Decir que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos frentes abiertos es una obviedad. Y que no sabe o no quiere atajarlos cada vez nos va quedando más claro también. En España las cosas andan revueltas y el diálogo social no pasa por su mejor momento, a la vista de los paros de los transportistas que amenazan con paralizar la economía nacional.

Lo cierto y verdad es que, de un tiempo a esta parte, el diálogo social abarca más actores que los que venían siendo tradicionales desde la Transición. En relación al transporte, la pasada semana el Congreso de los Diputados convalidaba, sin votos en contra, el Real Decreto-ley 3/2022, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, un decreto que según  la ministra materializa el acuerdo alcanzado el pasado 17 de diciembre con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera para dar respuesta a las reivindicaciones del sector. Sucede que los convocantes de los paros no están representados en ese Comité Nacional de Transporte por Carretera y ahí surge el problema. Los transportistas que secundan los paros no se sienten satisfechos con este acuerdo y la parte socialista del Gobierno ha intentado apagar el incendio con gasolina, llamando ultraderechistas a los transportistas en huelga y a las asociaciones que los representan, con el consiguiente enfado de los mismos.

Y es que ya cansa lo de la “extrema derecha” como recurso dialéctico para desacreditar al que ose llevar la contraria a las decisiones de este Gobierno. Hasta hace no mucho tiempo la frase “son de extrema derecha”, era una mera coletilla de acusación en boca de cualquier portavoz o cargo socialista o podemita que saliera a opinar sobre cualquier tema que tuviera una mínima relación con el Partido Popular. Se convirtió en algo tan habitual que todo el mundo tenía claro que se trataba de una simple frase de argumentario socialista; pensada para lanzarse como se tira una piedra, sin tener que esforzarse en pensar demasiado. Sin embargo en la actualidad, estamos siendo testigos de cómo la frasecita está siendo utilizada para tratar de dividir y criminalizar a todo aquel que se atreva simplemente a describir la realidad. Una realidad incómoda para el Gobierno de Sánchez. Tenemos los precios de los combustibles y de la luz disparados, las cadenas de suministro interrumpidas, los barcos en sus amarres, el sector lácteo paralizado, los agricultores teniendo que tirar los productos frescos apenas recolectados…y frente a todo esto, tenemos un Gobierno que a cualquiera que se atreva simplemente a decir que quizás se puede hacer más, a todos esos, los tacha de “extrema derecha”.

Pero por mucho que el Gobierno se empeñe, los españoles no somos idiotas. Si un transportista trabaja y cuando vuelve a casa con su familia tiene menos dinero en el bolsillo que cuando salió, si un ganadero tiene que sacrificar a sus animales porque no puede comprar pienso, si una madre no puede comprar leche porque no hay en el supermercado, y sale y protesta, y reclama unas medidas que el gobierno debiera haber tomado antes de que se produjera el desastre y no después, no es ser extrema derecha, es ser racional, coherente y simplemente normal. Se trata de resolver los problemas, no de hacernos comulgar con ruedas de molino. Tenemos un Gobierno débil, sin mayorías claras que le permitan gobernar situaciones de crisis como las que enfrenta este país. Un gobierno dividido, incapaz de tomar las medidas más básicas que permitan aliviar a las familias, que nos permitan tener una sola voz en Europa y recuperar así nuestra credibilidad hoy perdida, con bandazos en política exterior de consecuencias todavía impredecibles. Es descorazonador tener que pedirle, casi suplicar a un Gobierno, que no destroce España en cada Consejo de Gobierno, con cada decisión estéril y poco meditada. Bochornoso resulta a cualquiera que quiera a este país comprobar como cada día el prestigio de España no hace más que devaluarse. No podemos permitirnos por más tiempo un Gobierno que la  única solución que ofrece sea tachar de ultraderechista a cualquier ganadero, agricultor, cazador o transportista que pelea por el pan de su casa, en lugar de tomar medidas. Para el Gobierno, todos ellos son de extrema derecha y por tanto, no tienen derecho a que se resuelvan sus problemas, nuestros problemas, los problemas de España.

Para Pedro Sánchez y su Gobierno el problema es que los que pensamos diferente siempre fuimos “extrema derecha” y por consiguiente nuestra opinión no tiene validez. Y hoy más que nunca por su propia debilidad, ellos y yo, somos “extrema derecha”. Pues si esta es la etiqueta para todos aquellos que aspiramos a mejorar la situación de nuestro país, solo puedo decir que yo también soy “ultra”. Y para este Gobierno, tú, seguramente también.

(**Este artículo se publicó previamente en «The Objective» el 28/03/2022**)

Decir que la política de Defensa en España debe estar al margen de intereses partidistas puede parecer una obviedad, sobre todo si tenemos en cuenta que el ministerio de Defensa tiene la consideración de ministerio de “Estado”: Lo que pasa es que cuando se mira la composición del actual Gobierno y la extracción ideológica del resto de sus apoyos parlamentarios, puede parecer conveniente remachar la afirmación que sirve de título a este artículo.

La guerra desatada en Ucrania por las ambiciones anexionistas del autócrata ruso Putin ha puesto de manifiesto lo inconsistente que puede resultar un Gobierno tan heterogéneo a la hora de tomar decisiones estratégicas para España y han evidenciado una serie de bandazos que perjudican nuestra imagen en el exterior. Así, mientras que los principales países de Europa decidieron colaborar activamente con el Gobierno ucraniano, España quiso mantener una posición de cierta ambigüedad. Países como Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y después Italia, están suministrando armas a Ucrania. España en cambio, por esos equilibrios internos en su Gobierno, se mantenía en la idea de no suministrarlas directamente, pero sí ayuda humanitaria y defensiva a través del Fondo Europeo de Apoyo para la paz en Ucrania, puesto en marcha por la Unión Europea. De hecho el pasado domingo se enviaron 20 toneladas de material en dos aviones del Ejército del aire que contenían productos sanitarios y medicamentos, vehículos, equipos de protección personal, mantas o tiendas. En cuanto a las armas Sánchez siguió esgrimiendo su posición de no enviar material ofensivo, y así lo defendió la ministra portavoz del Gobierno hasta el día 1 de marzo. El Gobierno se apresuró a desmentir que esta decisión tuviera relación con una posible, otra más, tensión interna entre el sector PSOE y el sector PODEMOS del Gobierno. Lo significativo es que, con otro de los volantazos a los que Sánchez acostumbra, en menos de 24 horas -el día 2 de marzo-, anunció en el Congreso de los Diputados que España sí enviaría a la resistencia ucraniana material militar ofensivo, es decir, armas. Está claro que España no podía desistir de la obligación moral que supone ayudar a un país que está siendo injustamente atacado por otro que ha conseguido nuevamente sacar a pasear por Europa el espectro de la guerra. En este caso el presidente Sánchez tiene de su lado al principal partido de la oposición y sobre todo tiene de su lado a los españoles, que asistimos atónitos a la guerra en directo con toda su carga de injusticia, destrucción y muerte.

Por otro lado, la guerra a escasas tres horas de avión de nuestras apacibles vidas abre otro debate de fondo. El debate sobre la importancia de disponer de unas Fuerzas Armadas dotadas con los recursos suficientes para hacer frente a las amenazas y peligros que nos acechan y también en última instancia para garantizar nuestra libertad y nuestra seguridad. Quizá ahora no se vea tan descabellado el acuerdo adoptado en la cumbre de Gales de 2014 para que los países de la OTAN incrementen sus presupuestos de Defensa para modernizar sus capacidades e ir situándose en línea con el 2% del PIB reclamado por EEUU como criterio de convergencia del esfuerzo presupuestario. Cabe reseñar que en ese momento España era de los países que menos presupuesto dedicaban a la Defensa situándose al mismo nivel que Islandia, Hungría, Eslovaquia o Lituania. Ocho años después poco ha cambiado. España destina alrededor del 1% del PIB, que sigue siendo uno de los porcentajes más bajos de Europa. Para el ejercicio 2022 la cifra destinada a Defensa en los presupuestos del Estado asciende a 10.155 millones de euros, frente a los cerca de 50.000 millones de Francia (cinco veces más que España) o los casi 30.000 millones de Italia. Alemania ha anunciado la creación de un fondo de 100.000 millones de euros para la modernización de sus Fuerzas Armadas e incrementar el presupuesto anual en defensa hasta el 2% de su PIB. En España esos 10.155 millones suponen un incremento del 7,89% respecto a 2021 pero como hemos dicho lejos todavía del listón del 2% del PIB recomendado. Para que la situación se revierta hace falta voluntad política, y para conformar esa voluntad hace falta una ciudadanía informada y consciente de la importantísima labor de nuestras Fuerzas Armadas y de sus necesidades para garantizar nuestro sistema de vida en el marco de la Constitución. Un Ejército con medios adecuados y suficientes es un elemento disuasorio de primer orden frente a las veleidades bélicas de algunos vecinos y por tanto el mejor aliado de la paz.