La destitución del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos es la guinda que corona el pastel que el ministro del Interior Marlaska lleva cocinando desde hace tiempo. Un pastel con un merengue amargo que no es otro que el intento de control de la Benemérita para uso partidario y contra los rivales políticos del PSOE. Pérez de los Cobos es un jefe curtido en la lucha contra ETA y posteriormente curtido en los despachos, a veces tan peligrosos como la calle. Es, ante todo, un guardia civil que hace efectivo en su proceder lo que figura en el artículo 1º de la Cartilla del Guardia Civil: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás.” Pérez de los Cobos ha sido cesado por cumplir con su deber de no informar al ministro de las investigaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil por orden judicial, en relación a la autorización de la manifestación del 8-M cuando ya existía una alarma sanitaria internacional. Se le purga por investigar la negligencia criminal del Gobierno de Pedro Sánchez, pero además se atiende a la petición de ERC que se la tenía jurada al coronel por su actuación en Cataluña durante la farsa del referéndum ilegal del 1-O.

La destitución de Pérez de los Cobos se une así a la del también coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), la principal unidad de investigación de la Guardia Civil, que persigue las más graves formas de delincuencia, corrupción y crimen organizado, en teoría por haber enviado un mail a sus subordinados en los que les alertaba de «la imposibilidad de hacer frente a necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos departamentos de investigación y apoyo”. Lo cierto es que este cese, cercano al momento de la moción de censura que aupó a Sánchez al Gobierno, obliga a incluir otra derivada en la ecuación: Corbí denunció en  febrero de 2019 en una entrevista concedida a La ‘Vanguardia’ que el PNV había ido en muchas ocasiones de la mano de ETA y situó a la formación en el “bando de los malos” de la lucha antiterrorista. Los nacionalistas reaccionaron exigiendo al Ejecutivo de Rajoy la destitución del coronel. El Gobierno de Rajoy mantuvo en el cargo a Corbí.

¿Y la directora general qué dice? La nueva directora general fue presentada a bombo y platillo como “la primera mujer al frente de la Benemérita”. Desde entonces han pasado cuatro meses en los que su inacción en cuanto a la incidencia del coronavirus en la Institución armada ha sido clamorosa. Por si esto fuera poco apenas unas horas después de conocerse el cese de Pérez de los Cobos ha dimitido el Director Adjunto Operativo, teniente general Laurentino Ceña. Según algunos altos mandos es normal que el número tres en la cadena de mando tras el ministro y la directora general saque la cara por su subordinado tras un cese tan arbitrario. Lo que ha sucedido es muy grave y debería tener consecuencias para el ministro. Como bien ha recordado la Asociación Profesional de la Magistratura en un comunicado, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone en su artículo 31.1 que en el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del ministerio del Interior, pero funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. El artículo 34 de la misma ley explica que estos investigadores no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado hasta que finalice la misma, si no es por decisión o con autorización del juez o fiscal competente. Y por supuesto tienen la obligación de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas.

Urgen explicaciones de Marlaska, lo que ha dicho hasta ahora no se lo cree nadie, y urge que el Gobierno saque sus manos de la Guardia Civil y no siga comprometiendo el prestigio de una Institución con 176 años de historia y que lleva el honor como divisa

No hacía falta que el propio Pedro Sánchez lo confirmara para que todos advirtiésemos que este Gobierno no tiene Plan B, más allá de seguir prolongando sine die un estado de alarma cuya excepcionalidad se ha convertido en habitualidad para un Gobierno sobrepasado por los acontecimientos.

Debido a la paralización total de la actividad económica debido al confinamiento, como casi única medida adoptada para frenar la propagación del virus, se va a producir una recesión que en España será mucho más grave y continuada en el tiempo que en el resto de Europa. El Gobierno social comunista tampoco estará a la altura de lo que se les viene encima y volverá a tropezar en la misma piedra que tropezó Zapatero en la anterior crisis. Esa piedra no es otra que el hecho de intentar influir en la economía únicamente mediante un aumento del gasto público que generará más deuda, más déficit y más desempleo. Todavía recordamos los escasos efectos positivos del famoso Plan E de Zapatero, que creó empleo precario durante pocos meses, que llenó las ciudades de obras innecesarias y que ahondó la crisis que sufrían empresas y familias. También será necesario acometer recortes por importe de 6.000 millones de euros al año durante varios años, según adelantó el Gobernador del Banco de España.

Hoy ya se intuye que Pedro Sánchez seguirá los pasos de Zapatero y que se cocinarán las mismas recetas, con el añadido del aumento de impuestos. Esto se da casi por hecho después de que el vicepresidente Iglesias haya dicho en más de una ocasión que hay unas diferencias en materia de recaudación con Europa de entre 5 y 7 puntos del PIB, lo que en la práctica quiere decir que considera que hay margen para subir los impuestos por valor de unos 60.000 millones. Una subida de esa magnitud puede generar un parón en el consumo sin precedentes. Y desde luego esas recetas no consiguen generar empleo que es la única receta posible para salir de la crisis, sino más bien al contrario.

Frente a esto ya existe un plan alternativo del Partido Popular para la recuperación económica de España. Un plan que implica exonerar de impuestos a la apertura o reapertura de empresas quebradas por el COVID19 hasta fin de año. Recuperar y extender la tarifa plana de 50 euros para autónomos. Extender el pago de los ERTE hasta final de año. Crear contratos bonificados para incorporar a trabajadores procedentes de despidos por el COVID19 y desde luego ampliar los mecanismos de liquidez a empresas y a autónomos para evitar su cierre. Hoy la única alternativa fiable para sacar a España de la crisis que se cierne sobre nosotros vuelve a ser el Partido Popular y su plan de desconfinamiento inteligente.

El estado de alarma entró en vigor el pasado 15 de marzo, por lo que llevamos confinados en nuestros hogares 57 días en los que no se puede salir, excepto para realizar actividades esenciales, y con cierto relajamiento a partir del 2 mayo en que se permitió salir a determinadas horas para hacer deporte y pasear guardando la distancia social. Aunque este estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la Constitución, es el más leve de los que se pueden aplicar a situaciones de emergencia, sus sucesivas prórrogas están resultando extremadamente gravosas para muchos en cuanto a limitación de libertades y sobre todo está suponiendo un cataclismo en la economía española en términos de reducción de la riqueza nacional, desaparición de empresas y autónomos y aumento del desempleo principalmente.

Oficialmente y tras varias prórrogas, el estado de alarma se extenderá hasta el 25 de mayo. ¿Y después de esa fecha? Después de esa fecha más estado de alarma, porque no hay plan B. El propio presidente Sánchez, una desgracia para España, fue el encargado hace pocos días de confesar, sin mover un músculo de la cara, que no tenía plan B. Que el único plan es seguir prorrogando, cual día de la marmota, ese estado de alarma como en un bucle melancólico. En este punto es cuando empezamos a pensar, igual que Francisco Rosell en su columna dominical de EL MUNDO, que “lo que alarma es el Estado”. Si, a muchos nos alarma un Estado con un Gobierno de inútiles que no ha sabido gestionar la pandemia y que desde las instituciones hostiga a la oposición, miente y niega información vulnerando la Ley de Transparencia y que quizá sueña con un estado de excepción opaco y con plenos poderes.  Un Gobierno de indocumentados que no valdrían ni para concejales en sus pueblos, porque alcaldes y concejales han dado una lección de gestión y de eficacia muy por encima de sus competencias. Para Pedro Sánchez y su Gobierno de mentirosos compulsivos el único instrumento legal que garantiza salvar vidas es el “ordeno y mando” del estado de alarma. Quiero dejar claro que me refiero en todo momento al Gobierno de Sánchez y no a los que han estado al pie del cañón cumpliendo con su labor, en la mayoría de los casos sin los medios adecuados o con medios donados por asociaciones, parroquias, hermandades y particulares.

Y salvo y dejo fuera de toda esta estulticia la labor de las Fuerzas Armadas. Una labor ejemplar, como siempre, estando donde se les reclamaba y haciendo las labores que correspondían en cada momento. Desde control y vigilancia, hasta limpieza y desinfección. En este punto quiero recordar que en el Ejército la labor de planeamiento es fundamental. Ellos siempre tienen plan B. A partir de cierto nivel de complejidad siempre barajan, al menos, dos líneas de acción: la que hace frente a la hipótesis más probable y la que lo hace a la más peligrosa. Ojalá este Gobierno hubiera tenido una unidad de planeamiento y no una factoría de “planes” marca Iván Redondo. El “presi, tengo un plan” no ha funcionado frente a un virus que no entiende de marketing político y que ha ocasionado ya más de 26.000 fallecidos oficiales. ¿Cuántas de esas personas estarían vivas de haberse tomado las medidas adecuadas en el momento oportuno? Quizá nunca lo sepamos. Mientras tanto en España seguimos sin Plan B.

La normalidad de una tarde de confinamiento se ha visto alegremente alterada por el ruido de rotores que revolvían el aire. Tres aparatos en formación han entrado por el norte, dejando Ciudad Real a su izquierda. Desde luego no es un ruido al que no estemos acostumbrados teniendo la Base de Helicópteros de Almagro a pocos kilómetros de la ciudad.

Los aparatos eran un Cougar, un NH90 y un Chinook pertenecientes a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), que se encuentran en la Base del BHELA I de Almagro preparando su despliegue en Irak. No es la primera vez que el contingente que tiene que desplegar utiliza la base manchega para su puesta a punto, y por ello todo el personal que compondrá el ISPUHEL XII se encuentra allí de nuevo realizando maniobras de integración conjunta. Las instalaciones del Batallón que manda el teniente coronel Galvañ son el marco perfecto para este adiestramiento.

Debido a la incidencia del coronavirus el Ministerio de Defensa decidió hace unas semanas replegar temporalmente a parte de los 600 militares que se encuentran desplegados en Irak, debido a la paralización de las actividades de entrenamiento que las tropas españolas llevaban a cabo con el Ejército iraquí. Lo que se ha hecho es un planeamiento de repliegue para que regresen entre 150 y 200 de los 600 efectivos desplegados. En principio estos militares, la mayoría de la Brigada “Extremadura XI”, iban a estar desplegados hasta el 23 de mayo, mientras que la unidad de helicópteros, la “Task Force Toro”, iba a ser relevada también por esas fechas por las unidades que ahora se preparan en Almagro. El ministerio parece que ha dejado claro que sólo es un repliegue temporal, por lo que el calendario previsto para los helicópteros se mantiene.

El despliegue operativo de los NH90 es un auténtico reto para la aviación del Ejército de Tierra, para el que se lleva preparando desde que conoció su participación en la operación internacional que lucha contra el terrorismo islámico denominada “Inherent Resolve”. También se trata del primer despliegue que se lleva a cabo con el general Francisco Javier Marcos como jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), cargo que asumió en diciembre de 2019 ya con los 75 hombres y mujeres de la ISPUHEL XI desplegados sobre suelo iraquí.