Cuando a principios del S.XX Sinesio Delgado escribió por encargo del entonces Ministerio de la Guerra su “Salutación a la Bandera”, se refirió a los colores de la enseña nacional con una bella imagen: “manchada por el polvo de las tumbas, teñida con la sangre de los muertos”. Mucha de esa sangre ha sido vertida a manos de terroristas para los que la vida de las personas valía menos que nada. Fueron años duros, años tristísimos para España que veía como los mejores de entre nosotros iban cayendo asesinados a traición y por la espalda. Tras la sangre vertida quedaban familias rotas por el dolor que además, en algunos casos, cosechaban la incomprensión y hasta el desdén, de sus vecinos. Una incomprensión que llegaba incluso desde algunos ámbitos de la Iglesia vasca de la que aún recuerdo algunas nauseabundas cartas pastorales del obispo Setién, en las que hablaba de la “problemática política de ETA” o llegaba a equiparar a víctimas y verdugos. El asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un antes y un después en el apoyo social a las víctimas del terrorismo. Los éxitos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la implacable fuerza del Estado de Derecho hizo posible un debilitamiento de ETA y las víctimas veían cómo los asesinos de sus familiares acababan en la cárcel.
Por desgracia, la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido a infligir un daño añadido a las víctimas. El Gobierno del Partido Popular ha utilizado todos los recursos que tenía a su disposición para que la “Doctrina Parot” avalada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se mantuviese como resarcimiento moral a las víctimas y como el más eficaz instrumento en la lucha contra el terrorismo y contra los crímenes más abyectos. No hemos sido capaces de convencer a esos jueces de lo necesario de mantener esa medida, ni siquiera al único juez español, el socialista López Guerra. Pero lo cierto y verdad es que España forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ha sido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, quienes han establecido que las sentencias del Tribunal Europeo son de obligado cumplimiento para todos los poderes del Estado; por tanto, la sentencia del TEDH ha de ser cumplida y ejecutada por los Tribunales de Justicia en España; en este caso, por la Audiencia Nacional con total independencia. Dicho lo cual, que a nadie le quepa duda que la política antiterrorista del Gobierno no va a cambiar. Además, el Gobierno ha aprobado una reforma del Código Penal que evitará en el futuro casos similares al establecerse la pena de prisión permanente revisable. El Partido Popular, al igual que todos los españoles de bien, hemos sentido el zarpazo del terrorismo en nuestras carnes, por eso hoy domingo estamos con las víctimas en la manifestación que han convocado en Madrid bajo el lema “Justicia para un final con vencedores y vencidos”. Siempre estaremos con las víctimas, eso lo tenemos claro. En cambio los que negociaron con ETA el fin de la doctrina Parot, con Zapatero a la cabeza, no pueden decir lo mismo.
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