero que nadie se empeñe en una resistencia heroica como en la batalla de las Termópilas. Para algunos puede ser atractiva la fantasía romántica de luchar hasta el final, cuando el final es la destrucción de todas las cosas. Toca que los afiliados tomen la palabra y elijan a la persona que debe conducir esta nave hacia la victoria desde la unidad y la superación de las rencillas y esa persona tiene que ser Alberto Núñez Feijóo. La hora más oscura puede convertirse en la mejor hora si sabemos lo que hay que hacer y somos capaces de hacerlo.

¿Pasará Pedro Sánchez a la historia como el peor presidente de España de todos los tiempos? Pasará. ¿Cuándo pasará? Eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero quiero pensar que en cuanto convoque elecciones y los españoles podamos manifestarle nuestro cariño en las urnas.

Ya lo he escrito otras veces, lo de este tipo me parece algo patológico. Algo quizá sin diagnosticar todavía, pero patología hay. Esa forma de mentir a todos y sobre cualquier cosa, ese cesarismo, esa forma de usar las instituciones de todos a su antojo, esa forma de menospreciar y señalar a los medios de comunicación que él no considera afines. ¿De quién depende la Fiscalía? De Sánchez. ¿De quién depende la presidenta del Congreso? De Sánchez. ¿De quién dependen los “barones” socialistas, incluido García Page? De Sánchez. Y así todo.

Sánchez está gobernando España con una mezcla de soberbia e ignorancia de la que no puede salir nada bueno. Los que lo pagamos al final, los de siempre, los españoles que sabemos que las crisis con el PSOE en el poder son más crisis. En estos días estamos viendo cómo el combustible está alcanzando precios históricos y llenar el depósito cuesta casi 80 euros (entre 15 y 20 euros más que hace un año). Pero es que el gasóleo agrícola (bonificado) está cerca del euro por litro ya. Cualquier agricultor con el que hables se queja amargamente de esta cuestión. Les ha subido la luz, les ha subido el combustible, les ha subido la cuota de autónomos; si se trata de un joven que se ha incorporado al campo, la subvención por incorporación se paga con años de retraso (cuando se paga); a los ganaderos aparte de lo anterior les ha subido el pienso y les pagan menos por lo que producen. La crisis de Ucrania también nos afecta. España importa tres millones de toneladas de cereales al año para elaborar forrajes para el ganado. En los últimos seis meses nuestros ganaderos han visto incrementar los costes de producción un 30 por ciento. No pueden ampliar su explotación ganadera con más cabezas porque no le salen las cuentas. Tienen que renunciar a crecer y crear empleo a costa de mantener ellos solos la explotación, con la ayuda puntual de su mujer o de su padre septuagenario en el mejor de los casos y con el riesgo, como me decía alguno, de que llegue una inspección de trabajo y les meta un multazo. Y por si fuera poco en Castilla-La Mancha Page va a instaurar en breve un nuevo impuesto al agua. Más madera. “Este Gobierno nos lleva a la ruina” es la expresión más escuchada. Y cuando, desesperados irrumpen en un Pleno municipal, hay más detenidos que cuando los radicales catalanes casi queman la comisaría de Policía de Barcelona con los policías dentro. Todo un despropósito.

¿Cuánto va a tardar en subir la carne de cerdo y el vacuno? ¿No estará todo diseñado para que de verdad dejemos de comer carne como quiere Garzón pero porque no podamos pagarla? Solo espero que no suba el precio del pan. A los menos cultivados les recuerdo que ese fue el detonante de la toma de la Bastilla.

De sobra es sabido que el macro Gobierno de Sánchez está más pendiente de twitter y de las series de Netflix que de los problemas reales de los españoles. Y viendo el nivel de estos próceres a veces es deseable que sigan en esa realidad paralela que son las redes sociales, porque cuando “tocan” algo de lo real suele ser para estropearlo. “Pá cagarla”, que diría el castizo.

Ayer el ministro Garzón desde su checa del ministerio estaba con el móvil muy pendiente de lo que pasaba en Castilla-La Mancha. De hecho, nada más aprobarse la prohibición de abrir nuevas granjas de porcino, con los únicos votos del PSOE de García Page, Garzón le dio al botón del twitter y publicó unos aplausos; cinco manecitas amarillas aplaudiendo a Page que le había salvado de la quema a costa de traicionar a los ganaderos de la región. Con este ministro y su aversión a España llueve sobre mojado y su manera de comportarse, más como un activista de izquierda que como un ministro del reino de España, nos está dejando perlas dignas de recordar. Por no ir muy lejos, hace pocos meses quiso poner en marcha un “semáforo nutricional” e incluyó con la peor calificación, la que tienen los alimentos no saludables, a alimentos como el jamón o el aceite de oliva. Una barbaridad que tuvo su contestación por parte del sector y de los consumidores. No contento con esto, ha llevado su cruzada contra el consumo de carne a las páginas del periódico inglés “The Guardian”, afirmando que en España se produce y se exporta carne de mala calidad de animales maltratados. En este punto no tengo por menos que acordarme de los sitiados del Regimiento “Simancas” nº 40, que se defendieron mientras pudieron en su cuartel de Gijón, y cuando su coronel vio que todo estaba perdido pidió por radio al crucero “Almirante Cervera” que disparasen sobre ellos, pues el enemigo estaba ya dentro. Pues eso, que tenemos al enemigo dentro del Consejo de Ministros.

Siendo grave todo lo anterior, lo más grave y lo que más me duele como castellano-manchego es que en el pasado pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha tuvimos la oportunidad de mandar un mensaje claro e inequívoco de apoyo al sector y de reprobación de este mal ministro y, en cambio, lo que hizo el PSOE de García Page fue sacar la cara por Garzón y prohibir durante tres años nuevas instalaciones ganaderas de porcino que producen carne de calidad, sometidas al cumplimiento de una legislación muy exigente desde el punto de vista sanitario, medioambiental y de bienestar animal, y que sobre todo crean empleo y riqueza en el medio rural. Es decir, se secundaron las tesis anti ganaderas de Garzón y por eso éste aplaudió. Desde el Partido Popular argumentamos en contra de esta moratoria que se ha llevado a cabo sin contar con el sector, pero de nada sirvió.

Page, del que estamos demasiado acostumbrados a que diga una cosa y haga la contraria, quiso salvar de la quema a Garzón como se salva a los “ninot” indultados en las Fallas. Entre aplausos de la bancada socialista y ante el estupor de los miles de ganaderos de nuestra región que ven como, paso a paso, el cerco se estrecha para ellos con la complicidad de los que tenían que ser sus primeros defensores, el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El pasado miércoles tuve la oportunidad y el honor de acompañar a cientos de ciudadrealeños, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también de la Policía Local, que se concentraron frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta plataforma aglutina a los principales sindicatos y asociaciones profesionales de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local que bajo el lema “No la España Insegura”, defienden la pervivencia de dicha Ley tal como se aprobó en marzo de 2015 con un Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Los congregados, al igual que lo hicieron por toda la geografía nacional, pidieron con una sola voz que se paralice la reforma de un texto pactado por Pedro Sánchez con sus socios de Gobierno, que amenaza la seguridad de los ciudadanos y deja desprotegidos a los policías en su trabajo diario. Esta desprotección afectará a las identificaciones de indocumentados, que no podrán durar más de dos horas; a la presunción de veracidad de los agentes, siendo cuestionados solamente por ser policías o guardias civiles; al material utilizado para el mantenimiento de la seguridad ciudadana; a la celebración de manifestaciones espontáneas o al corte de carreteras sin previo aviso. Esta reforma también servirá para rebajar las infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública.

Esta reforma deja desprotegida no solo a las fuerzas de seguridad, sino a la parte de la ciudadanía que sí cree en el orden y en la convivencia, y favorece a los que quieren romper la estabilidad social y la convivencia. Ya sabemos que Pedro Sánchez vendería a su madre para mantenerse en el poder y en este caso vende la seguridad de los ciudadanos y de los miles de policías nacionales, guardias civiles y policías locales que día tras día salen a la calle para defender la ley y el Estado de Derecho y las libertades colectivas.

Yo tengo claro de qué lado estoy. En el Partido Popular también lo tenemos claro y por eso estuvimos junto a nuestros policías y guardias en todas las ciudades de España y en Madrid Pablo Casado. Y seguiremos estándolo en todas aquéllas movilizaciones que organicen porque nos jugamos mucho.

También quiero señalar que me sorprendió que la subdelegada del Gobierno en Ciudad Real no se haya pronunciado sobre esta cuestión, al menos en público. Está muy bien presidir desfiles y pasar revista a unidades disciplinadas y eficaces, pero ahora esos hombres y mujeres necesitan saber que se les apoya. Necesitan saber que su subdelegada está con ellos y ellas y no con Pedro Sánchez y sus indeseables socios. Pero sé que esto es pedir peras al olmo, porque a la subdelegada la ha nombrado Sánchez y defenderá “usque ad morten”a su jefe de partido. Pero entonces que no presida más desfiles ni asista compungida a los actos y celebraciones de estos hombres y mujeres honrados que ven como su seguridad se ve comprometida por nauseabundos pactos políticos. También eché de menos la presencia de la alcaldesa o de algún representante del equipo de Gobierno municipal, porque allí también había policías locales de nuestra ciudad. En este caso Ciudadanos hace seguidismo del PSOE una vez más.

Espero que recapaciten y escuchen la voz de los que se juegan la vida todos los días por mantener viva la llama de la libertad. Porque al final es de esto de lo que estamos hablando.

Cada vez que gobierna el PSOE los españoles de a pie nos tenemos que familiarizar con términos y conceptos que se acuñan y se ponen en circulación para tapar las vergüenzas de los nefastos gobiernos de izquierda. Uno de esos conceptos fue la prima de riesgo, término desconocido fuera del ámbito de los economistas, que se hizo un hueco en las conversaciones habituales durante el gobierno del infame Zapatero. En julio de 2012 esa prima de riesgo se disparó hasta los 610 puntos y abocaba a España al rescate total, rescate que se evitó por las decisiones acertadas y valientes del posterior gobierno del Partido Popular. Ya no se volvió a hablar más de la prima de riesgo fuera de los ámbitos especializados.

Hoy, con otro gobierno socialista, las cosas pueden ir a peor. Mirando a Europa para ver cuando vienen esos ansiados fondos,dejamos de mirar lo que pasa en nuestro solar patrio. Al igual que surgieron expertos en la prima de riesgo hoy surgen expertos en los mercados mayoristas de la electricidad. Que el lunes 9 de agosto, y los días posteriores, la luz alcanzara nuevos máximos históricos, con un precio medio de 106,74 euros el megavatio hora (MWh), superando así el anterior récord de 106,57 euros que alcanzó el pasado 21 de julio, es culpa de los mercados mayoristas. Si señor autónomo, si usted va a pagar este mes 1.000 euros de luz por mantener abierto a duras penas su negocio, mientras que el año pasado pagó algo más de 600 euros, la culpa no es de Pedro Sánchez ni del PSOE, es de los mercados mayoristas que a usted le tienen manía. Todavía recuerdo cómo concejales socialistas, algunas ONG y asociaciones de distinto pelaje, clamaban hace unos años (con gobiernos del PP) contra la pobreza energética por esos niños que pasaban frío en invierno, porque sus padres nos podían pagar una factura de luz infinitamente más barata que ahora, y cómo callan vergonzosamente hoy ante estos precios en plena ola de calor; o ante esas colas para conseguir alimentos que se forman ante instituciones de la Iglesia Católica y ante los Bancos de Alimentos. Y llegará septiembre y vendrá la vuelta al cole con su cuesta, y no solo económica. La vuelta al cole se planeó cuando aún no se conocía el alcance de la variante Delta del coronavirus, un patógeno más contagioso que siembra dudas sobre si las medidas que se han planteado serán efectivas.

Y mientras, los dirigentes socialistas preocupados porque en las Comunidades Autónomas donde gobierna el PP los ciudadanos pagan menos impuestos y reciben mejores servicios. Y la solución no es aprender de los que lo hacen bien, sino que la solución es subir los impuestos a todos. Igualar pero pagando más para mantener los 22 ministerios y el ejército de altos cargos y de asesores. Y en septiembre también finaliza la prórroga de los ERTES. Tras conocer los buenos datos de empleo propiciados por el sector turístico, parece que nos hemos olvidado de los miles de trabajadores que están en esta situación y conviene recordar que, pese al repunte de la afiliación en julio, las principales actividades del sector turístico aglutinan 177.302 afectados por ERTE, el 53.4% del total. Por otro lado, y retomando el tema impuestos, en Castilla-La Mancha Page hace seguidismo de su jefe y también se apunta a pedir una subida de impuestos “igualatoria”. Ya nos explicarán cómo van a mantener la maquinaria de la región con los gastos desbocados, creando nuevos órganos con nuevos “organistas” dentro de ellos con sus sueldos, sus coches y sus asesores sin subir impuestos y con menos ingresos de la Administración General del Estado en los presupuestos de 2022. Pues eso, a subir impuestos.

Esta es la triste realidad de España y de Castilla-La Mancha en las postrimerías de agosto de 2021 mientras Pedro Sánchez sigue con sus ensoñaciones y sus viajes a Nueva York y a Mallorca a costa de nuestros bolsillos y Page diciendo allí una cosa y haciendo aquí la contraria.