En la última legislatura socialista en nuestra región, desde el Partido Popular denunciamos el enorme gasto y la gestión poco transparente de la televisión regional. Una televisión que era un sumidero por el que desaparecían ingentes cantidades de dinero público, de dinero de todos los castellanomanchegos y que al emplearse en el mantenimiento de la televisión, se dejaban de dedicar a la sanidad, a la educación o al pago a proveedores.

 Durante la campaña electoral, María Dolores de Cospedal prometió que si llegaba a gobernar en Castilla-La Mancha, se establecerían techos de gasto y de endeudamiento para todos los medios públicos, tanto autonómicos como municipales, y se impulsarían las reformas legislativas para que las administraciones autónomas y locales tuvieran libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitieran la entrada a la participación privada. Ya se intuía que este medio no se estaba gestionando correctamente y lo más grave no es saber que RTVCM costaba a cada habitante de la comunidad 22,18 euros la viera o no, lo que hace la nada despreciable cantidad de 190 millones de euros desde 2006 a 2009. Lo más grave, a mi juicio, es conocer por un prestigioso diario nacional que buena parte de esos dineros públicos se dilapidaban en costosísimos regalos de lujo no sabemos a quién dirigidos. Bolsos de una prestigiosa firma de lujo, corbatas de la misma marca, plumas de otra marca muy conocida que lleva el nombre de un monte de los Alpes y así hasta 180.000 euros de lujos y dispendios. Todo esto unido a supuestas irregularidades en relación a proyectos subvencionados y no realizados por valor de muchos miles de euros, explica que el nuevo director general haya interpuesto una querella contra el anterior director, Candau, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

 Para evitar en el futuro este tipo de conductas y reconducir la paupérrima situación de las televisiones autonómicas, esta semana el Congreso ha aprobado definitivamente tras su paso por el Senado, el proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010 de 31 de marzo de Comunicación Audiovisual que tiene como fin flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicas. Este Proyecto de Ley da libertad a las Comunidades Autónomas para que decidan cómo quieren gestionar su televisión pública y además es un instrumento para ayudarles a garantizar la estabilidad presupuestaria.  Ha sido interesante conocer de primera mano los argumentos de la izquierda para votar en contra de esta modificación. Para los socialistas catalanes el fin de las televisiones públicas es fomentar y acrecentar el uso y conocimiento de la lengua y cultura catalanas, con un poso de adoctrinamiento, añado yo. Para el PSOE su principal miedo residía en que si se privatizan las televisiones autonómicas se puede perder su función de “cohesión social” que dicho en boca del PSOE quiere decir “uso propagandístico”.

 Aún recuerdo hace algo más de un año llegar a un pequeño municipio de la provincia y en plena plaza me espetó un anciano: “vosotros os queréis llevar el agua de Castilla-La Mancha”; perplejo le pregunté a qué obedecía esa afirmación y me contestó: “lo han dicho en la tele de Castilla-La Mancha”. Pues eso.

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Written by Miguel Angel Rodríguez
Diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha por Ciudad Real. Portavoz de la comisión de Economía y Presupuestos. Interesado en Seguridad y Defensa. Es necesario potenciar la cultura de Seguridad y Defensa en España como vacuna contra los que, por ignorancia, quieren romper España. También algún tema LOCAL que refleja mi opinión sobre asuntos de la actualidad municipal.