El pasado jueves se celebraba el Día de Castilla-La Mancha. No hay duda de que se trata de una fecha señalada que supone una verdadera seña de identidad que define y representa lo que somos: una región moderna y dinámica, en el centro de la península, que lucha día a día por avanzar y salir adelante, en palabras de la propia presidenta. El magnífico palacio de los duques del Infantado se quedó pequeño para albergar una buena muestra de la sociedad castellano-manchega que quiso acompañar a los que iban a ser merecidamente galardonados. Hubo muchas presencias y una destacada ausencia, la del anterior presidente de la Junta José María Barreda. Nos cabe la duda de si faltó por no coincidir con Cospedal o si la ausencia fue por no coincidir con Bono, que si estuvo.
Volviendo al apartado de los reconocimientos, todos merecidos, quiero tener un recuerdo especial para dos de los colectivos homenajeados: Caritas y los familiares de los fallecidos en el incendio de Guadalajara. Hoy que la Iglesia vuelve a estar en tela de juicio y atacada en base a no sé que intento de rédito electoral por parte de la izquierda. Hoy que desde tribunas públicas se pide que paguen determinados impuestos de los que están exentos, no por ser Iglesia Católica, sino por los Concordatos y leyes que afectan a todas las confesiones religiosas y entidades sin ánimo de lucro. Hoy que su labor asistencial hace que miles de personas maltratadas por la vida puedan comer. Hoy y siempre hay que agradecer la labor de la Iglesia y de asociaciones como Caritas nacidas en el seno de la misma. Pero el momento más emotivo llegó sin duda cuando los familiares de los agentes medioambientales de Cogolludo subieron a recoger su medalla. La mayoría no pudieron reprimir las lágrimas cuando todo el recinto en pie les ovacionó. Por fin obtienen el reconocimiento que algunos les intentaron escatimar en su momento.
Para la presidenta Cospedal y su gobierno fue también un día de trabajo. Su discurso, lejos de triunfalismos de otras épocas fue un canto a la esperanza y nos instó a trabajar con determinación para salir de la crisis. Por ello llegó con buenas noticias para muchos colectivos que lo están pasando mal y que reclamaban un gesto de la Administración. Antes de iniciarse el acto oficial el Consejo de Gobierno aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley de Emprendedores. Dicho reglamento establece, entre otras, ayudas directas de hasta 3.000 euros para personas que constituyan por primera vez su negocio. Ayudas para las trabajadoras autónomas embarazadas que recibirán desde el 8º mes y hasta que cumplan la baja por maternidad (24 semanas) una ayuda de 250 euros semanales (6.000 euros hasta final del periodo) para que puedan contratar a otra persona que las sustituya en el negocio. La gran novedad de estas medidas es que tienen dotación presupuestaria y se pondrán en vigor una vez que las Cortes aprueben definitivamente los presupuestos. Se acabó el tiempo en que se concedían subvenciones sin respaldo presupuestario en un ejercicio de total irresponsabilidad política.
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