Seguramente de lo que más se ha hablado esta semana es de transparencia. El Gobierno de Mariano Rajoy escuchó el clamor de los ciudadanos en este sentido, convirtiéndose en el primero que ha aprobado una norma que no fueron capaces, o no quisieron sacar adelante sucesivos gobiernos del PSOE, pese a que antes la transparencia era tan necesaria como ahora, o quizá más. Más allá de los cotilleos de ver qué político cobra más o menos que otro, es una herramienta útil para aportar luz sobre la gestión pública. Si consideramos que la participación es la base de una sociedad efectivamente democrática, para que haya efectiva participación se requiere transparencia (sólo hay participación inteligente cuando se puede procesar información). A su vez, la transparencia es la base de la probidad: sólo una sociedad informada del gasto público puede fiscalizarlo. Participación, transparencia y probidad u honradez son el nuevo triángulo virtuoso, a decir de algunos especialistas en la materia. En el Partido Popular no tenemos miedo a que los ciudadanos sepan, y esta ley sin duda es el primer paso para consolidar la idea de que las Administraciones Públicas carecen de un derecho general a la opacidad y que, en lo sucesivo, habrán de responder a los requerimientos de información de los ciudadanos.
Pese a que la ley nacional deja un año de plazo a las Comunidades Autónomas para que desarrollen sus propias webs de transparencia, en Castilla-La Mancha el Gobierno de Cospedal hace sus deberes rápido, como siempre. Así, el pasado jueves y casi coincidiendo con la entrada en vigor de la ley nacional, el portavoz del Gobierno regional anunciaba la aprobación del anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno, normativa que podría entrar en vigor antes de que acabe esta legislatura. Esta medida pretende regular la transparencia en la gestión de la Administración Pública, dando publicidad a las actividades y funciones de los gestores. Además incluirá principios de buen gobierno y actualizará las declaraciones de bienes de los responsables públicos, actualizando el sistema e incorporando un régimen sancionador. La ley fomentará igualmente la participación ciudadana para poder recibir sugerencias y «contar con toda la sociedad para tener mejor prestación de servicios», en palabras de Leandro Esteban. La Ley de Transparencia de Castilla-La Mancha pretende adelantarse a la normativa estatal, incluyendo además una veintena de indicadores adicionales a los que marca la ley nacional. Así, por ejemplo, se podrán conocer los pagos y los cobros del plan de tesorería de la Junta y habrá un detalle importante y pormenorizado de estos pagos. El Ayuntamiento de Ciudad Real tampoco se ha quedado atrás en este empeño por ser transparente, y hace escasos días conocíamos que la plataforma “ePolitics.org”, una web especializada en transparencia y dedicada a averiguar si los actuales políticos son transparentes, comunicaba a la alcaldesa que le había concedido el “sello de transparencia”. Sin duda una buena noticia que redundará en beneficio de la administración local al hacerla más transparente y accesible.
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