Hemos visto cómo el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 67, de 14 de marzo de 2020), entre otras cuestiones, incluye la suspensión de plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público en tanto en cuanto dure la vigencia del estado de alarma. En esa línea, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 20 de marzo publicó el Decreto 9/2020 de 18 de marzo por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico financiero para paliar los efectos de la pandemia. En ese decreto se acuerdan ciertas medidas como por ejemplo que no se sometan a fiscalización previa los actos de contenido económico realizado por la Consejería de Sanidad, cuando sean para atender situaciones de emergencia provocadas por la pandemia. O considerar créditos ampliables aquéllos necesarios para atender cualquier gasto derivado de la situación de emergencia. O determinadas facilidades para la contratación de personal estatutario y laboral temporal.
En cambio, en relación a los tributos gestionados por la Junta de Comunidades no se ha publicado ningún decreto similar. El portal tributario de la Junta de Comunidades publicó el pasado 19 de marzo un aviso sobre las consecuencias de la crisis sanitaria en España en el que anunciaba que en breves fechas, han pasado diez días, se publicaría una norma para ampliar los plazos de presentación e ingreso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo vencimiento se produzca desde la declaración del citado estado de alarma. Esta desinformación e incertidumbre provocada por la propia Consejería de Hacienda está haciendo que se produzcan consultas, por los más diversos cauces, de castellano-manchegos sujetos pasivos de estos impuestos que no saben cómo proceder. Esta actuación del Gobierno regional contrasta con las medidas tomadas en comunidades vecinas como Madrid, cuyo Gobierno ha decidido aplazar durante un mes el cobro de impuestos en la región, para tratar de paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus. Se trata de una moratoria que busca no añadir más incertidumbre a todos aquéllos que se ven obligados a tener que contribuir por estos conceptos, en una situación tan dramática como la que estamos viviendo, y que ayuda a mejorar la liquidez de empresas, autónomos y familias que podrán retrasar el pago sin ningún tipo de recargo o penalización. Esta medida, de momento solo tomada por Madrid para los tributos de su competencia, debería ser complementada en toda España con el aplazamiento general de todos los impuestos, con la exención de las cotizaciones sociales, con la supresión de las cuotas de este mes para los autónomos y con la agilización de la tramitación de los ERTEs. En este sentido, el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso para que si no se levanta la persiana, no se paguen impuestos. Es necesario que el Gobierno nacional suspenda el cobro de las cuotas de todos los autónomos del mes de marzo, así como suspender los plazos de ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social para Pymes y autónomos mientras dure el estado de alarma.
Se trata sin duda de un gesto necesario que muchos castellano-manchegos están esperando, porque el cobro de impuestos puede esperar en las circunstancias actuales.
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