La destitución del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos es la guinda que corona el pastel que el ministro del Interior Marlaska lleva cocinando desde hace tiempo. Un pastel con un merengue amargo que no es otro que el intento de control de la Benemérita para uso partidario y contra los rivales políticos del PSOE. Pérez de los Cobos es un jefe curtido en la lucha contra ETA y posteriormente curtido en los despachos, a veces tan peligrosos como la calle. Es, ante todo, un guardia civil que hace efectivo en su proceder lo que figura en el artículo 1º de la Cartilla del Guardia Civil: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás.” Pérez de los Cobos ha sido cesado por cumplir con su deber de no informar al ministro de las investigaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil por orden judicial, en relación a la autorización de la manifestación del 8-M cuando ya existía una alarma sanitaria internacional. Se le purga por investigar la negligencia criminal del Gobierno de Pedro Sánchez, pero además se atiende a la petición de ERC que se la tenía jurada al coronel por su actuación en Cataluña durante la farsa del referéndum ilegal del 1-O.

La destitución de Pérez de los Cobos se une así a la del también coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), la principal unidad de investigación de la Guardia Civil, que persigue las más graves formas de delincuencia, corrupción y crimen organizado, en teoría por haber enviado un mail a sus subordinados en los que les alertaba de «la imposibilidad de hacer frente a necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos departamentos de investigación y apoyo”. Lo cierto es que este cese, cercano al momento de la moción de censura que aupó a Sánchez al Gobierno, obliga a incluir otra derivada en la ecuación: Corbí denunció en  febrero de 2019 en una entrevista concedida a La ‘Vanguardia’ que el PNV había ido en muchas ocasiones de la mano de ETA y situó a la formación en el “bando de los malos” de la lucha antiterrorista. Los nacionalistas reaccionaron exigiendo al Ejecutivo de Rajoy la destitución del coronel. El Gobierno de Rajoy mantuvo en el cargo a Corbí.

¿Y la directora general qué dice? La nueva directora general fue presentada a bombo y platillo como “la primera mujer al frente de la Benemérita”. Desde entonces han pasado cuatro meses en los que su inacción en cuanto a la incidencia del coronavirus en la Institución armada ha sido clamorosa. Por si esto fuera poco apenas unas horas después de conocerse el cese de Pérez de los Cobos ha dimitido el Director Adjunto Operativo, teniente general Laurentino Ceña. Según algunos altos mandos es normal que el número tres en la cadena de mando tras el ministro y la directora general saque la cara por su subordinado tras un cese tan arbitrario. Lo que ha sucedido es muy grave y debería tener consecuencias para el ministro. Como bien ha recordado la Asociación Profesional de la Magistratura en un comunicado, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone en su artículo 31.1 que en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del ministerio del Interior, pero funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. El artículo 34 de la misma ley explica que estos investigadores no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado hasta que finalice la misma, si no es por decisión o con autorización del juez o fiscal competente. Y por supuesto tienen la obligación de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas.

Urgen explicaciones de Marlaska, lo que ha dicho hasta ahora no se lo cree nadie, y urge que el Gobierno saque sus manos de la Guardia Civil y no siga comprometiendo el prestigio de una Institución con 176 años de historia y que lleva el honor como divisa

No hacía falta que el propio Pedro Sánchez lo confirmara para que todos advirtiésemos que este Gobierno no tiene Plan B, más allá de seguir prolongando sine die un estado de alarma cuya excepcionalidad se ha convertido en habitualidad para un Gobierno sobrepasado por los acontecimientos.

Debido a la paralización total de la actividad económica debido al confinamiento, como casi única medida adoptada para frenar la propagación del virus, se va a producir una recesión que en España será mucho más grave y continuada en el tiempo que en el resto de Europa. El Gobierno social comunista tampoco estará a la altura de lo que se les viene encima y volverá a tropezar en la misma piedra que tropezó Zapatero en la anterior crisis. Esa piedra no es otra que el hecho de intentar influir en la economía únicamente mediante un aumento del gasto público que generará más deuda, más déficit y más desempleo. Todavía recordamos los escasos efectos positivos del famoso Plan E de Zapatero, que creó empleo precario durante pocos meses, que llenó las ciudades de obras innecesarias y que ahondó la crisis que sufrían empresas y familias. También será necesario acometer recortes por importe de 6.000 millones de euros al año durante varios años, según adelantó el Gobernador del Banco de España.

Hoy ya se intuye que Pedro Sánchez seguirá los pasos de Zapatero y que se cocinarán las mismas recetas, con el añadido del aumento de impuestos. Esto se da casi por hecho después de que el vicepresidente Iglesias haya dicho en más de una ocasión que hay unas diferencias en materia de recaudación con Europa de entre 5 y 7 puntos del PIB, lo que en la práctica quiere decir que considera que hay margen para subir los impuestos por valor de unos 60.000 millones. Una subida de esa magnitud puede generar un parón en el consumo sin precedentes. Y desde luego esas recetas no consiguen generar empleo que es la única receta posible para salir de la crisis, sino más bien al contrario.

Frente a esto ya existe un plan alternativo del Partido Popular para la recuperación económica de España. Un plan que implica exonerar de impuestos a la apertura o reapertura de empresas quebradas por el COVID19 hasta fin de año. Recuperar y extender la tarifa plana de 50 euros para autónomos. Extender el pago de los ERTE hasta final de año. Crear contratos bonificados para incorporar a trabajadores procedentes de despidos por el COVID19 y desde luego ampliar los mecanismos de liquidez a empresas y a autónomos para evitar su cierre. Hoy la única alternativa fiable para sacar a España de la crisis que se cierne sobre nosotros vuelve a ser el Partido Popular y su plan de desconfinamiento inteligente.

La normalidad de una tarde de confinamiento se ha visto alegremente alterada por el ruido de rotores que revolvían el aire. Tres aparatos en formación han entrado por el norte, dejando Ciudad Real a su izquierda. Desde luego no es un ruido al que no estemos acostumbrados teniendo la Base de Helicópteros de Almagro a pocos kilómetros de la ciudad.

Los aparatos eran un Cougar, un NH90 y un Chinook pertenecientes a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), que se encuentran en la Base del BHELA I de Almagro preparando su despliegue en Irak. No es la primera vez que el contingente que tiene que desplegar utiliza la base manchega para su puesta a punto, y por ello todo el personal que compondrá el ISPUHEL XII se encuentra allí de nuevo realizando maniobras de integración conjunta. Las instalaciones del Batallón que manda el teniente coronel Galvañ son el marco perfecto para este adiestramiento.

Debido a la incidencia del coronavirus el Ministerio de Defensa decidió hace unas semanas replegar temporalmente a parte de los 600 militares que se encuentran desplegados en Irak, debido a la paralización de las actividades de entrenamiento que las tropas españolas llevaban a cabo con el Ejército iraquí. Lo que se ha hecho es un planeamiento de repliegue para que regresen entre 150 y 200 de los 600 efectivos desplegados. En principio estos militares, la mayoría de la Brigada “Extremadura XI”, iban a estar desplegados hasta el 23 de mayo, mientras que la unidad de helicópteros, la “Task Force Toro”, iba a ser relevada también por esas fechas por las unidades que ahora se preparan en Almagro. El ministerio parece que ha dejado claro que sólo es un repliegue temporal, por lo que el calendario previsto para los helicópteros se mantiene.

El despliegue operativo de los NH90 es un auténtico reto para la aviación del Ejército de Tierra, para el que se lleva preparando desde que conoció su participación en la operación internacional que lucha contra el terrorismo islámico denominada “Inherent Resolve”. También se trata del primer despliegue que se lleva a cabo con el general Francisco Javier Marcos como jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), cargo que asumió en diciembre de 2019 ya con los 75 hombres y mujeres de la ISPUHEL XI desplegados sobre suelo iraquí.

La Estrategia de Seguridad Nacional es el marco de referencia para la política de Seguridad Nacional, una política de Estado que concibe la seguridad de forma amplia al servicio del ciudadano y del Estado. Se trata de un documento que por razones obvias se revisa cada poco tiempo y que cualquier miembro del Gobierno lo debería tener como libro de cabecera. La última versión del documento data de 2017. Pues bien, ese documento tiene un capítulo 4 que se titula: “Amenazas y desafíos para la Seguridad Nacional”. Comienza el capítulo explicando que la Seguridad Nacional se puede ver comprometida por elementos de muy diversa índole según su naturaleza geopolítica, tecnológica, económica o social, entre otras. No todas las amenazas comprometen la Seguridad Nacional, pero todas te hacen más vulnerable, más inestable e incluso pueden provocar nuevas amenazas o agravar las existentes. Porque todas las amenazas suelen estar interconectadas y sus efectos traspasan fronteras. Un conflicto armado es una amenaza; también lo es el crimen organizado; los flujos migratorios irregulares; el espionaje industrial; la vulnerabilidad del ciberespacio o de las infraestructuras críticas…se pueden identificar fácilmente muchas amenazas.

Pero el documento identificaba también un desafío que requería atención. Un desafío que los redactores del mismo no quisieron pasar por alto, advirtiendo así a las instituciones del Estado: las epidemias y pandemias. En este punto el documento se vuelve casi profético a la hora de analizar la pandemia que ahora nos asola y da unas recomendaciones para minimizar sus efectos caso de producirse. Alerta de que somos un país que recibe más de 75 millones de turistas al año, con puertos y aeropuertos que se cuentan entre los de mayor tráfico del mundo, un clima que favorece cada vez más la extensión de vectores de enfermedades, con una población envejecida y una situación geopolítica polarizada, no exenta de amenazas y desafíos asociadas a enfermedades infecciosas tanto naturales como intencionadas. Reducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos infecciosos cuando es factible (por ejemplo, mediante la vacunación), la probabilidad de introducción de riesgos infecciosos (por ejemplo, mediante el control e inspección de mercancías en frontera), así como la probabilidad de transmisión interna de enfermedades (por ejemplo, mediante buenos programas de prevención y promoción de la salud o buenos sistemas de saneamiento) es fundamental para minimizar los riesgos y su posible impacto sobre la población. Los autores son conscientes de que esos riesgos no se pueden eliminar por completo. Por ello insisten en que es necesario reducir la vulnerabilidad de la población, desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios, tanto genéricos como específicos, y sobre todo asegurar una buena coordinación de todas las administraciones implicadas tanto a nivel nacional como internacional. Pues este documento parece que no fue leído por nuestros gobernantes. Y es evidente que si se hubiera tenido en cuenta quizá ahora no estaríamos hablando del número de fallecidos que tenemos. La prevención siempre es la mejor herramienta, y a la vista del alto número de fallecidos – España está a la cabeza de muertes per cápita sobre el resto de países- considero que sería fundamental que este Gobierno respondiese a dos preguntas al menos: ¿qué hizo para prevenir los contagios? Y sobre todo ¿Cuándo lo hizo?

Ahora lo que nos queda es tomar medidas para conseguir que se reduzcan los contagios y las muertes, pero también toca pensar en el día después. Pensar en cómo saldremos de ésta, sobre todo cuando miles de españoles están sufriendo ya las consecuencias económicas de esta pandemia. En este punto introduzco dos conceptos que Andrés Ortega, analista del Real Instituto Elcano, pone sobre la mesa en un reciente artículo publicado por ese centro de pensamiento estratégico. Ortega se refiere a la histéresis y a la antifragilidad (concepto que él mismo toma de Nassim Taleb). La histéresis es la tendencia de un  material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que las ha generado. Si hablamos de esta pandemia, se trataría de saber si quedarán efectos permanentes de la crisis una vez que se superen las causas que la originaron. Y la antifragilidad, que es la propiedad de los sistemas para incrementar sus capacidades tras haber experimentado un shock. Es decir, si tras esta crisis del Coronavirus seremos capaces no ya de resistir y de conservar, sino de mejorar. Considero que todos debemos trabajar para eliminar la histéresis, que no queden efectos negativos permanentes, y a favor de la antifragilidad: que salgamos de ésta siendo una sociedad mejor. Para eso todos tenemos que arrimar el hombro, que no es lo mismo que decir amén a todo lo que haga el Gobierno.

Ahora el futuro no sólo es incierto, como sucedía hasta ahora, sino que se abre una etapa completamente desconocida con enormes nubarrones en el horizonte, tanto internamente como en el plano internacional. Es ahora cuando los políticos tienen que demostrar su talla, porque la historia nos enseña que cuando los pueblos sufren graves perturbaciones sociales, se ponen a prueba las actitudes, los valores y las propias instituciones que sustentan la convivencia. Por eso no se puede permitir que la desestabilización venga del propio Gobierno, con un vicepresidente que se permite cuestionar a la Jefatura del Estado o al Poder Judicial en plena pandemia, porque estas actitudes pueden tener graves consecuencias.

Esta crisis debe suponer un punto de inflexión y no sólo una alerta. Es preciso que, cuanto antes, tomemos conciencia  de todos los aspectos de la misma y es urgente que nos enfrentemos a ellos con valor, inteligencia y sin nostalgias de mundos perdidos ni utopías irrealizables, sino con un planteamiento serio de una realidad que nos concierne a todos y más aún a las generaciones que vienen detrás de nosotros con las que tenemos una obligación que no podemos eludir. Una obligación aún mayor en quienes tenemos algún papel en la tribuna política, aunque evidentemente no pueda tener la misma responsabilidad el que gobierna que el que está en la oposición. En cualquier caso considero que debemos huir del escenario de “sálvese quien pueda” y avanzar hacia un escenario de “inteligencia colectiva internacional” también esbozado por Ortega. Un escenario que prime la colaboración internacional público-privada en la lucha contra el virus (medios sanitarios, apps, tratamientos y vacuna) y en la salida de la crisis económica. Que se coordinen estímulos económicos y ayudas directas a los Estados por parte de las instituciones europeas y que haya líneas de ayudas reales en España para los que peor lo están pasando. Para parados y para autónomos y pymes. Los ciudadanos deben recuperar la confianza en sus Gobiernos, ahora muy deteriorada, pero para eso los Gobiernos no pueden ser soberbios y deben reconocer los errores y pedir perdón por los fallos que se han  cometido y que han costado miles de vidas. En momentos graves es cuando se mide a un político, pero también a una sociedad.

Este 2020 se cumplen cien años de la creación de la Legión. El sol africano de Dar Riffien, la meseta castellana, los puentes de Sarajevo o la ruta Lithium en Afganistán, son sólo algunos de los lugares donde los legionarios han vertido su sangre despreciando el peligro.  

Pero hoy 11 de abril además se cumplen 83 años de la muerte en combate del capellán legionario Fernando Huidobro, S.J. Nacido en 1903, Huidobro tuvo que exiliarse en 1932 después de la expulsión de los jesuitas por el gobierno de Azaña. Cuando estalla la guerra en España regresa y se une a la Legión como capellán, concretamente en la IV Bandera «Cristo de Lepanto». Esta bandera se creó en 1921 por orden del fundador Millán Astray para dar servicio a las posiciones de Dar Riffien. Realizó su bautismo de fuego en el socorro a la posición de “Monte Magán” (inmediaciones de Guad Laud) durante los días 10, 11 y 12 de octubre del año 1921, por su heroico comportamiento durante el mismo le fue concedida su primera corbata, la cual cuelga hoy de su guion junto con 2 cruces Laureadas de San Fernando, 3 Medallas Militares Colectivas, la Cruz Francesa con Palmas de Oro y 6 corbatas más. Como curiosidad, la IV Bandera jamás se podrá disolver al ser la única unidad del ejército español en tener una compañía con la «Laureada de San Fernando”, la tercera compañía depositaria de la 16 ª.

Volviendo al padre Huidobro, amanecía el domingo 11 de abril de 1937 y su Bandera participaba en los combates de la carretera de La Coruña, en el frente de Madrid. Pese a ser domingo los combates no se detenían y las fuerzas de las Brigadas Internacionales batían las posiciones legionarias con multitud de proyectiles del calibre 122/46, conocidos como “doce cuarenta”. La muerte se hacía fuerte y se llevaba las vidas de los legionarios a los que sólo les quedaba aferrarse a la fe en ese último trance. Para eso estaba allí el padre Huidobro. El “curita”, crucifijo en mano, con actitud valiente y desprecio de su propia vida se afanaba en dar la extramaunción a los caídos de ambos bandos y confortarlos espiritualmente en sus últimos momentos en la tierra. No había tregua, los proyectiles seguían cayendo, las balas trazaban su camino siniestro  y el páter seguía de un lado a otro cumpliendo con su misión.

Ante la dureza de los enfrentamientos, el capitán Iniesta, que mandaba el sector de la izquierda y que tras la guerra llegó a teniente general y posteriormente a Director General de la Guardia Civil,  ordenó al páter que se retirase inmediatamente al puesto de socorro. Huidobro dejó el puesto de vanguardia y se retiró a confortar a los heridos que llegaban al chalét de Aravaca que servía como improvisado hospital de campaña. Allí a los 34 años murió alcanzado por un proyectil de artillería que impactó contra el edificio. Se esforzó por humanizar la contienda e incluso llegó a denunciar excesos y brutalidades en su propio bando, redactando escritos a Franco y a otros mandos en los que denunciaba como «asesinatos, no actos de justicia» algunas ejecuciones prisioneros.

A día de hoy, el capellán de la IV Bandera sigue siendo un figura admirada con devoción entre los legionarios, ya sean antiguos o en activo. Sus restos descansan en la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano de Madrid. Desde 1947 se encuentra abierta su causa de beatificación.

En Castilla-La Mancha hay Cortes y hay Gobierno, que parece que hay que recalcarlo. El Estatuto de Autonomía recoge claramente cuáles son las funciones de cada órgano para asegurar que la separación de poderes es efectiva. Las Cortes de Castilla-La Mancha representan al conjunto de los ciudadanos de la región. No nos representa Page, ni su Gobierno, ni los partidos políticos, son las Cortes las que nos representan a todos. Entre las competencias de las Cortes se encuentra la de controlar la acción de Gobierno y es opinión común de la doctrina jurídica que si no ha expirado el mandato de las Cortes, en Castilla-La Mancha no ha expirado que se sepa, el control es la primera de las funciones parlamentarias. Además el artículo 2. g) del citado Estatuto consagra otra función fundamental de las Cortes que es la de exigir, en su caso, responsabilidad política al Consejo de Gobierno y a su Presidente.

 Pues bien, en estos momentos cruciales en los que el Parlamento ha de ocupar una posición de privilegio en el mapa político, una posición indisolublemente vinculada a su relación con la democracia, una relación que conlleva la necesidad de reivindicar la identificación del Parlamento con la limitación del poder, en estos momentos de tribulación cuando los ciudadanos vuelven sus ojos hacia sus políticos en busca de soluciones, en estos momentos, García Page cierra el Parlamento. Que los socialistas se nieguen a dar explicaciones en las Cortes no solo vulnera el Estatuto de Autonomía, sino que, por analogía con las Cortes Generales, la negativa a someterse al ejercicio de la función parlamentaria de control vulnera varios artículos de la Constitución. El decreto que establece el Estado de Alarma  para nada alude al hecho de que las Cortes de Castilla-La Mancha tengan que permanecer cerradas, porque el parlamento es democracia y es el órgano que legitima el poder político.

El cierre, horas después de que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, pidiera la comparecencia de Page para explicar qué gestión se está haciendo  de esta crisis sanitaria en la región, es un torpedo a la línea de flotación de la democracia en Castilla-La Mancha. Yo diría que marca un antes y un después. Bajo ningún concepto una situación excepcional como la que estamos viviendo puede suponer el menoscabo de las garantías constitucionales ni el arrogarse un poder absoluto más propio de regímenes dictatoriales que de democracias avanzadas como la española. En España y en otras regiones, el Parlamento sigue funcionando con las medidas básicas que todos sabemos que hay que adoptar para evitar el contagio y la propagación del virus. Para “chapar” el Parlamento el presidente de las Cortes se basa en unos informes jurídicos que hacen una interpretación estricta del Reglamento de la Cámara, pero creo que en este punto sería bueno para todos recordar a Ortega y Gasset cuando advertía que, “por encima de la corrección jurídica, los pueblos piden a sus instituciones una imponderable justificación y que si no se la dan, un día u otro esas instituciones son tronchadas” (J. ORTEGA y GASSET, Vieja y nueva política, Renacimiento, 1914, p. 39). Es más necesario que nunca que las Cortes sean útiles a los castellano-manchegos.

Hoy jueves 9 de abril, tenemos 1.322 fallecidos en la región según los datos oficiales. 1.322 razones para exigir al presidente García Page que no se esconda en su palacio de Fuensalida.  Que dé la cara en las Cortes de Castilla-La Mancha, que comparezca y les diga de tú a tú a los familiares de esos 1.322 hombres y mujeres de nuestra región que tenemos medios, que tenemos respiradores y camas de sobra, y que todos los que están en primera línea tienen las medidas de protección adecuadas y suficientes. Tenemos derecho a saber y García Page tiene la obligación de comparecer.

La Guardia Civil es una institución querida y respetada en España. Los españoles estamos en deuda con este Instituto armado por sus innegables servicios a la causa de la libertad, regados con la sangre generosa de sus miembros. La Guardia Civil muere pero no se rinde, se escuchaba en los funerales de los miembros del cuerpo sacrificados en el altar de la democracia en la lucha contra ETA. Todos los gobiernos democráticos desde la Transición han confiado en ella, la han respetado y han dejado su actuación en manos de sus mandos, sin interferencias políticas, más allá de la dirección general que ostenta un civil y que no debe inmiscuirse en decisiones operativas. Esta no injerencia puede estar en peligro y comenzó hace algo más de un año cuando el ministro del Interior Grande-Marlaska destituyó a un héroe de la lucha contra ETA. La destitución del máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, generó un terremoto en el seno del cuerpo. En el Instituto Armado llevaba semanas circulando la idea que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba tratando de cortocircuitar la tradicional independencia de sus mandos. El relevo fulminante de Corbí, encargado de las investigaciones de los grandes casos de corrupción, se interpretó como otro paso en esa estrategia. Pero la cosa no ha quedado aquí. En España hemos tenido varias elecciones generales que no han dado la mayoría absoluta a ningún candidato. Por eso de que el fin justifica los medios, y el fin para Pedro Sánchez no era otro que gobernar a toda costa, ha tenido que llegar a unos pactos vergonzosos para lograr la abstención de los partidos golpistas catalanes y del partido heredero de ETA. Y si hay alguien que no se va a dejar domesticar por golpistas y etarras esa es la Guardia Civil y eso lo saben los que han llevado al Gobierno a Sánchez y por ello quieren meter sus sucias manos en nuestra querida Benemérita. Y han pedido cosas, y lo peor es que las han conseguido. Parece que es un hecho que la Guardia Civil perderá sus competencias en Tráfico en la Comunidad Foral de Navarra. Un confinamiento en sus cuarteles que solo puede culminar con la salida definitiva de la Guardia Civil de Navarra. Hace unos días hemos conocido que Marlaska ha cesado al director general de la Guardia Civil, que había respaldado sin fisuras la actuación del cuerpo en Cataluña. Supongo que el nombre del sustituto se propondrá desde la cárcel de Lledoners y el Gobierno de Sánchez acatará sumiso. La Guardia Civil se siente atacada. Me cuenta algún asistente al acto de la Pascua Militar que fue significativo y comentado el hecho de que ninguno de los tres tenientes generales más antiguos del Cuerpo (el Director Adjunto Operativo, el Jefe de Operaciones y el Jefe de Logística) asistieran al mismo. No fue un desplante al Rey, sino a un Gobierno entregado a los que quieren romper España. Podrán relevar al director general, podrán relevar al Jefe de Zona en Cataluña, e incluso podrán relevar al DAO, pero lo que no podrán es acabar con el acendrado patriotismo de la Guardia Civil, ni con la voluntad férrea de todos sus hombres y mujeres de defender la Constitución y las leyes. Estoy seguro de que también valen para la Guardia Civil las palabras de despedida del hasta ayer Jefe del Estado Mayor de la Defensa que concluye su carta de despedida a sus compañeros con un “ante todo España, sobre todo España, siempre España”. Y yo añado: Viva la Guardia Civil

Salvando las distancias y releyendo la historia sin apasionamiento y sin interpretaciones sesgadas, se podrían evitar dolorosas repeticiones. Tras un acontecimiento relevante y dramático del pasado se pueden esconder muchas claves de situaciones actuales, sin duda ya reveladas por autores más prestigiosos que yo, aunque  no me resisto a señalar ciertos paralelismos y dar mi opinión. 

Así, tras la pérdida de las últimas colonias de ultramar en 1898, sobrevino en España una crisis moral, política y social que trajo funestas consecuencias. Cuando un país se debilita, los enemigos de fuera y los de dentro aprovechan para dar la dentellada. En relación a Cataluña, en España ya existían tensiones desde muchos años atrás. Desde la época de la Restauración, los independentistas se remontan mucho más atrás, se fue gestando un movimiento catalanista que en principio no fue secesionista, pero esas tensiones se acrecentaron por una serie de circunstancias que llegaron a su cénit con la pérdida de las colonias y la debilidad extrema de España. Este hecho, que marcó a toda una generación, llevó al por entonces presidente del Consejo de Ministros Práxedes Mateo Sagasta, a pronunciar durante el verano de 1901 un famoso parlamento que recoge así el Diario de Sesiones de la Cámara: “¿Quién duda que Cataluña se ha hecho rica por España y con España? ¿Quién duda que para hacerse rica, ha habido necesidad de concederla (sic) en las leyes ciertos privilegios, que le han dado ventajas sobre sus hermanas, las demás provincias de España? (…) ¿Quién duda que quizá el malestar de nuestras perdidas Antillas haya sido debido a la preferencia que daba España a Cataluña? ¿Es esto hostilidad a Cataluña? ¡Ah, no! Ésta es la realidad de los hechos y ésta es la demostración de que Cataluña no haría bien si no estuviera ligada a España como está ligado el hijo querido a la madre amantísima y cariñosa. (Grandes aplausos).” 

Aun así, durante el primer tercio del siglo XX las tensiones no hicieron sino aumentar. Huelgas, trifulcas, proclamación en 1931 de la república catalana como Estado integrante de la llamada “Federación Ibérica…”, golpe de Estado contra la República en 1934…en definitiva, tensión, caos y muerte. Y no hubo nadie que pusiera cordura frente a una clase política, la catalana, fanatizada. Ahora que han  pasado más de cien años de todo aquello seguimos en las mismas. Con un Estado débil fruto de una gran crisis de valores y con un Gobierno en funciones dirigido por una persona sin ningún tipo de escrúpulo moral como es Pedro Sánchez, los enemigos de España hacen su agosto. Ahora en pleno siglo XXI vuelve a resurgir el fanatismo convenientemente atizado por políticos indeseables. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define como fanática aquella persona que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas. Esa tenacidad desmedida está consiguiendo un país fanatizado en términos políticos, asentado sobre la discordia, reacio a la construcción del bien común y caldo de cultivo de ideologías extremas de derecha y de izquierda. En el mundo mental del fanático, una o varias creencias adquieren una importancia tan vital que le lleva a la intolerancia sistemática de toda idea o comportamiento discrepante. Y por supuesto quiere llevarla a cabo destruyendo cualquier obstáculo que se le interponga convirtiéndose en un “iluminado” violento. Ejemplos de esto vemos casi todos los días, mientras los catalanes que quieren seguir siendo españoles se ven marginados y perseguidos.  

El pulso al Estado se ha redoblado y Pedro Sánchez no solo no es capaz de pararlo, sino que alimenta ese monstruo de intolerancia y radicalidad que es el independentismo, porque quiere ser presidente a costa de lo que sea. Y lo que sea es España. Y lo que sea es el control de instituciones como la Abogacía del Estado. Ya decía Montesquieu, tan maltratado, que “no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia”. En el ámbito de las relaciones internacionales ya se conoce desde hace tiempo el término lawfare (guerra jurídica) como el empleo de la ley como arma bélica. En definitiva se trata de usar la ley de manera que se adecúe a los propios intereses. La ofensiva jurídica del independentismo ha sido un éxito gracias a las concesiones del Gobierno de España, que tampoco ha tenido pudor en usar a la Abogacía del Estado en su propio interés partidista.  

Pero para que todo cuadre y de forma paralela, Pedro Sánchez ha tenido que ir fanatizando a sus propias bases, que ven lógico y normal que se pacte con quien sea a costa de conseguir el Gobierno, como si fuese un botín presto para el reparto. Unos pactos de los que no conocemos las clausulas, pese a que sus consecuencias nos afectarán a todos. Que poco hemos aprendido de nuestros errores. También los hoy vecinos amigables se aprestan para meter la cuchara en este río revuelto que es España gracias a Sánchez. A modo de sonda, el ministro de Exteriores de Marruecos ya ha dicho en varias ocasiones que el reino alauí “está en su derecho soberano” de ampliar su frontera marítima hasta Canarias. Es decir, de delimitar las aguas que rodean las Islas Canarias como aguas pertenecientes al país africano. Pronto nos pedirán “diálogo” sobre la cuestión, del mismo modo que el delincuente Junqueras pide “diálogo” sobre Cataluña. No es cuestión de ser pesimista, pero a la vista de lo que nos espera yo pregunto: ¿es que no queda un socialista decente en toda España? ¿Es que nadie dentro de su partido será capaz de pararle los pies a este iluminado? ¿Dónde está ese García Page que se da golpes de pecho? Nunca Sánchez pudo llegar a más ni España a menos. Estamos asistiendo a la crisis del 98 de nuestra generación. Ojalá en este caso impere la cordura y las consecuencias no sean tan dramáticas.  

*Artículo publicado originariamente en la web www.abiertopp.es el 30/12/2019 y posteriormente en la edición impresa de La Tribuna de Ciudad Real el jueves 02/01/2020

«Procede iniciar el programa de incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, regulando sin demora su acceso a determinados Cuerpos y Escalas militares». Así rezaba el real decreto de 22 de febrero de 1988 que daba el primer paso para la incorporación, en ese momento parcial, de la mujer a las Fuerzas Armadas. Treinta y un años desde que un reducido grupo de 26 mujeres diera el paso de ingresar en las academias militares de entonces. Ellas  abrieron el camino hacia la paulatina normalización de la mujer en el Ejército. Una normalización que llegó en 1999 cuando el entonces ministro de Defensa del primer gobierno de José María Aznar, Eduardo Serra, decidió apostar de forma definitiva por el modelo de Ejército profesional, regulando el principio de igualdad real entre hombres y mujeres en el seno de las Fuerzas Armadas.

General Patricia Ortega is awarded with the Fajin during a military ceremony in Madrid on Tuesday , 16 July 2019.

Hoy en día las nuevas generaciones ven con absoluta normalidad el hecho de que una mujer vista el uniforme militar. La integración de la mujer en las Fuerzas Armadas es una realidad, aunque el número de efectivos sea sensiblemente inferior al de los hombres si bien en una proporción similar a la que presentan el resto de países de la OTAN. Según el Observatorio Militar para la Igualdad del Ministerio de Defensa, en diciembre de 2018 siete mujeres ostentaban el empleo de coronel en nuestras Fuerzas Armadas, todas ellas de los llamados “cuerpos comunes” de Intervención, Jurídico Militar y Sanidad, o del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos entre los que se encontraba la ya general de brigada Patricia Ortega. Dentro de esa normalidad se debe entender que una coronel ascienda a general, aunque por mucha normalidad que se le quiera dar el hecho es noticiable y digno de reseñar. Y más cuando desde el actual Gobierno ministras como Carmen Calvo están abusando de conceptos como feminismo, encuadrándolo en la ideología de izquierda, o cuando en la prensa para referirse a este ascenso se habla de “techos de cristal” y otras terminologías que en el seno del Ejército no proceden. Las redes sociales, que son un vertedero, han jugado su papel intentado enturbiar el ascenso, pero lo cierto y verdad es que no existe ningún elemento de juicio para sospechar siquiera que no se ha seguido el riguroso procedimiento de evaluación y ascenso; lo que pasa es que se ha reglado tanto el ascenso a coronel y a general que cuando se aplica alguna flexibilidad todo son sospechas. Todo el mundo es consciente de que si el ascenso se hubiera producido por ser mujer sería muy mala noticia para el Ejército y para la propia Patricia Ortega, quizá por eso en el acto de imposición de la faja roja de general el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Varela, dejó claro que este ascenso se debe a “haber acumulado los méritos y la capacidad necesarios, y no a un cupo de género”. El pasado día 16 de julio se le impuso la faja roja de general, el principal atributo de su cargo, que ha llegado casi sin variaciones hasta nuestros días desde que en 1815 se reguló su forma y su uso para los oficiales generales. Esperemos que este hecho deje de ser noticiable y más pronto que tarde, atendiendo a los principios de mérito y capacidad, veamos a muchas más mujeres luciendo la faja roja de general de la misma manera que asumimos con normalidad que la directora del Centro Nacional de Inteligencia sea una mujer o que por primera vez en la historia una mujer, la alemana Von der Leyen, presida la Comisión Europea y en su primer discurso haya prometido una Europa más verde y feminista. Yo desde luego me pongo a sus órdenes.

Entramos en la última semana de julio, semana de la Pandorga en Ciudad Real. Precisamente hoy lunes se presenta en sociedad el Pandorgo de hogaño, José Antonio López Rubio, presidente de la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado y además “hombre de la Salud”, por ser costalero de la Virgen de la Salud, de la Hermandad del Prendimiento, mi hermandad. No se me ocurre nadie mejor que él para que aglutine el sentir de los ciudadrealeños en torno a esta celebración que tiene su origen en la devoción y en la ofrenda a la Virgen del Prado. Enhorabuena a José Antonio y a la Hermandad de Pandorgos. Pandorga y Semana Santa, Semana Santa y Pandorga, juntas de la mano de José Antonio. Una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y otra, la Pandorga, que aspira a serlo. Los que promovieron la declaración de nuestra Semana Santa como de Interés Turístico Nacional saben del esfuerzo y la amplitud de miras que ello conlleva. Un esfuerzo que no parece dispuesto a hacer y una amplitud de miras de la que carece el actual equipo de Gobierno.

Se trata de una fiesta autóctona y característica de nuestra ciudad. Hay consenso en afirmar que después de los vaivenes y avatares a los que estuvo sometida la fiesta de la Pandorga durante el siglo XX y que han condicionado su celebración, su recuperación oficial fue en 1980 de la mano de unos cuantos amigos de las tradiciones, capitaneados por gente de la tierra como Pablo Romero, Antonio Cárdenas y otros como el abogado Tomás Valle, primer Pandorgoen 1980 y cuya contribución creo que ha sido poco reconocida. A partir de ahí la Pandorga va adquiriendo la configuración que conocemos actualmente y el Pandorgo nos representa en las distintas festividades que tienen lugar en Ciudad Real, siendo el prototipo de hombre manchego. Junto a él resurge la figura de la Dulcinea, en su vertiente juvenil e infantil, aunque la Dulcineaestá más ligada, desde siempre, a las fiestas de Agosto en las que tiene todo el protagonismo, y no propiamente a la Pandorga, cuestión que desde hace algunos años está cambiando y parece  que se quiere vincular aún más con la Pandorga, cuya figura central es el Pandorgo. Quizá con la ola feminista que nos invade esto no sea políticamente correcto, pero la realidad es esa, que la Dulcinea era y es la reina de las fiestas. El punto culminante de esta fiesta llegó en 1986 con la declaración de la misma como de Interés Turístico Regional. Esta declaración lleva implícito un reconocimiento que ha hecho que, desde entonces, la Pandorga se haya consolidado como fiesta, y que cada año atraiga a miles de visitantes que quieren disfrutar de la ofrenda a la Virgen, de la limoná, y de las actividades lúdicas y festivas que lleva aparejada la fiesta, que hacen que la noche del 31 de julio la Plaza Mayor de Ciudad Real y sus aledaños se llenen con miles de personas que disfrutan de la celebración. La Pandorga se ha consolidado  como  una fiesta espejo de nuestros valores culturales y nuestra tradición popular. Una fiesta que no debe convertirse en un macro botellón, porque eso acabaría con su esencia.  Una fiesta con gran arraigo, que implica la participación ciudadana y la participación de asociaciones y peñas. Una fiesta original y propia, con rasgos diferenciadores que hay que mantener y protegeryendo más allá del mero reconocimiento regional. Por eso, si queremos aspirar a ser de Interés Turístico Nacional el actual equipo de Gobierno no puede desvirtuar  elementos de la fiesta que  fueron fundamentales para obtener la declaración de Interés Turístico Regional. Hay que garantizar que la fiesta de la Pandorga se siga celebrando sin alterar sus esencias. El Grupo Municipal Popular ya propuso el 20 de julio de 2016 que se iniciaranlos trámites para solicitar la declaración de la fiesta de la Pandorga como de Interés Turístico Nacional. Se trata de un asunto en el que el consenso es fundamental. Un consenso que no se puede conseguir si cuando se presenta la fiesta en Madrid se hace sin contar con el resto de las administraciones ni con el resto de Grupos Políticos que conformamos la Corporación. Un consenso más que necesario, sobre todo cuando el equipo de Gobierno está en minoría en el Pleno del Ayuntamiento.