En Castilla-La Mancha hay Cortes y hay Gobierno, que parece que hay que recalcarlo. El Estatuto de Autonomía recoge claramente cuáles son las funciones de cada órgano para asegurar que la separación de poderes es efectiva. Las Cortes de Castilla-La Mancha representan al conjunto de los ciudadanos de la región. No nos representa Page, ni su Gobierno, ni los partidos políticos, son las Cortes las que nos representan a todos. Entre las competencias de las Cortes se encuentra la de controlar la acción de Gobierno y es opinión común de la doctrina jurídica que si no ha expirado el mandato de las Cortes, en Castilla-La Mancha no ha expirado que se sepa, el control es la primera de las funciones parlamentarias. Además el artículo 2. g) del citado Estatuto consagra otra función fundamental de las Cortes que es la de exigir, en su caso, responsabilidad política al Consejo de Gobierno y a su Presidente.

 Pues bien, en estos momentos cruciales en los que el Parlamento ha de ocupar una posición de privilegio en el mapa político, una posición indisolublemente vinculada a su relación con la democracia, una relación que conlleva la necesidad de reivindicar la identificación del Parlamento con la limitación del poder, en estos momentos de tribulación cuando los ciudadanos vuelven sus ojos hacia sus políticos en busca de soluciones, en estos momentos, García Page cierra el Parlamento. Que los socialistas se nieguen a dar explicaciones en las Cortes no solo vulnera el Estatuto de Autonomía, sino que, por analogía con las Cortes Generales, la negativa a someterse al ejercicio de la función parlamentaria de control vulnera varios artículos de la Constitución. El decreto que establece el Estado de Alarma  para nada alude al hecho de que las Cortes de Castilla-La Mancha tengan que permanecer cerradas, porque el parlamento es democracia y es el órgano que legitima el poder político.

El cierre, horas después de que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, pidiera la comparecencia de Page para explicar qué gestión se está haciendo  de esta crisis sanitaria en la región, es un torpedo a la línea de flotación de la democracia en Castilla-La Mancha. Yo diría que marca un antes y un después. Bajo ningún concepto una situación excepcional como la que estamos viviendo puede suponer el menoscabo de las garantías constitucionales ni el arrogarse un poder absoluto más propio de regímenes dictatoriales que de democracias avanzadas como la española. En España y en otras regiones, el Parlamento sigue funcionando con las medidas básicas que todos sabemos que hay que adoptar para evitar el contagio y la propagación del virus. Para “chapar” el Parlamento el presidente de las Cortes se basa en unos informes jurídicos que hacen una interpretación estricta del Reglamento de la Cámara, pero creo que en este punto sería bueno para todos recordar a Ortega y Gasset cuando advertía que, “por encima de la corrección jurídica, los pueblos piden a sus instituciones una imponderable justificación y que si no se la dan, un día u otro esas instituciones son tronchadas” (J. ORTEGA y GASSET, Vieja y nueva política, Renacimiento, 1914, p. 39). Es más necesario que nunca que las Cortes sean útiles a los castellano-manchegos.

Hoy jueves 9 de abril, tenemos 1.322 fallecidos en la región según los datos oficiales. 1.322 razones para exigir al presidente García Page que no se esconda en su palacio de Fuensalida.  Que dé la cara en las Cortes de Castilla-La Mancha, que comparezca y les diga de tú a tú a los familiares de esos 1.322 hombres y mujeres de nuestra región que tenemos medios, que tenemos respiradores y camas de sobra, y que todos los que están en primera línea tienen las medidas de protección adecuadas y suficientes. Tenemos derecho a saber y García Page tiene la obligación de comparecer.