Gobernar no es fácil. En esta sociedad en la que todos enarbolamos la tabla con nuestros derechos, con la misma vehemencia que Moisés enarbolaba las tablas de la Ley con los Diez Mandamientos, todos tenemos derecho a gobernar si ganamos unas elecciones. Por desgracia no todos están igual de preparados, ni tienen igual de claro su compromiso con la sociedad. Porque eso de gobernar con conocimiento y buscando el bien común ya estaba inventado hace años. Hasta Don Quijote intentó inculcar a Sancho esa forma de gobernar prudente y mesurada al frente de la Ínsula Barataria. De paso, aunque no se refiere en concreto a la actividad pública, el Código Civil nos impone a todos y cada uno de nosotros que nos comportemos en nuestra vida cotidiana con la denominada “diligencia del buen padre de familia”. Detrás de esa expresión se esconde la obligación de actuar de manera diligente y con el debido cuidado en todo aquello que hacemos, extremando todas las precauciones con la finalidad de que nadie sufra daño alguno a causa de nuestras acciones. Esta diligencia del buen padre de familia es la que faltó a los gobernantes del PSOE, que derrocharon el patrimonio de todos, y la que les falta a los que aspiran en la actualidad a derrocar al Partido Popular, a la vista de sus proclamas incendiarias, extremistas y con un concepto de familia bastante alejado de la visión que tenían de la misma los que elaboraron el Código Civil.
Viene esto a cuento de la reunión que ayer celebró en Ciudad Real el Partido Popular. Un encuentro en el que bajo el lema “Gobiernos populares: Mejores servicios a los ciudadanos”, un buen número de alcaldes de ciudades gobernadas por el Partido Popular nos contaron de primera mano lo que han supuesto para sus respectivos ayuntamientos las medidas del Ejecutivo del PP. Unas medidas de financiación para las administraciones territoriales impulsadas por Rajoy y que suponen el mayor apoyo dado hasta ahora a las administraciones locales, configurando a este Gobierno como el más municipalista de la historia reciente. Entre esas medidas que facilitarán a los municipios una mayor viabilidad financiera y garantizarán la prestación de los servicios básicos del ciudadano destaca el Fondo de Impulso Económico, destinado a aquellas entidades locales con acreditada salud financiera y que supondrán una garantía para atender, si fuese preciso, los vencimientos de sus préstamos a largo plazo vinculados a inversiones financieramente sostenibles. También se detallaron las medidas a favor de las comunidades autónomas, como la creación del Fondo de Liquidez Autonómico Social (o FLA social), dotado con 1.282 millones de euros y que aportará liquidez a las comunidades autónomas para financiar el pago de las obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2014 con las Entidades Locales, que deriven de convenios o transferencias pendientes de pago en materia social y empleo. Se trata de una apuesta decidida por aquellas inversiones que generadores de crecimiento económico y empleo. Además, hace dos semanas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se abordó la creación de un nuevo mecanismo de apoyo a la liquidez para que las entidades locales hagan frente a sus deudas, que estará dotado inicialmente con 820 millones de euros y que contará con un tipo de interés del 0% en el año 2015. Y qué mejor lugar para celebrar esta reunión que Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Es un espaldarazo a las políticas económicas llevadas a cabo por Cospedal en la región y por Rosa Romero en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Políticas serias y rigurosas que hacen que el futuro se vea de forma esperanzadora, que garantizan seguir avanzando y que invitan a continuar por esta senda de prosperidad.
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