Creo que cuando alguien dedica parte de su vida a la “cosa pública” debe ser consciente de que asume determinadas obligaciones en cuanto a su forma de actuar y comportarse en relación a los demás. No hace falta ser seguidor o devoto del taoísmo para suscribir la frase de Laozi que decía que, “para ir delante del pueblo uno debe caminar detrás del pueblo”. Una máxima que viene a representar la esencia de la ejemplaridad en la vida pública en el sentido de que si quieres ser respetado por los ciudadanos debes anteponer sus intereses a los tuyos propios. Debes, en definitiva, buscar el interés general y no el particular. Si todos los que tenemos una función pública nos condujésemos de esta forma seguramente el desapego de los ciudadanos hacia la política o hacia los funcionarios, sería menor. El individuo debe entender que la dedicación al bien común debe conllevar una consecuencia práctica que es la búsqueda de la ejemplaridad. Algunos lo tenemos claro aunque a veces, como humanos, podamos errar.
Esto que puede sonar trasnochado viene a cuento por la noticia conocida esta semana en la que se decía que una treintena de ex altos cargos de la Junta han recurrido la decisión del actual gobierno regional de suprimir el «complemento de alto cargo». Complemento con el que se premiaba a determinados funcionarios por el mero hecho de haber desempeñado un cargo político en la administración regional. Entre los recurrentes y según lo publicado hay hasta tres ex consejeros, varios ex secretarios generales de consejerías, ex directores generales, ex delegados de la Junta en distintas provincias… por lo que se ve que el generoso maná estaba bastante repartido entre los antaño altos cargos y hoy simples funcionarios de la administración autonómica. Además, al igual que ha pasado con los suculentos bonus de la Banca, estos beneficios se han concedido a cualquiera que pasaba por allí, independientemente de su rendimiento o del desempeño más o menos acertado de su cargo. Algunos de los ex altos cargos que aparecen en prensa como recurrentes fueron cesados de sus funciones antes incluso de la debacle socialista debido a clamorosos escándalos en su cometido como adjudicaciones chapuceras que han dado lugar a expedientes e investigaciones por parte de la Unión Europea y aún así también han recurrido para seguir cobrando. La concesión de estos pluses fue legal pero inmoral y su supresión es igual de legal, pero además es una medida ejemplar en una comunidad maltratada por la gestión que los perceptores realizaron. Una vez más, bien por Cospedal que ha sabido interpretar la voluntad de los ciudadanos.
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