Ya se que el titular puede generar confusión. Cualquier lector de buena fe que sólo lea el titular puede pensar que se refiere a que el natural progresismo del PSOE le impulsa a luchar por la defensa de los salarios de los ciudadanos. Nada más lejos de la realidad. Con ese titular me refiero a que el PSOE de Castilla-La Mancha, con su secretario general a la cabeza, lucha por “sus” salarios.
Desde que el 1 de enero de 2013 entró en vigor la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha que modificaba el sistema de retribuciones de los parlamentarios de la comunidad autónoma, el PSOE no ha cesado en su intento de seguir cobrando un sueldo por el desempeño de esa labor parlamentaria. De nada han servido los sondeos que indicaban que más del 93% de los ciudadanos de la región veían con buenos ojos una medida que persigue rebajar el gasto público además de lanzar un necesario mensaje de austeridad en tiempos en los que tantos ciudadanos han tenido que apretarse el cinturón. Era de sentido común que las Cortes de Castilla-La Mancha acompasaran su ritmo a ese sentir ciudadano. En definitiva, la medida gustó a todos menos al PSOE que, en su afán por intentar seguir cobrando del menguado erario público regional, llegó incluso a presentar un recurso de amparo ante el mismísimo Tribunal Constitucional.
El también senador García-Page embarcó en la empresa a sesenta senadores socialistas que prestaron su firma para poder presentar el recurso. Los recurrentes alegaban ni más ni menos que dicha reforma vulneraba el “núcleo esencial del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos protegido por el artículo 23.2 de la Constitución Española. El Constitucional sabía que tras la reforma del Reglamento, los diputados castellano-manchegos pasaron de un sistema que les permitía optar por un régimen de dedicación exclusiva, a otro en el que sólo los cargos previamente determinados por la Mesa de la Cámara pueden desempeñar su función en régimen de dedicación exclusiva (con derecho a un sueldo); el resto de parlamentarios pasan a percibir una cantidad en concepto de indemnización por los gastos derivados del ejercicio de sus funciones. Pero según los senadores socialistas recurrentes, la reforma es inconstitucional porque modifica “de forma sustancial y de manera sobrevenida el sistema de percepciones económicas de los parlamentarios autonómicos”. En su opinión, las retribuciones de los diputados forman parte del “núcleo esencial” del derecho de los ciudadanos a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad. Dicho de otra forma, que García-Page cree que cobrar un sueldo por dedicarse a la política es un derecho fundamental. Me consta que esta concepción, propia del que se ha dedicado toda la vida a la política remunerada, ha sentado mal incluso en concejales socialistas de pequeños municipios que se dedican a sus labores sin percibir sueldo alguno. Pues bien, la sentencia ha sido taxativa: según la reiterada jurisprudencia del TC, el derecho fundamental del art. 23.2 CE “se circunscribe al derecho al cargo y a permanecer en el mismo, pero no comprende el derecho al percibo de cantidades que puedan estar previstas en las leyes o normas aplicables”. Es decir, el cobro de las retribuciones previstas para un cargo queda “fuera del ámbito” del citado derecho fundamental “y no puede ser objeto desde ese punto de vista de un recurso de amparo”. Tremendo varapalo el recibido por García-Page que le debería hacer reflexionar sobre su futuro político inmediato.
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