Después de gozar ampliamente de un periodo democrático sin precedentes en nuestro país nos encontramos con el hecho de que, para algunos, este sistema ya no es válido. Para esos el Estado de Derecho que nos otorgamos mediante la Constitución de 1978 y que, entre otras cosas, basa la participación política en el sistema de partidos, debe ser destruido. Ya no sólo se conforman con entonar el “delenda est Monarchia”, sino que quieren destruir todo el sistema. Y para ello utilizan todos los medios a su alcance.
Para alcanzar ese fin cada vez estamos más acostumbrados a que desde cualquier ámbito se puedan hacer acusaciones sin pruebas, falsas y calumniosas y que tenga que ser el calumniado o acusado el que demuestre que él no cometió los hechos que se le imputan. Evidentemente estas actuaciones no se producen desde el ámbito del Estado, como en tiempos de la Inquisición, sino desde otros ámbitos. Aún siguen quedando en España aficionados a acusar sin pruebas; aficionados a tirar la piedra y esconder la mano; aficionados, en definitiva, al proceso inquisitorial.
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