El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Se trata de una guía y un instrumento al servicio de la Administración General del Estado, para la que es una obligación, y al servicio de todas las Administraciones Públicas, porque contiene ideas e instrumentos muy útiles para ser más eficaz y más cercano al ciudadano. El objetivo es una Administración que sea mucho más eficiente, mucho más cercana, mucho más fiable y mucho más transparente. Los objetivos del informe son: primero, reforzar la disciplina presupuestaria y la transparencia públicas; en segundo lugar, racionalizar el sector público; en tercer lugar, mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración; y, en último lugar, cambiar la cultura administrativa por una cultura enfocada al administrado. Es decir, pasar de una administración del s. XX a una del s. XXI. Al hilo de esta cuestión, el Gobierno ha explicado que con la medidas de racionalización que se pondrán en marcha se conseguirá un ahorro de 37.700 millones de euros entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación. La mitad de los 37.700 millones de euros que el Estado prevé ahorrar hasta 2015 con la reforma de las administraciones provendrá de los menores gastos de personal. En muchos casos se trata de medidas de estricto sentido común como por ejemplo la de eliminar las duplicidades entre organismos autonómicos y estatales que sirven al mismo propósito. La presidenta Cospedal, en este asunto de la búsqueda de la eficacia y la austeridad en la administración, ya ha tomado buena parte de las medidas que ahora el Gobierno Central quiere implantar en el resto de España. La supresión del Defensor del Pueblo autonómico, el Consejo Económico y Social o el organismo de defensa de la competencia, han contribuido a que el rumbo de la región se haya enderezado.