Hemos visto cómo el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 67, de 14 de marzo de 2020), entre otras cuestiones, incluye la suspensión de plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público en tanto en cuanto dure la vigencia del estado de alarma. En esa línea, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 20 de marzo publicó el Decreto 9/2020 de 18 de marzo por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico financiero para paliar los efectos de la pandemia. En ese decreto se acuerdan ciertas medidas como por ejemplo que no se sometan a fiscalización previa los actos de contenido económico realizado por la Consejería de Sanidad, cuando sean para atender situaciones de emergencia provocadas por la pandemia. O considerar créditos ampliables aquéllos necesarios para atender cualquier gasto derivado de la situación de emergencia. O determinadas facilidades para la contratación de personal estatutario y laboral temporal.

En cambio, en relación a los tributos gestionados por la Junta de Comunidades no se ha publicado ningún decreto similar. El portal tributario de la Junta de Comunidades publicó el pasado 19 de marzo un aviso sobre las consecuencias de la crisis sanitaria en España en el que anunciaba que en breves fechas, han pasado diez días, se publicaría una norma para ampliar los plazos de presentación e ingreso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo vencimiento se produzca desde la declaración del citado estado de alarma. Esta desinformación e incertidumbre provocada por la propia Consejería de Hacienda está haciendo que se produzcan consultas, por los más diversos cauces, de castellano-manchegos sujetos pasivos de estos impuestos que no saben cómo proceder. Esta actuación del Gobierno regional contrasta con las medidas tomadas en comunidades vecinas como Madrid, cuyo Gobierno ha decidido aplazar durante un mes el cobro de impuestos en la región, para tratar de paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus. Se trata de una moratoria que busca no añadir más incertidumbre a todos aquéllos que se ven obligados a tener que contribuir por estos conceptos, en una situación tan dramática como la que estamos viviendo, y que ayuda a mejorar la liquidez de empresas, autónomos y familias que podrán retrasar el pago sin ningún tipo de recargo o penalización. Esta medida, de momento solo tomada por Madrid para los tributos de su competencia, debería ser complementada en toda España con el aplazamiento general de todos los impuestos, con la exención de las cotizaciones sociales, con la supresión de las cuotas de este mes para los autónomos y con la agilización de la tramitación de los ERTEs. En este sentido, el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso para que si no se levanta la persiana, no se paguen impuestos. Es necesario que el Gobierno nacional suspenda el cobro de las cuotas de todos los autónomos del mes de marzo, así como suspender los plazos de ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social para Pymes y autónomos mientras dure el estado de alarma.

Se trata sin duda de un gesto necesario que muchos castellano-manchegos están esperando, porque el cobro de impuestos puede esperar en las circunstancias actuales.

Parece que hay cierto consenso en el hecho de que Castilla-La Mancha está infra financiada y hay quien se atreve a dar algún dato asegurando que nuestra región tiene una infra financiación anual de entre 800 y 1.000 millones de euros. Al margen de la cifra concreta, el catedrático de Hacienda Pública de nuestra universidad regional, Juan José Rubio, afirma que “el funcionamiento del sistema vigente de Financiación Autonómica origina diferencias en la financiación por habitante en las comunidades de régimen común(…). En él se observan también la sedimentación del criterio del statu quo y el criterio de coste efectivo aplicado en el momento del traspaso de cada competencia y que introducen distorsiones en la financiación que deberían superarse en una fase madura de la financiación descentralizada” Es decir, que hay diferencias entre comunidades de régimen común y el resto y también diferencias por la cuantificación que se hizo de las distintas competencias en los momentos embrionarios del traspaso de las mismas. Es muy recomendable leer el informe que elaboró la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica en 2017. Ese informe dice muchas cosas, pero dice una esencial que está de plena actualidad. Dice casi textualmente que un problema de gran relevancia en el funcionamiento del modelo de financiación ha sido el sistema de entregas a cuenta, que aísla a las CC.AA del comportamiento cíclico de los ingresos (…), limitando la adopción de medidas de ajuste cuando los ingresos tributarios se reducen y creando falsas expectativas de ingresos estables en fases de expansión económica. Para adecuar las entregas a cuenta a la realidad recaudatoria, la comisión propone, como alternativa principal calcular mensualmente las entregas a cuenta de los tres fondos, introduciendo cada mes los datos de recaudación del IVA, Impuestos Especiales e IRPF. A día de hoy y por un cambio en la gestión del IVA en 2017, que no ha sido capaz de solucionar el nuevo Gobierno del PSOE, nos vemos sin 135 millones de euros recaudados por este impuesto y que no han llegado a Castilla-La Mancha pese a tener derecho a ello. El Partido Popular seguirá exigiendo que el Gobierno de Page sea contundente a la hora de reclamar ese dinero que nos corresponde y que no podemos dejar que quede en las manos del Gobierno central porque hace falta en nuestra región.

 Abordar esta cuestión siempre es asunto complejo. La reforma más reciente es la que el 15 de julio de 2009 aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con Zapatero como presidente del Gobierno. Esta reforma afectó a aspectos fundamentales de la financiación autonómica entre los que cabe destacar la ampliación de la cesión tributaria a las Comunidades y el diseño de un complejo sistema de transferencias. Esta reforma no fue a consecuencia de la caducidad de la anterior sino que tuvo un claro componente político. Antes de esta reforma, en 2001, se aprobó otra reforma del sistema de financiación mucho más consensuada que fue la diseñada por el ministro Montoro en el segundo Gobierno de José María Aznar. Según palabras de la entonces consejera de Economía y Hacienda de nuestra región, María Luisa Araújo, se saldó “con un rotundo éxito para Castilla-La Mancha”, porque se consiguió una financiación adicional de 20.000 pesetas por cada castellano-manchego, lo que supondría una subida de la financiación per cápita superior a la media nacional en 10.000 pesetas. También destacó que el nuevo sistema de financiación autonómica es el resultado de numerosos encuentros y propuestas que finalmente culminaron en un acuerdo cerrado entre el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Vistos los antecedentes, queda claro que la reforma del sistema de financiación no es fácil, pero se ha hecho en el pasado y se puede volver a hacer con buena voluntad y venciendo las reticencias de las regiones más prósperas frente a las más desfavorecidas, como puede ser el caso de nuestra región; sobre todo porque la propia Constitución consagra esa solidaridad entre todos los españoles en el artículo 156 que he mencionado anteriormente.

Entiendo que ahora con el PSOE en el Gobierno de España y el PSOE en el Gobierno de Castilla-La Mancha, será incluso más fácil que antes obtener una buena financiación. Solo hace falta voluntad.

Miguel Ángel Rodríguez González

Diputado Regional PP

Portavoz Comisión de Economía y Presupuestos