El pasado miércoles el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha presentó en el registro de la Cámara su propuesta de modificación del Reglamento de la misma. A grandes rasgos viene a significar que a partir del 1 de enero los parlamentarios regionales dejarán de cobrar un sueldo fijo y empezarán a cobrar por asistencia a plenos y comisiones. Esta medida ya fue anunciada por la presidenta Cospedal en el pasado debate sobre el estado de la región y hay que decir que fue muy bien acogida por la práctica totalidad de los ciudadanos. El PSOE regional, que no anda muy fino en sus intervenciones sobre este tema, ha señalado que la propuesta se presentó “(…) en mitad de un puente, intentando que nadie se entere del verdadero calado de las decisiones que toma”. Si tenemos en cuenta que la propuesta se presentó el miércoles 31 de octubre y que ese día para la portavoz socialista nos encontrábamos “en mitad de un puente”, cabe deducir que el PSOE se encontraba de fiesta desde el lunes. Eso es un puente y lo demás son tonterías. Por lo declarado parece que la propuesta les pilla de nuevas cuando en la región y fuera de ella no se habla de otra cosa y se ensalza la decisión valiente de Cospedal en un momento muy complicado para las arcas regionales y que hace que haya que tomar decisiones como esta que supondrán un ahorro de alrededor de un millón de euros anuales.

Creo que cuando alguien dedica parte de su vida a la “cosa pública” debe ser consciente de que asume determinadas obligaciones en cuanto a su forma de actuar y comportarse en relación a los demás. No hace falta ser seguidor o devoto del taoísmo para suscribir la frase de Laozi que decía que, “para ir delante del pueblo uno debe caminar detrás del pueblo”. Una máxima que viene a representar la esencia de la ejemplaridad en la vida pública en el sentido de que si quieres ser respetado por los ciudadanos debes anteponer sus intereses a los tuyos propios. Debes, en definitiva, buscar el interés general y no el particular. Si todos los que tenemos una función pública nos condujésemos de esta forma seguramente el desapego de los ciudadanos hacia la política o hacia los funcionarios, sería menor. El individuo debe entender que la dedicación al bien común debe conllevar una consecuencia práctica que es la búsqueda de la ejemplaridad. Algunos lo tenemos claro aunque a veces, como humanos, podamos errar.

Los sindicatos de clase vuelven a la carga y han anunciado una nueva huelga general para el próximo 14 de noviembre. Se trata de la primera vez en la historia que habrá dos huelgas generales en el mismo año y contra un gobierno que no lleva ni un año de mandato. No hace falta señalar lo pernicioso que es para la imagen, la credibilidad y la economía de un país un acontecimiento de estas características. Igual de pernicioso, al menos, que los irresponsables sindicatos de clase que a la hora de conservar sus privilegios no dudan en desestabilizar a España en una conducta desleal hacia el país y hacia los ciudadanos. Una huelga, otra más, que es un recurso decimonónico y obsoleto que no plantea ninguna solución a problemas del s. XXI en buena medida generados por esos propios sindicatos que, lejos de defender al trabajador, sólo defienden sus propias prebendas.

La semana pasada el Senado de España acogió la celebración de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas. La función de cámara territorial que la Constitución asigna al Senado se manifestó así en toda su efectividad. Dicha Conferencia acabó con un acuerdo unánime que se materializa en que todas las autonomías comparten que el objetivo prioritario y esencial de todas las Administraciones Públicas es volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo, como garantía del Estado del Bienestar. En consecuencia, la Conferencia de Presidentes expresó su compromiso con la consolidación fiscal, imprescindible para recuperar la confianza en nuestra economía, así como el apostar por políticas que permitan aumentar la competitividad de la economía y asegurar la financiación de las políticas sociales y de los servicios públicos. El mero hecho de que el Gobierno y las Comunidades Autónomas alcanzaran un acuerdo por unanimidad para cumplir los objetivos de déficit ya es noticia reseñable y lanza un mensaje de unidad ante los socios europeos y los mercados.En representación de los presidentes del Partido Popular y en su condición de secretaria general, María Dolores de Cospedal afirmó que había sido una reunión muy “fructífera”, de la que salió un mensaje de “confianza” en el país y en su estructura política. Cospedal se refirió también al modelo de financiación, que dijo “no es bueno” y será necesario evaluar cómo influye en él la crisis, aunque no se requiere un cambio “inmediato”. A nadie se le escapa que la labor de la secretaria general en los días previos a este evento ha sido fundamental para lograr ese consenso tan demandado, esa “necesaria paz autonómica” que decía algún diario.

El pasado martes mientras que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy se encontraba en la reunión de la Asamblea General de la ONU, trabajando para que el resto de países socios y aliados conocieran y apoyasen los esfuerzos del Gobierno para  encauzar la economía del país, unas cuantas miles de personas se dedicaban a alborotar, provocar altercados e intentar asaltar o “tomar”, en su propio lenguaje, el Congreso de los Diputados sede de la Soberanía Nacional. Gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que pese a los insultos y las provocaciones sufridas supieron tener la cabeza fría y actuar en defensa de la legalidad vigente, el asalto al Congreso no se consumó. Si consiguieron una cosa: consiguieron que al día siguiente toda la prensa internacional abriera sus portadas con las imágenes de los disturbios y de las algaradas callejeras dando así una sensación de país inestable y en conflicto, situación muy alejada del sentir de la mayoría de los ciudadanos de España que incluso, desde la discrepancia con el Gobierno, se comportan de forma pacífica.  

El viernes pasado se conmemoraba el Día Mundial del Alzheimer. Una enfermedad cruel que ataca principalmente a nuestros mayores, a aquéllos que han luchado y se han esforzado durante su vida para sacar adelante a su familia y a su tierra. Me gusta especialmente el lema que se eligió para la conmemoración: “Esfuerzo Compartido”. Es un lema que ilustra muy bien la forma de actuar ante esta enfermedad; es una lucha de todos: enfermos, familias, cuidadores, administración…

 Pero me gusta, como digo, especialmente el lema porque sirve también para las actuales circunstancias que nos han tocado vivir. “Vivimos tiempos recios” como dejó escrito santa Teresa de Jesús refiriéndose a la situación por la que atravesaba la Iglesia, y esos tiempos recios hay que afrontarlos precisamente con esfuerzo compartido. La puesta en marcha hace un año del  Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos se trataba en esencia de eso, de un esfuerzo compartido. Ante una situación crítica de la región, una región endeudada y al borde del colapso, se nos pidió un esfuerzo conjunto y sostenido que algunos no han querido hacer. Los que gobernaron hasta antes de ayer y fueron los causantes últimos de la situación se pusieron enfrente, en vez de trabajar codo con codo en la salida de la crisis. Dicho plan actuó como un bloque de contención para evitar el colapso de los servicios sociales públicos en nuestra región tras décadas de despilfarro y de negligencia en la gestión y gracias a él Cospedal y su gobierno han generado la confianza necesaria para darle la vuelta a la situación.

La semana pasada los dirigentes catalanes han tomado dos decisiones aparentemente contradictorias pero que ilustran a las claras su forma de entender las relaciones de Cataluña con España. Por un lado, han formalizado la petición de 5.023 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico, lo que supone un 28% de la cantidad total de dicho fondo. No en vano Cataluña ostenta el triste récord de ser la comunidad más endeudada acaparando el 30% de la deuda autonómica. Por otro lado, han amparado y respaldado una multitudinaria manifestación independentista en la que participaron destacados miembros del gobierno catalán.

 El presidente de la Generalidad, Artur Mas, compareció un día después para hacer balance de la manifestación. Previamente a la misma, Artur Mas declaró a preguntas de una periodista de la BBC que sin el pacto fiscal «el camino hacia la independencia está abierto». También el líder de Unió, José Antonio Duran Lleida, pidió ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que entienda «el clamor de la manifestación» que demuestra que «Cataluña no quiere vivir en las actuales circunstancias de ajustes fiscales». Pese a estas declaraciones Duran Lleida fue abucheado al incorporarse a la marcha e incluso algunos manifestantes acabaron lanzándole monedas.

Con el verano dando sus últimos coletazos y ya metidos en septiembre toca empezar a tocar temas “candentes”. Esta semana que termina han sido noticia dos jueces. El primero de ellos, el juez Gómez Bermúdez, ha decidido investigar al ministro del Interior por una posible revelación de datos del “caso Cordón”. Este tipo, que tiene el mismo apego a las cámaras que su ex colega Garzón, sabe que su decisión no deja de ser “mediática” ya que la competencia para investigar un posible delito de revelación de secretos sería del Tribunal Supremo, tratándose de un aforado. Pero lo que es de traca es que el tal Gómez Bermúdez se quiera convertir en el guardián de las esencias de la discreción judicial teniendo en cuenta que siendo juez del 11-M fue protagonista, dicen, de una de las indiscreciones judiciales más sonadas de la historia y que dieron lugar a un jugosísimo libro escrito por su propia mujer!!! Hay gente “pa tó”, como diría “El Gallo”.

El segundo juez del que quiero hablar, y esto es más serio, es el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, que ha decidido conceder la libertad condicional «por razones humanitarias» al preso de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga, enfermo de cáncer con metástasis. El magistrado apoya su decisión en los «principios de humanidad y derecho a la dignidad de las personas» que, afirma, «tienen que predominar sobre cualquier otra consideración legal» y no pueden ejercerse «en plenitud en la cárcel». Humanidad por cierto, que no es un rasgo o cualidad que adorne al criminal Bolinaga. Para Castro, los límites para los «principios de humanidad y dignidad» no se encuentran en las características penales o personales del delincuente, «sino en la incidencia de la enfermedad y en su capacidad para delinquir». El fiscal puede presentar un recurso a esta decisión judicial, ya que el auto adolece de ciertos defectos que lo harían posible. Este recurso del fiscal está siendo solicitado por las asociaciones de víctimas y por la sociedad en general, que lo ven como un último intento de que Bolinaga  no salga de la cárcel.

Ante unas recientes declaraciones del Ministro de Educación, la izquierda política y mediática ha saltado como un resorte contra el ministro y por ende contra el gobierno del Partido Popular. La enormidad que ha dicho José Ignacio Wert es, más o menos, lo que sigue: Wert ha defendido que en un contexto en el que predomina de una forma «abrumadora» la coeducación o educación conjunta de chicos y chicas, «habría que examinar la educación diferenciada bajo el prisma de la libertad de elección de los padres y de la compatibilidad de ese modelo educativo con los valores constitucionales». Y ha afirmado también que no descarta un «cambio legislativo» que permita «evitar las dudas que puedan existir» respecto a este tipo de enseñanza,  lo que abriría a estos centros la puerta al concierto educativo. Por lo anterior, la izquierda más radical se ha apresurado a defender “su” modelo educativo que por supuesto es más justo, democrático, tolerante e integrador que ninguno.

En Castilla-La Mancha fruto de las condiciones climatológicas veraniegas y de la propia configuración del territorio, los incendios están a la orden del día. Se producían antes, ahora y por desgracia se seguirán produciendo en el futuro. Sucede que a veces los incendios no son por causas fortuitas, sino que se producen por la acción del hombre. Por descuido, por negligencia o directamente por afición o por cualquier otro motivo criminal y espurio. Aparece entonces la figura del pirómano.

A día de hoy el PSOE de Castilla-La Mancha se está comportando en este tema de una forma que coincide con la patología básica del pirómano. Coinciden en ese interés por el fuego que ha hecho que desde que avistaron la primera columna de humo no hayan hablado de otra cosa y hayan basado toda su oposición al partido del gobierno en criticar las medidas tomadas o las que se han dejado de tomar, según ellos, para la lucha eficaz contra el fuego. En este tema como en otros el principal partido de la oposición, el PSOE, vuelve a demostrar una capacidad para olvidar sus propias acciones que raya en la amnesia. Desde que el fuego abrasa a España el PSOE ha hecho lo que mejor sabe. En vez de ayudar ha criticado. En vez de tranquilizar a la población se ha dedicado a sembrar dudas, miedos y desconfianzas. En una actitud consustancial a las izquierdas se ha dedicado, también en este tema, a dividir a los españoles.